El dólar, los malabarismos y la desmesura de judicializar la política cambiaria
La política cambiaria en la Argentina ha sido siempre endiablada. En una economía con una fuerte impronta inflacionaria, la tentación de utilizar el dólar como ancla para fondear las expectativas ha sido muy fuerte. En general, los resultados fueron aleatorios y se ha pagado un elevado precio por este malabarismo financiero. La moda de someter al examen penal estas políticas es otra fenomenal desmesura.
Varios diputados nacionales del Frente para la Victoria han formulado la semana pasada una denuncia penal por "administración infiel en perjuicio del Estado" contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Economía y Hacienda, Alfonso Prat Gay y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Según los denunciantes, los eventuales ilícitos "se cometieron y se siguen cometiendo en el marco de las decisiones de política económica que adopta el gobierno nacional en materia de determinación del tipo de cambio, que están generando ruinosas consecuencias para la economía nacional y particularmente el erario público".
Los denunciantes aclaran que "no pretenden criminalizar la gestión de un gobierno elegido democráticamente", sino enjuiciar sólo un aspecto particular de esa labor. Señalan que la misma conducta que le atribuyen al gobierno de Macri ya habría sido considerada delictiva en la causa que se sigue contra la ex presidenta Cristina Fernández, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros ex funcionarios, en el Juzgado en lo Criminal Federal N° 11 a cargo del juez del juez Claudio Bonadio, investigación ratificada por una decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.
En la causa que lleva Bonadio se acusa a la ex presidenta y al resto de implicados de "formar parte de un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter político y técnico/administrativas, en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos, conducentes a que el BCRA... concrete operaciones... en condiciones dañosas para el erario público, ya que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar-futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional". En opinión de los denunciantes, la tesis de Bonadio afirma que se configura el delito de "administración fraudulenta en perjuicio del Estado" si se establece un tipo de cambio que no responde al valor real del dólar norteamericano que fija el mercado causando, en virtud de esa política, daños al erario público.
La denuncia actual, en espejo a la anterior, no pivotea sobre la venta de dólar-futuro sino sobre la decisión del gobierno nacional de aspirar pesos en la plaza con instrumentos más atractivos que el dólar "para mantener deliberadamente bajo el tipo de cambio". A estos efectos se han emitido letras en pesos por el BCRA (LEBAC) abonando intereses, a su juicio, muy elevados. El stock de estas letras se estimaba en 685.000 millones de pesos, facilitando una fabulosa bicicleta financiera, dado que se permite el ingreso de capitales especulativos y al retorno en plazos de 30, 60 y 90 días, aprovechando una "tasa de ganancia imposible de igualar en ningún lugar del mundo". El actual stock de LEBAC estaría generando pagos de intereses en pesos equivalentes a 1.000 millones de dólares mensuales, monto que se acelera a medida que se incrementa esa deuda.
La denuncia no sólo apunta a estos instrumentos, sino a toda la política de endeudamiento que lleva adelante el Gobierno, con emisiones de deuda en pesos por 220.496 millones que al tipo de cambio mayorista de 15,175 pesos representa unos 14.500 millones de dólares. También se colocó deuda en dólares en el mercado local por 5.915 millones de dólares y en plazas financieras del exterior se colocaron papeles de deuda para cancelar la capitulación a los fondos-buitre, los bonos para comprar cupones ligados al PIB y bonos en euros por un total de 22.080 millones de dólares.
En resumen, según los denunciantes, si para el juez Bonadío y la Sala II de la Cámara Federal las operaciones realizadas por el BCRA y el gobierno nacional de Cristina Fernández, consistentes en sostener un tipo de cambio oficial atrasado, apartado del valor de equilibrio que impone el libre mercado y por lo tanto "artificial", son crímenes en perjuicio del Estado, en la actualidad, el gobierno de Macri incurriría en el mismo delito. Así, se estaría en presencia de hechos cuya calificación legal es exactamente la misma porque, en definitiva, más allá de la diferencia de instrumentos financieros y cambiarios utilizados, las maniobras son idénticas y persiguen la misma finalidad.
El razonamiento de los diputados del Frente para la Victoria luce consistente. La semejanza entre las políticas cambiarias de uno y otro gobierno son evidentes. De modo que si se considera que son delictivas, en un Estado de derecho, debieran dar lugar a respuestas similares. Sin embargo, se puede adivinar que el propósito verdadero de la denuncia no va más allá de cuestionar, por vía del contraste irónico, la tesis del juez Bonadio, avalada por la Cámara Federal, de considerar criminales políticas que entran en el terreno de la discrecionalidad de los actos de gobierno. Los actos de gobierno pueden y deben ser sometidos a la crítica política, pero nunca debieran ser llevados a los tribunales penales. De otro modo, el derecho penal se utilizaría para inferir castigos políticos a los adversarios. Judicializar la política tiene elevados riesgos, entre ellos, que los precedentes sirvan luego para atrapar en sus redes a quienes han alentado semejantes desatinos.
(*) Especial para Mendoza Post
