El futuro miserable que le espera a Sheila

Cuando algo sale mal, hay que tener cuidado de que no se ponga peor. Y ese parece ser el futuro de Sheila, hermana de Caterina, la nena de tres años que murió por los golpes y vejaciones que le habrían dado su madre y su padrastro. 

Sheila, de 7 años, está internada hace dos semanas en el hospital Notti por diversas heridas derivadas de los golpes que recibía en su casa. A pesar de eso, todos los mecanismos fallaron para salvar a su hermana de la muerte que finalmente logró la detención de su progenitora y el padrastro.

Y, a pesar de que la abuela aseguró que venía pidiendo la custodia de las niñas, desde el OAL confirmaron que la hermana sobreviviente irá a uno de los hogares de Dinaf cuando sea dada de alta del hospital.

El Estado llama a esto "medida de protección". Alberga en distintas casas repartidas entre los departamentos de la provincia a los niños que por orden de la justicia son separados de su entorno familiar.

Allí se supone que los chicos son cuidados mientras se decide si pueden ser adoptados o si vuelven con su familia o algún otro pariente. Se supone que los cuidan, pero la realidad parece estar lejos de eso. 

Según diversos cuidadores y ex cuidadores que fueron entrevistados por el Post, los derechos del niño son avasallados constantemente en el sistema de cuidado estatal: en muchos casos no se les brinda seguridad, ni contención, ni actividades, ni médicos (salvo en alguna urgencia), ni ayuda escolar. Tampoco se los escucha, se los separa de los hermanos, se les quita todo lo que sea de su propiedad “porque ahí todo es de todos” y se los disciplina con métodos poco aceptables, además de mantener a los más “problemáticos” medicados.

Los distintos relatos dan cuenta de que Dinaf les brinda muy poca o casi nula contención ni ayuda para poder afrontar sus propias situaciones. “Los jueces los tiran en los hogares y después se olvidan”, aseguran.  Hay que recordar que estos chicos no cometieron ninguna clase de delito sino que, por el contrario, suelen ser víctimas ya sea de abusos sexuales, violaciones, maltrato intrafamiliar o son hijos de femicidas.

¿Contienen o cumplen horas?

Según Belén Canafoglia, directora de Hogares de Dinaf, los psicólogos de esa dirección dedican 24 horas semanales al trabajo directo con los niños. Pero los empleados aseguran que esas horas son mensuales y que “se las reparten como quieren” entonces terminan haciendo trabajo administrativo en lugar de atender a los chicos.

A esto se suma que el personal que está al cuidado de los chicos no recibe ninguna capacitación que los prepare para ayudar a niños con secuelas de violencia, o con síndrome de abstinencia por drogas, ni ninguna de sus frecuentes situaciones. Tampoco tienen acceso a los expedientes y en la mayoría de los casos no pueden contener a los niños porque ni siquiera tienen la información necesaria para poder ayudarlos.

Canafoglia reconoció al Post que a las cuidadoras de los hogares sólo se les exige secundario completo.  

“Una vez vi cómo en la enfermería le hacían tragar por la fuerza la medicación de emergencia (contra el VIH) a una nena que había sido violada. La nena tenía cinco años y la sujetaban por los brazos mientras otra le abría la boca y le gritaba ¡Tragá, tragá!” contó uno de los antiguos trabajadores.

El hermano y la hijita de Ayelen Arroyo, la adolescente cuyo padre asesinó a cuchillazos en setiembre de 2016, fueron a parar a uno de esos hogares. Una amiga de Ayelén,  quien iba a ser la madrina de la beba, nunca pudo verlos y denunció que al hermano nunca le dieron asistencia psicológica.

¿Protección de derechos?

“Muchos de los derechos de los niños son avasallados por el sistema judicial y por el estado”, dicen los que conocen de cerca cómo funciona Dinaf.

Está claro que los niños son enviados allí para su guarda temporaria, pero funciona como una cárcel, no sólo porque no tienen la libertad de irse, sino que además, su vida es lo más parecido a la de un preso, con horarios rígidos y rutinas que se deben acatar. 

Si bien dicen que desde que asumió Alfredo Cornejo como gobernador se han hecho algunas mejoras, como abrir más hogares para achicar los grupos, también dicen que sigue faltando personal para atenderlos. Y el régimen es necesario para mantener la disciplina. 

¿Cuál es entonces el derecho a crecer física, mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y dignidad?

“En algunos hogares cuando los chicos se portan mal se los baña con agua fría no importa si es verano o invierno” aseguraron algunos de los trabajadores.

También confiaron al Post que, en muchos casos a los chicos se los medica para que se tranquilicen. Algo que fue negado por las autoridades pero que, luego de que varios chicos se intoxicaran y se confirmara que era por ingerir antidepresivos, quedó claro que tienen acceso a fuertes remedios.

Ver también: "Los niños tomaron antidepresivos"

La directora de Hogares aseguró que los medicamentos están bajo llave y que son controlados por el psiquiatra, pero desde adentro relataron que, antes de que se registrara la intoxicación de los niños, las cuidadoras tenían los remedios arriba de la heladera. “Ahora sí, los guardan con llave pero no es cierto que se controle si las cuidadoras o las regentes les dan más o menos pastillas a un chico”, aseguraron.

No es cárcel, pero huyen

Desde hace varios años, los distintos hogares que antes funcionaban en el predio de la calle Armani de Godoy Cruz fueron trasladados a distintas casas que el gobierno alquila para tal fin.

Y aunque no les guste aceptarlo, sí funcionan como cárceles. Los chicos no tienen derecho a salir, las visitas debe ser aprobadas por el equipo técnico (ese que casi no los ve), se separa a los hermanos “pero hay reuniones de vinculación” según aseguró Canafoglia, y no reciben contención.

Entonces terminan huyendo y volviendo a las casas de donde algún juez los sacó porque allí lo maltrataban.

Y el juez interviene de nuevo, y lo envía de nuevo a Dinaf.

Mientras tanto, ninguno de esos jueces, ni ninguna organización de Derechos Humanos, ni  Xumec, ni la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ni los legisladores, ni la Comisión Interamericana que tanto ha multado a la provincia por el maltrato a los presos, ha dado una vuelta por estos lugares, ni hablado con sus empleados, ni mirado de cerca a estos chicos.

Son víctimas de la violencia de la familia, del sistema judicial y de la sociedad entera. Ese es el futuro que le espera a Sheila mientras nadie se ocupe de revisar cómo funcionan estos "hogares".