Revés para un gobierno que prometió cambiar la cultura democrática - Mendoza Post
Miércoles 15 Feb 2017
porAleardo F. Laría (*)

Gran parte del electorado que votó a Mauricio Macri lo percibió como el gran modernizador de la Argentina, el hombre que venía a remover los malos hábitos que había implantado la última versión del populismo peronista.

Se suponía que el nuevo espacio llegaba para recuperar el respeto por aquellos principios republicanos que respaldan el apego por la legalidad, la independencia del Poder Judicial, la construcción de un Estado profesionalizado y meritocrático y, fundamentalmente, para que éste dejara de ser considerado un bien mostrenco del que se apoderaba impunemente, para su uso, el partido que ganaba las elecciones.

En la Argentina nadie entrega un cheque en blanco y existía también, junto con la ilusión del cambio, el temor de que un gobierno de empresarios -dada la ominosa presencia de la "patria contratista" en nuestro país- pudiera tolerar el favoritismo de amigos y familiares contratistas del Estado.

El Presidente arrastraba además la sospecha de que presuntos beneficios le habían sido concedidos desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al "hermano de la vida", Nicolás Caputo. Pero, en definitiva, se depositó confianza en un gobierno que había hecho de un discurso basado en la transparencia y la ética pública, la principal bandera electoral.

Desde esta perspectiva debe analizarse la súbita irrupción del caso Correo Argentino que pone en cuestión no sólo al Presidente, sino fundamentalmente al imaginario colectivo que había confiado en que "otra Argentina era posible".

No hace falta introducirse en las anécdotas, porque cualquier persona medianamente informada percibe lo escandaloso del caso, donde tanto el Gobierno -suscribiendo un acuerdo infame- como la empresa -ocultando el inicio de acciones resarcitorias contra el Estado- han terminado enfangados. Y en ambos extremos está presente la figura presidencial.

Si estuviéramos en una democracia europea, rápidamente hubiera salido el ministro responsable del área donde se fraguó el vil acuerdo a presentar su renuncia, haciéndose cargo de toda la responsabilidad y fingiendo que el Presidente era completamente ajeno al hecho. De esta manera, se produciría un cierto control de los daños políticos. Pero, estamos en la Argentina, donde no existe la cultura de la asunción de responsabilidades, de modo que el problema se quiere resolver con tibios discursos justificativos pensados para gente estúpida, que carecen de toda capacidad para modificar el estado de consternación de la opinión pública.

Para agravar la situación, el caso Correo Argentino no es un episodio aislado, sino que se inserta en una serie de acontecimientos de los últimos días que muestra una imagen diametralmente opuesta a la ofertada.

Por una parte, están las intervenciones telefónicas a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus colaboradores, de enorme gravedad institucional. Se han querido justificar con el argumento de que fueron dispuestas por un juez, pero en esto consiste justamente la gravedad: que haya jueces que se presten a brindar cobertura a los servicios de información del Estado para sus capturas de información política.

Los argumentos del juez Lijo para justificar la obtención de datos para una causa judicial que carece de toda consistencia jurídica, son para párvulos de un jardín de infantes. Por otra parte, ahora se denuncia que hay escuchas datadas en un tiempo anterior al autorizado por el juez.

La apertura y ampliación de la famosa denuncia del fiscal Nisman por el delito de "encubrimiento" contra la ex presidenta, es otra muestra de la falta de imparcialidad de algunos fiscales. La causa está siendo fogoneada por un trama mediática-judicial-religiosa que quiere tenerla abierta eternamente, simplemente para hostigar a Cristina Kirchner, como inductora de los injustificados ataques que el gobierno anterior propinó a los dueños de algunos medios de comunicación.

Pero, la causa carece de consistencia desde que se derrumbó la viga maestra de la denuncia de Nisman que consistía en atribuir al Tratado con Irán el propósito de levantar las alertas rojas lanzadas por Interpol contra altos dirigentes del gobierno iraní.

Ahora, se ha sabido que luego de haber conseguido reabrir la causa, se modificó el sistema informático de selección de jueces para anular la designación del sistema que había recaído en Sebastián Casanello, juez que no era controlado por esta trama mediática-judicial-religiosa.

No conformes con el objetivo logrado, ahora se quiere ejercer venganza sobre el juez Rafael Rafecas, acusado de haber dictado un fallo contrario a sus aspiraciones. La circunstancia de que el fallo de Rafecas fuera confirmado por dos instancias judiciales superiores no invalida propósitos tan osados como arbitrarios. Constituye una grave conducta institucional que el Gobierno anuncie públicamente su propósito de buscar la expulsión de algunos jueces tratando de presionar al Consejo de la Magistratura. El órgano que ejercer el control sobre la labor de los jueces, debe manejarse con independencia del poder político e iniciar investigaciones sobre la conducta personal de los jueces cuando tenga indicios o evidencias de que se han cometido irregularidades administrativas graves o se han dejado corromper.

Nunca el contenido de una sentencia bien razonada, confirmada en alzada, puede dar lugar a investigación alguna. Se condiciona la independencia del Poder Judicial cuando se instala la idea de que cada juez que dicte un fallo contrario al deseo del Gobierno puede perder su puesto de trabajo.

La sobreactuación de algunos fiscales, que buscan un unicornio azul, son políticamente muy peligrosas y un arma de doble filo. Margarita Stolbizer utilizó el duro y seco lenguaje del soldado para enviar un mensaje bien claro durante un encuentro partidario en Chascomús: "terminemos con el gorilismo antiperonista", pidió. Es pronto para saber si estamos ante el "eterno retorno de lo mismo" que presagiaba Giambattista Vico, pero se registran señales peligrosas. El principal perjudicado por esta reaparición de los viejos fantasmas puede ser el propio gobierno que prometió a los ciudadanos un cambio en nuestra deplorable cultura democrática.

(*) Especial para Mendoza Post