Por qué fracasó la estrategia de Macri de conceder y negociar - Mendoza Post
Miércoles 28 Dic 2016Miércoles, 28/12/16 atrás
porAleardo F. Laría (*)

En opinión de Maurice Duverger ("Introducción a la política"), desde que los hombres reflexionan sobre la labor política, han oscilado entre dos interpretaciones completamente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha por el poder, una contienda que permite asegurar la dominación de un grupo o partido sobre la sociedad, al tiempo que facilita la adquisición de ciertas ventajas económicas y simbólicas. En cambio, para otros, la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión fundamental del Estado asegurar la prevalencia del interés general y del bien común.

Situados en el terreno del devenir cotidiano, lo más probable es que siempre encontremos una combinación entre el aspecto agonal y el contenido arquitectónico de la actividad política. Desde lo axiológico, es indudable que la política intenta ampliar el grado de bienestar de la comunidad. Pero, el problema se presenta porque luego, en la práctica, las personas persiguen intereses individuales y cada uno intenta alcanzar su propia felicidad sin reparar en medios, dado que no confía o vé lejano el ideal de buena vida en común.

Francis Fukuyama, en su obra más reciente -"Orden y decadencia de la política" (Deusto)- analiza los modos a través de los cuales el Estado garantiza la prevalencia del interés general. Nos advierte que millones de ciudadanos experimentan la sensación de que la democracia, en la moderna sociedad liberal, ha quedado capturada por élites económicas y financieras capaces de vetar todo lo que perjudica a sus propios intereses.

Fukuyama denomina "vetocracia" a la nueva sociedad democrática estadounidense que visualiza en manos de grupos de presión, lobbies y grandes corporaciones que controlan el Gobierno e influyen decisivamente en una opinión pública cada vez más apática y más expuesta a ser manejada.

Para Fukuyama, una democracia digna de tal nombre necesita la presencia de tres elementos esenciales: un Estado fuerte, el imperio de la Ley y un gobierno responsable ante los ciudadanos, que eventualmente pueda ser cambiado a través de las elecciones. La ausencia de cualquiera de los tres elementos conlleva la ausencia de democracia o, en el mejor de los casos, la presencia de una democracia imperfecta. Considera que habitualmente la democracia fracasa cuando trata de imponerse sin que previamente haya consolidado un Estado fuerte y haya impuesto el imperio de la Ley. Las reflexiones de Fukuyama son oportunas a la hora de juzgar el desempeño del gobierno de Mauricio Macri, a un año de su instalación. Como es obvio, esa labor puede ser analizada desde variadas perspectivas. Pero, si optamos por hacerlo desde lo logrado en el desafío de mejorar el desempeño de nuestra democracia, tiene un peso relevante la acción realizada para imponerse a los grupos de interés que medran refugiados en cotos privados, aferrados a sus demandas corporativas.

La sensación que se tiene es que el gobierno de Macri ha preferido hacer transacciones y cesiones permanentes a favor de estos grupos, sin decidirse a librar ninguna batalla dirigida a reducir o minimizar su influencia. Se podría tomar como muestra representativa las idas y venidas con el impuesto a los ingresos de los jueces y funcionarios del Poder Judicial por el valor ejemplificativo que tiene el caso.

El resultado final es una regulación absurda que da lugar a un tratamiento desigual para nuevos y viejos funcionarios, que olvida principios básicos de derecho igualitario. En una sociedad democrática, todos los ciudadanos, sin excepción, deben contribuir con sus impuestos al sostenimiento del Estado dado que luego todos son usuarios de los servicios públicos o de las infraestructuras de comunicación o de transporte.

Otro ejemplo elocuente es la incapacidad para hacer prevalecer en la calle el respeto al derecho constitucional al libre tránsito. Un Estado no puede quedar de brazos cruzados ante las actuaciones extorsivas de los sindicatos o grupos piqueteros que pretenden obtener el reconocimiento de eventuales derechos por el método de provocar daños al resto de los ciudadanos. Es cierto que hay grupos políticos que están detrás y hostigan permanentemente a las fuerzas de orden público -como se ha visto en Jujuy- en la búsqueda de alguna víctima que les permita espiralizar luego los conflictos.

Pero, ese problema debe ser necesariamente abordado -con toda la inteligencia y prudencia que requiere el caso- porque simboliza de un modo harto elocuente la incapacidad del Estado para imponer la vigencia de la Ley.

Tampoco se notan demasiados progresos en un tema de enorme valor estratégico, como es la profesionalización del Estado. Que persista el nombramiento de familiares y amigos en puestos públicos o se postergue el establecimiento de un sistema de concurso como único modo de acceso a la función pública, es un dato desalentador.

Como recuerda también Fukuyama, la lucha contra la concepción patrimonialista del Estado la libraron los Estados Unidos en el año 1883, cuando se dictó la Ley Pendleton que reformó el servicio civil de la administración federal. Es decir, que en esta materia hay un retraso de más de 130 años.

Que el Estado no pueda imponer su autoridad para acabar con los flecos heredados por las displicentes políticas populistas que caracterizaron el devenir de la Argentina en los últimos años es un mensaje opuesto a la idea del cambio que se ha enarbolado. Nadie sería tan necio para negar las tremendas dificultades de la empresa y reconocer que el diseño institucional de ciclos electorales breves, cada dos años, no favorece la aplicación de políticas de largo plazo. Pero lo que no se puede hacer es abonarse indefinidamente al estatus quo.

Un gobierno que se niegue a librar la batalla contra el poder de las corporaciones ofrecerá siempre una imagen de debilidad. En la Argentina -un país "fuera de la ley" según la conocida caracterización de Carlos Nino- hacen falta algunos gestos simbólicos de autoridad. Como nos recuerda Fukuyama, la necesidad de un Estado que haya impuesto el imperio de la ley, no es una simple cuestión de preferencia ideológica o política. Es condición indispensable para sentar las bases de una democracia que sea reconocida como tal.

(*) Especial para Mendoza Post