Tragedia de Once: Jaime, Schiavi y Cirigliano serán indagados por supuesto fraude en los seguros del Sarmiento

La jueza federal María Servini citó a declaración indagatoria a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime y al empresario Sergio Cirigliano, en una causa que investiga una supuesta defraudación en la contratación del seguro de responsabilidad civil para el tren Sarmiento vigente al momento de la tragedia de Once.

La magistrada hizo lugar a un pedido de la fiscal del caso, María Alejandra Mángano, y ordenó la ronda de indagatorias que comenzará el 23 de noviembre a las 12 con el responsable de la ex concesionaria del Sarmiento, Trenes de Buenos Aires, Cirigliano, según la resolución a la que accedió Télam.

Schiavi fue citado para el 30 de noviembre y el detenido Jaime será trasladado a los tribunales de Retiro desde la cárcel de Ezeiza el martes 27 de febrero del año próximo, según el cronograma dispuesto por la magistrada.

Además, citó a indagatoria al ex superintendente de Seguros de la Nación, Juan Antonio Bontemopo, y al ex gerente de la CNRT Fernando Sícaro, a los ex directivos del TBA Marcelo Calderón y Jorge Alvarez, y al presidente de TBA, Carlo Ferrari.

También serán indagados integrantes del directorio de Trenes de Buenos Aires y el presidente de la empresa aseguradora Liderar, Oscar Nieves y su vicepresidente José Buccioni.

Los pedidos de indagatoria fueron hechos por la fiscal que tiene delegada la investigación por la "maniobra defraudatoria" que afectó al Estado Nacional y a las víctimas del choque de la formación del ferrocarril Sarmiento del 22 de febrero de 2012, a la hora de reclamar indemnizaciones.

También, afectó a víctimas de otros accidentes ferroviarios en las líneas concesionadas durante los ocho años en que estuvo vigente la póliza cuestionada.

"Se incumplió deliberadamente con las obligaciones asumidas con el Estado Nacional a través de la legislación de la concesión y, concretamente, se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado a partir de la suscripción de una póliza de seguro aparente que permitió frustrar los derechos de reparación de los civilmente afectados por distintos episodios dañosos, en particular pero no exclusivamente del choque registrado en la estación Once de la línea Sarmiento el 22 de febrero de 2012", sostuvo la fiscalía al reclamar las citaciones.

La maniobra "no hubiera sido posible sin la connivencia de los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento del contrato", agregó la fiscal en referencia a la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La empresa TBA estaba obligada a contratar un seguro de responsabilidad civil "por el equivalente en moneda argentina a dos millones de dólares" por siniestro durante la concesión.

Pero la concesionaria contrató para el Sarmiento, el Mitre y Ferrocarriles Metropolitanos una póliza por dos millones de pesos a través de la compañía Liderar, "con una franquicia por evento de 1.800.000 pesos".

"La suma asegurada fue disminuida considerablemente, ya que, teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente a esa fecha, el monto asegurado debió ser prácticamente duplicado", advirtió la fiscal en base a una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en el 2016.

Esa póliza empezó a regir desde el 22 de abril de 2004 y fue renovada hasta la tragedia del tren de Once.

"Las condiciones se mantuvieron incólumes hasta el 2012 en lo relativo a la suma asegurada y la franquicia a cargo del contratante, y tornaron en aparente y meramente formal el requisito de contar con una póliza de seguro por una suma asegurada, mínima, del equivalente en moneda nacional de dos millones de dólares", se agregó en la acusación.

De esta manera, los imputados actuaron "desvirtuando maliciosamente la esencia del seguro, tal como en efecto sucedió, frustrando las expectativas de cobro de los damnificados".

Tras la tragedia del tren de Once del 22 de febrero de 2012 que causó 51 muertos, entre ellos una embarazada y más de 700 heridos, se presentaron 800 demandas civiles contra TBA y subsidiariamente el Estado Nacional.

"Frente a los reclamos TBA efectuó un pago por consignación de 2 millones de pesos para cubrir la totalidad del evento, de cara a un reembolso de 200.000 pesos a cargo de Liderar, cifra completamente exigua y alejada del mínimo legalmente establecido en la concesión", advirtió la fiscalía.

La maniobra "fue avalada por la ausencia de control de los diferentes agentes estatales y culminó en un perjuicio al Estado Nacional y a las victimas", sostuvo además Mángano porque las demandas "tramitan contra empresas que eran, desde el inicio, específicamente insolventes para cubrir un episodio como Once".

Esas maniobras "no fueron controladas ni sancionadas por los organismos estatales que debían fiscalizar a la empresa concesionada", con lo cual hubo una defraudación de intereses del Estado Nacional a través de un contrato que rigió entre 2004 y 2012, y que fue sólo "aparente" y basado en el "ánimo de lucro" de la concesionaria TBA.

Después de la tragedia de Once, la Superintendencia de Seguros advirtió que Liderar "poseía pólizas de responsabilidad no autorizadas".

Cirigliano, Jaime y Schiavi fueron condenados a penas de cumplimiento efectivo por la tragedia de Once en el primer juicio oral y público por esa tragedia, cuyo veredicto está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación.

Los tres están excarcelados salvo Jaime, detenido en otras causas por corrupción durante su gestión al frente de la Secretaría de Transporte en el kirchnerismo.