El caso del Correo, una bomba politica que el gobierno no supo manejar - Mendoza Post
Domingo 12 Feb 2017
porHugo E. Grimaldi (*)

Los gurúes que estudian la opinión pública a su alrededor ya le deben estar taladrando los oídos a Mauricio Macri, diciéndole que el caso del arreglo judicial que hizo el Estado que él administra con la empresa de su familia que explotaba el Correo Argentino hasta 2001, que una fiscal de Cámara calificó como "ruinoso", no afecta o sí afecta su imagen o quizás la intención de voto. Sin embargo, su responsabilidad institucional excede ese marco de laboratorio, banal si se quiere.

Si bien desde el Gobierno buscan detener cualquier involución soplando al oído de los periodistas que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin es "amiga personal y discípula de la procuradora (Alejandra) Gils Carbó" o afirmando que "el Presidente no sabía nada de esto", todo esto suena a pobres excusas para salvarlo del incendio.

Lo más concreto es que ahora Macri sí lo sabe y la sensación es que debería actuar de modo contundente al respecto, ya que el juego del deterioro está en marcha y que sólo de él dependerá hacer la crucial movida que evite que, en desventaja posicional, las próximas le signifiquen sucesivos jaques y pérdidas de piezas, algunas vitales para seguir en carrera. Ahora, le llegó el momento al Presidente de jugársela por las instituciones que dice querer reconstruir y dejar las encuestas de lado.

Esto que sucedió durante la última semana, aunque es una cuestión que viene de junio del año pasado, más que un problema de origen comercial-legal que le explotó políticamente en las manos a Macri con esquirlas todavía insospechadas, es la punta del iceberg de una grave cuestión institucional que, además, debería significarle un problema de conciencia.

Además, con la aceptación de un acuerdo concursal con la empresa que es de la familia Macri sin ponerse a ponderar las circunstancias morales de la situación, el Gobierno cometió un garrafal error político que horada buena parte de la base electoral de Cambiemos, desliz que le puede bajar las defensas a muchos votantes.

Cuando se conoció el dictamen de la fiscal, el Gobierno tardó 48 horas en reaccionar, como si fuera incapaz de anticiparse a la jugada y así terminó de empastar su primera macana y, tal como le ocurrió en otras cuestiones, sólo balbuceó respuestas que confundieron más aún. Lo que indican los hechos es que, basado en situaciones incontrastables en las que se metió solo, el Gobierno se comió una operación de manipulación de cifras y de desgaste político que no supo prever.

La fiscal sostuvo en el dictamen que elevó a la Cámara pidiendo su rechazo que la propuesta para cancelar una deuda de 296,2 millones de pesos del año 2001 que hizo la empresa Correo Argentino y a la "que presó conformidad" un "funcionario incompetente" del ministerio de Comunicaciones, resultó ser "abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional", ya que por su "insignificancia equivale a una condonación".

Según abogados expertos en concursos y quiebras, hasta estas manifestaciones la posición del Ministerio Público suena "más que consistente", ya que los fiscales tienen que exponer siempre la postura más exigente posible, debido a que la Ley los pone como custodios del patrimonio de los ciudadanos. Donde aparecen ciertos reparos de los profesionales es en los cálculos del perjuicio y en la mezcla de conceptos tal como le llegaron a la opinión pública, situación que tampoco el Gobierno supo cómo contrarrestar.

Primero, porque faltó aclarar que, según la Ley de Quiebras que se reformuló después de la crisis que terminó con la convertibilidad, los pasivos en los concursos preventivos se calculan a la fecha de presentación de la convocatoria y no tienen ningún ajuste, aunque sí pueden contener intereses que partan de aquella cifra. En ese aspecto, la situación de "eterno concurso" que denuncia la fiscal como una forma de "licuación de pasivos" del Correo Argentino es una falla flagrante de la reforma de 2002 que perjudica a los acreedores y que nadie se decide a solucionar.

Y segundo, porque Boquin se cuidó mucho de mencionar en su primer escrito y en el que adjuntó las planillas como elemento extra de su dictamen, el cálculo exacto sobre el valor presente de la deuda que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI), organismo que también depende de Gils Carbó.

Esa dependencia fue la que aportó los números que se echaron a rodar tal como si ésa fuese la indexación reclamada, algo que con esta Ley no se puede hacer, en un cálculo que tampoco contempla la "pesificación" que ordenó Eduardo Duhalde, ya que toma el dólar a 1 peso en 2001 y trae esa deuda a hoy a un valor de $15,90, para llegar a los $4.277,6 millones consignados como "cálculo de valor presente del saldo de la quita", cifra a la que se suma luego una tasa activa con la que se obtienen los tan promocionados 70.163,9 millones de pesos de una eventual deuda a marzo del año 2033. Más que a esta bomba numérica, que es la que finalmente desata el escándalo político y horada a la opinión pública, es más que probable que, para fallar, los jueces de la Cámara le presten mayor atención a otros tres hechos mucho más serios que marcó la fiscal en su escrito: que el funcionario actuante era de "designación transitoria"; el irregular procedimiento de rechazo de una propuesta y la aceptación casi simultánea de otra que ella demostró con proyección de intereses -éstos sí dentro del escrito- que "el Estado aceptó una hipotética mejora de oferta" que "no fue tal".

Seguramente, los jueces también considerarán la cuestión de "Ética Pública" que la fiscal esgrimió como argumento en cuanto al conflicto de intereses que se presenta en el caso a la hora de negociar esta cuestión con la familia presidencial, surgido de la delegación que hace Macri a sus ministros. La fiscal indicó también que llegará a la Corte si es necesario.

Ante tamaño escándalo, tampoco el Presidente debería escuchar los cantos de los estrategas que le dicen que mejor es no salir a contestarle a Cristina Fernández ni en éste ni en otros temas, ya que es bueno que la ex presidenta se incendie sola y que sus argumentos suenen a victimización o a la necesidad de enchastrar a todos para tapar las decenas de causas judiciales que la aquejan a ella y a sus ex colaboradores.

Lo cierto es que la última semana también fue muy dura para el kirchnerismo, ya que padeció golpes judiciales de varios costados, rechazos de recusaciones, llamados a indagatorias, procesamientos y posibilidades concretas de elevación a juicio oral de varias causas.

Pero, además, los ex funcionarios tuvieron notoria desventaja en la guerra de las escuchas frente al macrismo que, aunque desacomodaron parcialmente al Gobierno por el lado del presidente de Boca Juniors y amigo de Macri, Daniel Angelici, operando ambiguas y reprobables propuestas futbolísticas, tuvo por el lado del gobierno anterior un correlato mucho más duro en el que quedó otra vez involucrado el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli. Tal como indicaron las transcripciones no desmentidas, ya fuera del Gobierno, en abril del año pasado, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le pidió una mano para allanar su presentación ante el juez Sebastián Casanello. Entonces, Parrilli le contestó que el magistrado era "presionable, un flojito", aunque le dijo que quien tenía relación con él era Julián Álvarez, ex secretario de Justicia quien, según se dijo en otra escucha posterior, se supo que se repartía los contactos en la Justicia con el segundo de Parrilli, Juan Martín Mena.

Ante tantos infortunios, la ex presidenta salió a denunciar que el Gobierno "pretende instalar el control social a través del miedo y la intimidación" y que, por eso, ella no iba a hacer un par de viajes al exterior: "cuando las libertades, derechos y garantías constitucionales se ven seriamente amenazadas, es necesario actuar con el mayor grado de responsabilidad política y personal", detalló Cristina en un escrito judicial. Lo cierto es que, con el caso del Correo, al kirchnerismo experto en embarrar la cancha el Gobierno le abrió más el grifo.

Sin embargo, hay mucho más que todo eso, porque si los K tuviesen razón y el Presidente no hace nada para desactivar el problema desde el costado ético, a la sociedad le volverá a quedar la sensación de que "son todos iguales".

A los ojos de una parte de la opinión pública no importa tanto saber qué canales va a usar el Gobierno para salir de tamaño pozo sino que necesita observar que es Macri mismo quien se involucra directamente para blanquear el conflicto mientras, de paso, también le brinda explicaciones a quienes lo votaron porque creyeron que todo podía ser diferente.

Más allá de la frustración de muchos, no hacerlo implicaría también una suerte de "viva la Pepa" para quienes, debajo del Presidente, confiaban en que se habían terminado los negocios apañados por el Estado. Seguramente, hubo un día bisagra así en tiempos del kirchnerismo cuando quienes estaban abajo e imaginaban que arriba ocurrían cosas sospechosas, se animaron a ir por la suya y entonces apareció la justificación moral para muchos ladrones de gallinas, incentivados por los ejemplos que creían recibir.

Podrían hacerse ahora montones de especulaciones sobre el destino judicial del arreglo (que se aprueba, que no se aprueba, que llegará a la Corte o que no), pero de tales interrogantes no se trata todo esto. Tampoco se trata de los hechos de la economía que tanto preocupan a la gente, como el empleo o la inflación, los precios transparentes, las cuotas de las tarjetas o los tironeos con la CGT. Esto va más allá de la pelea económica, del déficit fiscal, de las necesidades de financiamiento o de las inversiones que no llegan.

Y aunque desde un punto de vista pragmático, desarmar esta cuestión desde lo más alto del poder implica quizás dar alguna certidumbre más a quienes desean esperar otro poco para empezar a regar los brotes verdes que no se animan a crecer, el caso del Correo marca una clara bisagra política a resolver, en la que el Gobierno se metió solo.

Al respecto, Macri debería tomar nota de la gravedad del asunto y no barrer el problema debajo de la alfombra, sino reconocerlo ante la opinión pública y solucionarlo lo más rápidamente posible y, sobre todo, de la manera más sincera.

(*) Especial para Mendoza Post