Así es la pelea entre los colegios privados y el gobierno de Mendoza

Una dura pelea por dinero estalló entre colegios privados de Mendoza que reciben subsidios del Estado para solventar parte de su plantilla docente, de varias de estas instituciones que ven amenazada la continuidad de sus planes educativos, y de parte de los turnos en que dictan clases, a raíz de la derogación de un decreto firmado por Francisco Pérez una semana antes de irse del gobierno que posibilitaba la “extensión” automática de un beneficio que hasta diciembre de 2015 era auditado mes a mes y año a año.

En medio de esta pelea, hay una gran confusión, argumentos contrapuestos, solicitadas, y un fuerte juego de presiones de los colegios que cuentan con un fuerte poder de “lobby” sobre el gobierno nacional y sobre muchos funcionarios provinciales.

El contexto es simple: desde hace casi 20 años los sucesivos gobiernos de Mendoza han hecho “aportes” a colegios privados que no declarasen fines de lucro, pagando puntuales porcentajes de los sueldos docentes —que dicten materias de la currícula escolar— para complementar la oferta educativa de la provincia, favorecer la actividad académica en áreas en que el gobierno no enseña, y dar el servicio educativo allí donde el Estado, por la razón que fuere, no podía llegar.

El aporte de marras consistió en pagar un porcentaje de los salarios docentes de escuelas privadas que cumpliesen una serie de condiciones. En muchos casos, ese aporte fue del 100 % de los maestros afectados a la currícula escolar oficial.

Los decretos ad hoc

El subsidio a los colegios privados está reglamentado por dos decretos, el 2633 del año 2005 y el 2686 de 2012.

Ese mismo año —2012— luego de una gran polémica y aviso de “corte” del subsidio, pasó lo contrario, y muchos colegios pudieron acceder a un régimen de “excepción” que les permitía cobrar una cuota sensiblemente más alta que otros y aún recibir el subsidio siempre que el colegio tuviese una matrícula reducida, ello en función de las “características especiales que lo hicieran único en su género”, que exista “imposibilidad por parte del Estado de cubrir las necesidades específicas de ese alumnado” y que, además, dieran por lo menos el 10 % de becas.

Por caso, cada año se ha publicado una suerte de “tabla” de qué cuota los colegios podían cobrar, para acceder a la ayuda, con “rendimientos” cada 30 de junio.

Luego, el 4 de febrero de 2015 y antes de irse, el gobierno de Francisco Pérez sancionó otro decreto eliminando la obligatoriedad de presentar cierta documentación y le dio automaticidad y ajuste a favor de los colegios al aporte estatal, “lesionando la igualdad de trato entre las instituciones educativas”, dice el gobierno textualmente en otro decreto más, el 2077 de este año en el que derogaron el de Pérez, que según dijo textualmente la directora de educación privada de la provincia Beatriz Della Savia al Post, “fue confeccionado a pedido del Norbridge; ellos mismos le piden al gobernador que saquen una norma general que los comprenda”.

“Nosotros simplemente pusimos la aplicación de una normativa vigente, que no la pusimos nosotros y que nos dimos cuenta que nadie controlaba que se cumpliera”, sostiene Jaime Correas. 

Justamente el Norbridge, propiedad de la Fundación Ricart y conducido por Daniel Ricart, un conocido del ámbito educativo nacional, es el que encabeza las protestas con el cambio en el régimen de los subsidios. Hoy, La comunidad educativa del Norbridge, de varios colegios más y algunos gremios se movilizarán a efectos de entregarle al ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich la solicitada que publicaron en los medios locales, incluso en este diario. Las movilizaciones serán a la Casa de Gobierno y probablemente al Hotel Intercontinental, donde sesionará el Consejo Federal Educativo que reúne a ministros de todo el país.

¿Quién tiene razón?

Es difícil determinarlo. El gobierno quiere dar equidad a un sistema “que fue deformado por el amiguismo, el partidismo, y las ventajas particulares” dicen en la DGE. No puede ignorarse que a muchos de los colegios que reciben aporte estatal, han ido los hijos de muchos funcionarios mendocino de todos los gobiernos desde 1995 a la fecha.

En el gobierno consideran que el decreto de Pérez era una “excepción de la excepción”. De hecho, hay colegios que estaban autorizados a cobrar hasta 2.000 pesos más de cuota, que otros, para recibir el mismo subsidio. Y se llegó a una situación indefendible: colegios privados de Mendoza subsidiados por el Estado, pero que en realidad cobran a los padres de los alumnos cuotas de más de 4.000 pesos mensuales, casi lo mismo que colegios que no reciben aporte alguno, y dan mejor plan educativo.

“Lo que intentamos es dar equidad. Que haya igualdad, que no haya ventajas sólo para algunos. No se trata de quitarle al Norbridge o a los Niños Cantores sólo para ajustar o para darle a tal cual. Hoy el sistema es muy inequitativo. Y hay muchos colegios que no reciben aporte y lo necesitan, o que reciben menos, y cobran cuotas más bajas que otros que reciben el 100 % del subsidio” dicen en la DGE.

Como sea, el gobierno acaba de publicar una lista del aporte que cobrarán los colegios privados que lo pidieron en función de sus cuotas, y el Norbridge, los Niños Cantores, la Escuela Italiana y varios más no están incluidos. La Italiana “tiene dos carreas de Nivel Superior: Profesorado de Inglés y Profesorado en lengua, en ambos profesorados sí recibe aporte. Sin embargo, desde el ciclo lectivo 2017 no recibirá aporte para el Profesorado de Lengua, dado que no tienen 15 alumnos promedio por año para mantener el aporte. Sí continuará con el aporte en el Profesorado de Inglés” dijeron en la DGE. Lo del Norbridge es una incógnita. Su comunidad educativa está muy movilizada, el ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich recibió a Daniel Ricart por este tema, y el viceministro Max Gulmanelli le llamó por teléfono al titular de la DGE local Jaime Correas, planteando la preocupación.

Por supuesto, la visión de los colegios es distinta, y creen que -bajo el argumento de la equidad-, el gobierno va por el ajuste y el quite del subsidio. De hecho, la solicitada del Norbridge está titulada “Inminente desaparición de una tradicional escuela de Mendoza por quite del aporte Estatal”. Amenazan desaparecer, dejar de dar becas y de pagar sueldos a los docentes, o de tener que dar un aumento brutal en las cuotas a los padres de los alumnos del colegio. “En caso de derogación efectiva del Decreto 2572/15 y/o de disminución del aporte estatal a nuestros docentes, todo nuestro personal del Colegio Secundario quedará sin su fuente de trabajo, y todos sus alumnos sin escolaridad. Además, quedarán suprimidas 130 becas de alumnos de bajos recursos” anunciaron en una solicitada.

Los colegios

El gobierno invierte 1.895 millones al año en aportes a colegios privados. Es lógico que quieran “reordenar” el sistema, y dar el aporte a colegios que verdaderamente lo necesiten. Es muy difícil “como política de Estado” justificar “que pagamos el sueldo de maestros a colegios que cobran cuotas de más de tres mil o cuatro mil pesos, y que a fin de año se terminaron llevando al bolsillo por lo menos dos millones de pesos…” argumentan en la DGE.

Por supuesto, los colegios involucrados en la polémica desmienten todo, insisten en que se trata de instituciones sin fines de lucro, y en que han hecho prolijas rendiciones de los aportes, y cumplido con toda la reglamentación vigente.

El problema es, como se ve, muy complejo, y costará darle “equidad” sin vulnerar “derechos adquiridos”.

Lo que sigue, en el siguiente link, es el listado de colegios que reciben aporte estatal, el porcentaje de subsidio de su plantilla docente que reciben, y la cuota máxima que pueden cobrar, teniendo en cuenta la “programática” y la “extra programática”. Justamente el listado de la cuota permitida generó mucho debate en comunidades de padres, porque los colegios cobran más y la diferencia, o va “en negro”, o se factura como otros servicios, o como aportes a fundaciones, lo que forma parte de toda otra discusión que -dicen- el gobierno dará cuando superen el conflicto del aporte estatal.

Este es el listado de los colegios que reciben el subsidio, actualizado a marzo de este año.

Hay colegios como el Norbridge que reciben aporte y no están en este listado, porque requieren cada uno —ya que están en un régimen de excepción— una resolución especial distinta de la DGE.

“En el caso del Norbridge está judicializado, por lo que no haremos nada hasta que la justicia decida”, dijo una fuente de la DGE. En efecto, la Fundación Ricart presentó un amparo contra la derogación del decreto de Pérez.

Sin embargo, el tema no es tan sencillo. Como se mencionó más arriba, Della Savia, directora de Educación Privada de Mendoza, admitió que el decreto de Pérez “fue confeccionado a pedido del Norbridge”, algo que para la misma funcionaria “no es legal ni constitucional”.

-¿Por qué no sería legal el decreto?

-Porque genera con una norma que es de característica general, que es un decreto. A su vez, está reglamentando una ley nacional, no la ley provincial de Educacion. Y en segundo lugar están generando una norma para un caso en particular, con lo cual rompe la igualdad de trato hacia las instituciones.

-¿No es raro que nadie lo haya trabado judicialmente si no es legal en ese mismo momento?

-El tema es que Pérez firma ese decreto en diciembre de 2015 y le reserva un número de publicación, que sale promulgado el 7 de enero cuando ya asumió Cornejo. Si usted presta atención, en ese boletin oficial, el del 7 de enero de 2016, hay una mezcla de decretos de Pérez y de Cornejo.

-En concreto, ¿deben recibir subsidios o no los colegios como el Norbridge, el San Francisco Javier y otros?

-Yo no digo que no deben recibir subsidio, lo que cuestiono en terminos de equidad es cobrar una cuota muy superior a la media de las otras escuelas. Ahí está la inequidad. Ellos con el valor de cuota que cobran, en relación a colegios que no reciben aportes del Estado, cobran prácticamente lo mismo en lo formal, en lo que ellos blanquean.

La gestion anterior también tuvo inconvenientes con este establecimiento. Hay incluso denuncias de la Fiscalía de Estado por este tema.

-¿Entonces?

-El tema es que hay que tener voluntad política de hacer la correccion. Yo sufrí una campaña en mi contra por parte de estas instituciones por meterme en este tema.

-Hay otra cuestión, una especie de avivada por la cual los colegios les cobran a los padres parte de la cuota a través de fundaciones, para no perder los subsidios.

-Eso no es legal, el artículo 21 del decreto 2633 de 2005 específicamente dice que tienen que dar un solo recibo por toda la prestación del servicio educativo. Ellos pueden tener una fundación que de hecho el titular es la Fundación Ricart, y los padres hacer donaciones voluntarias. Pero son “voluntarias”, no que te hagan firmar un documento paralelo que te obligan a aportar.

-¿Eso no salta en las auditorías?

-Las auditorias contables, si yo no tengo las denuncias de los padres, es muy difícil hacerlas. Y los padres son reacios a denunciar por temor a represalias sobre sus hijos.

-¿Son muchos los colegios que hacen esta maniobra?

-En general las innstituciones que hacen esto son muy poquitas. Los otros casos son los del San Francisco Javier y La Merced. En realidad, son situaciones anteriores que se han detectado ahora. Hemos hecho un acuerdo para no afectar la prestación de servicio y no perjudicar a los docentes. Ellos van hacciendo una reducción gradual y les obligamos a notificar a los padres. A su vez, vamos verificando que eso se cumpla. Por ejemplo, el San Francisco Javier no deberia cobrar más esa cuota a partir de mayo.