Es una de las leyes fuertes que tendrá Cornejo este año. Los harán trabajar para solventar el sistema. Las víctimas participarán en las decisiones de libertad transitoria.
Preparan una ley de trabajo obligatorio para los presos
Si hay un asunto que ha profundizado la “grieta” entre sectores de la justicia ultra garantista, con fuerte apoyo político del kirchnerismo y de la izquierda, y el gobierno, es el tratamiento de los asuntos penales.
El año pasado, el gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar en la Legislatura, en muchos casos con acuerdos del peronismo, o por lo menos con parte, leyes que endurecieron las condiciones penales, dieron un verdadero “manual” de las prisiones preventivas a jueces y fiscales, y produjo reformas tendientes a un solo objetivo: más personas que delinquen, presas, el mayor tiempo posible. La ley de las "reiterancias" que permite considerar reincidentes a los delincuentes con varios casos pero sin sentencias, fue un avance en ese sentido.
Para ello, el gobierno ha debido lidiar con una justicia mayoritariamente lenta e indolente, con casos que fueron verdaderos escándalos. Puede que el asesinato de Ayelén Arroyo (19) a manos de su padre, lo que le costó el puesto al fiscal Fabricio Sidoti, de momento y mientras se instruye un Jury, haya sido el ícono de este dilema. O tal vez aquel caso del desarmadero donde encontraron todo tipo de artículos robados en Colonia Segovia, doscientos kilos de drogas, un pasadizo secreto, que terminó sin presos ni culpables. Resulta que eran todos buenos pibes, o perejiles.
El famoso operativo de Colonia Segovia, el año pasado.
Ahora, el caso atroz ocurrido este fin de semana, en el que el ex convicto Hernán Martín Rodríguez (26) mató a una chica de 20 años en una huida loca con un BMW robado, pondrá la lupa otra vez en los jueces de cámara y en la justicia de ejecución penal. Horacio Rodríguez llevaba una vida dedicada a robar a mano armada desde que era menor de edad.
Horacio Martín Rodríguez mató el fin de semana.
Con el kirchnerismo debilitado y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza partida en dos por la “grieta”, el gobierno prepara una ley que va a generar un debate profundo, muy fuerte, e incluso tal vez histérico: El ministro Gianni Venier y sus colaboradores trabajan en una nueva ley penitenciaria, que impondrá a los presos la obligación de trabajar para solventar el sistema que los mantiene detenidos, y también tendrán la obligación de cumplir horas de capacitación, con un sistema de calificaciones.
Los trabajos forzados para los presos fueron abolidos hace mucho, por lo que la ley tendrá atractivos para quienes son más proclives a las doctrinas “Zaffaroni” o de Omar Palermo y el garantismo mendocino: No serán técnicamente obligados a trabajar, porque habrá una opción: “Los que elijan el sistema de trabajar y capacitarse, podrán acceder a condiciones de detención mucho mejores, en módulos similares a casas prefabricadas, con mejores patios, baños particulares… Es una vida de detención mejor, a cambio de que trabajen para pagar el daño que han hecho a la sociedad” explican en el Ministerio de Seguridad. Esta ley para “que los presos trabajen” está destinada a ser más popular que el ítem aula. Los detenidos que no adscriban, seguirán en las cárceles comunes, en las condiciones que todo el mundo conoce y que son todo el tiempo observadas y sancionadas por organismos internacionales.
El ocio, la base del problema
Según entienden Venier y quienes le secundan en el armado de esta ley, el problema es el “estado de ociosidad” de los detenidos, que encima cuentan casi a demanda con celulares, drogas, armas caseras, y el contacto con el exterior que a muchos les permite seguir manejando sus negocios y relaciones afuera. “Por eso la idea es obligarlos a capacitarse y trabajar, para que paguen el mal acto que hicieron”. Al gobierno, mantener los sistemas de seguridad y penitenciario le costará este año (contando sueldos y equipamiento) unos 6.300 millones de pesos. Una parte de ese dinero es la dedicada exclusivamente al mantenimiento de los presos.
Detenidos en Boulogne Sur Mer.
“Lo que queremos, es darles algo que hacer, capacitarlos, y ayudarlos a salir mejor preparados para evitar la reincidencia” se esperanzan los hacedores de la idea. ¿Dónde trabajarían los presos? En manufacturas, ropa, carpintería, y aún obra pública, merced a acuerdos con empresas. No es tan raro. Quienes vacaciones en Chile este verano cuentan que ven a personas detenidas y bajo estricta vigilancia, trabajar en las rutas trasandinas.
El nuevo rol de las víctimas
El proyecto de ley de reforma penitenciaria le dará además un rol muy importante a la víctima, en las decisiones de ejecución penal que puedan influir en la libertad de los detenidos.
Hoy, ello no sucede. Si un juez de ejecución penal decide dar una libertad transitoria, es muy probable que las víctimas no se enteren jamás. Hay un caso reciente y doloroso: los padres de los chicos abusados por los curas pederastas en el Instituto Próvolo, se enteraron por los diarios de la decisión de darle al cura Nicolás Corradi la prisión domiciliaria.
La idea es que las víctimas participen en los legajos de libertad, y que opinen en las audiencias orales. Podrán hacerlo por sí mismos, por medio de un abogado representante, o incluso pueden elegir no participar, lo que implica una opinión. Eso quiere decir que el juez de ejecución dispuesto a dar una libertad, tendrá que respetar el derecho a la víctima a expresarse y dar su opinión”. Eso podría reducir la reincidencia, y evitar casos como el de Matías Quiroga en 2012, o como la muerte de Ayelén Mairán, de 20 años, atropellada ayer por el tal Horacio Martínez, quien vaya uno a saber por qué estaba libre desde hace unos meses.
El gobernador Cornejo inicia unos días de descanso y el 19 de este mes estará al frente de la provincia otra vez. Venier regresa hoy de Chile (fue a buscar a su familia hace dos días) y se pondrá a dar las puntadas finales de este proyecto, que tomará estado parlamentario ni bien comience a funcionar la Legislatura en febrero. Hoy, antes de irse, el gobernador se reunirá con el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino para ver en detalle otro proyecto de reforma penal, en este caso el juvenil, en pleno debate por la edad de imputabilidad de los menores. En ambos casos, estas dos leyes generarán profundos debates en la sociedad. Habrá que verlas en detalle, pero pocas cosas hay más atractivas para el ciudadano común, que el hecho de hacer trabajar a los presos. Dicho así, sin contextos, suena fuerte. Pero es interesante transformar las cárceles en organizaciones pensadas para el trabajo, y ver si así se pueden recuperar esos cientos de pibes que entran cada año, para salir y seguir robando, o matando.
Algo que lamentablemente, vemos todos los días.
