El jury, una chastrinada

El Jury de Enjuiciamiento de Mendoza vivió este jueves una jornada penosa, en que la Constitución, las leyes, y hasta el sentido común quedaron subordinados a odios personales, “facturas” pendientes entre miembros de la Corte y del Ministerio Público, especulaciones políticas, y apurones.

La primera experiencia de “sanciones intermedias” para un fiscal sometido a un tribunal de enjuiciamiento, resultó un papelón del que casi nadie sale indemne, aunque todos hayan decidido extender un manto de piedad y firmar la suspensión de cuatro meses sin goce de haberes para el fiscal Fabricio Sidoti. Estaba acusado por el gobierno de Mendoza, de haber hecho un proceso defectuoso tras la denuncia de Ayelén. La chica fue a denunciar a su padre, quien después la mató por venganza. Fue uno de los femicidios más impactantes y dolorosos del año pasado. Porque se podía evitar. Sidoti no detuvo al padre de Ayelén, aunque tenía la facultad de hacerlo, y por eso lo estaban juzgando, aunque el Jury se terminó pareciendo a una parodia.

Todas las fuentes consultadas, en la UCR, el PJ, la Corte y el Ministerio Público coinciden en que el proceso de ayer terminó siendo de “irregular” a “raro”, aunque todos lo firmaron para dar un “cierre” al Caso Sidoti, pobre, que deberá pedir ayuda a la caridad para sostener a su familia durante cuatro meses, de los que le quedan cumplir dos.

Hay un encono profundo, soterrado, enorme, entre el juez de la Suprema Corte de Justicia Alejandro Pérez Hualde, y el Procurador General Alejandro Gullé, aunque aún no se han quitado el saludo. Y ello se notó en el Jury a Sidoti. No había forma que los ministros Pérez Hualde y Julio Gómez aceptaran la propuesta de acuerdo y juicio abreviado al fiscal con dos meses y medio de suspensión que Gullé había acordado, no por el monto de la “pena”, sino porque decían que no cabía aplicar el juicio abreviado al Jury. 

La discusión duró horas. “Se pudre todo…” “Se corta”, eran las expresiones que salían ayer de la sala de reuniones, a cuenta gotas. “Se lo quieren comer a Gullé” dijo un integrante peronista del Jury. “No es cierto… pasa que en la Corte estaban divididos por esto… y de todos modos, si no éramos muchos para bancar el acuerdo, nosotros tampoco lo firmábamos” se sinceró un radical, del mismo cuerpo. Otro fue más crítico. “Creí que en un momento teníamos que ir todos presos. Esto era la Jaula de las Locas” graficó.

La sucesión fue penosa. En las varias horas de debate, finalmente terminaron rechazando el acuerdo, pero ello nunca se votó. Alguien lo convenció a Sidoti de “desistir” del juicio abreviado. Pero nada volvió a “fojas cero”, a lo Macri. Y ni Sidoti ni Gullé presentaron nuevas pruebas. En el gobierno empezaron a transmitir la idea de que era el radicalismo el que rechazaba el acuerdo, y que se juzgaría a Sidoti en la misma y extenuante jornada. ¿Cómo? ¿Y quién presenta las pruebas nuevas? ¿Y la acusación formal? ¿Y plazo para que Sidoti preparase una defensa? Incomprensible. Salvo, que todos hayan sentido en la "nuca" cierta presión social, o la bronca de los fiscales alineados todos, o casi todos, con Sidoti. 

Los tironeos fueron tremendos entre la Corte, los legisladores, el Procurador -quien legalmente es el acusador-, y el gobierno. Luego los llamaron a Gullé y a Sidoti a notificarse de la “no aceptación del acuerdo”, lo que no sucedió, y directamente les comunicaron la sanción. Hubo un juez de la Corte que le dijo a alguno de sus pares “No tenés idea de lo que estás diciendo. La falta de conocimiento es alarmante” aunque no se sabe si esta frase fue proferida en el recinto o después de convalidar la chastrinada. “Lo que hicimos, fue una especie de ‘juicio abreviado’ que no está regulado, pero lo hicimos nosotros, y le dimos 4 meses porque nos pareció una sanción mejor” dijo un legislador.

Finalmente, todos firmaron y convalidaron el papelón, y del mismo modo, coincidieron en que la ley de Jury, modificada en diciembre para introducir las sanciones “intermedias” entre el archivo y la destitución, debe ser nuevamente revisada y ampliada para reglamentar todos los agujeros negros que aparecieron en este Jury. Mientras tanto, “firmamos lo que pudimos, porque se caía todo…” como dijo un legislador.

Ojalá que lo hagan pronto, porque el Jury a Sidoti no resistiría el escrutinio serio de estudiantes de derecho.

El gobierno, a su vez, debe tomar nota. El apuro en sacar leyes que son populares o le caen bien a la gente, porque movilizan a la justicia a trabajar, tiene el costado que se vio aquí: una ley incompleta es una mala ley. Y ese costo político es del Poder Ejecutivo.

Una última reflexión: Cuatro meses de “pena” por una muerte, es lo mismo que decir “lo salvaron” a pesar de que Sidoti se había declarado culpable para aceptar la condena corta. La va a pasar mal, pero en dos meses volverá a trabajar, algo que no podemos decir de Ayelén Arroyo.

Si la sanción a Sidoti es la medida de las “sanciones intermedias”, a la fiscal penal de menores Valeria Ponce - investigada por robar un celular y que cobra medio sueldo sin ir a trabajar desde hace siete años- que le den un iPhone 7 y le devuelvan su oficina, y a la fiscal viajera Anabel Orozco, podríamos pagarle una excursión a cuenta de todos los mendocinos.

Y que “Viva La Pepa”.