Operarían mediante la emisión de facturas truchas y operación a través de empresas "fantasmas".
Fiscalía de Estado detecta a red de estafadores locales
El Fiscal de Estado subrogante, Javier Fernandez, realizó una denuncia penal contra funcionarios de la Dirección de Ganadería y distintos proveedores del Estado, quienes en asociación ilícita habrían estafado al Estado provincial durante los años 2013 y 2014 en una suma que superaría los 5,5 millones de pesos.
El modus operandi de dicha red consistía en el pago de facturas truchas emitidas por empresas fantasmas como proveedores del Estado por la prestación de servicios o bienes que nunca existieron.
Agrava la situación que los funcionarios encargados de la emisión de los cheques oficiales cobraban en el banco por ventanilla los importes, como apoderados de las empresas virtuales.
Los antecedentes
El Tribunal de Cuentas remitió a la Fiscalía de Estado el resultado de un Juicio Parcial de Cuentas efectuado a la Dirección Provincial de Ganadería, según lo estipula la ley si se detectan irregularidades.
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Entre los presuntos delitos detectados se encuentran pagos por diversa prestación de servicios a cargo de un mismo proveedor, entre las facturas se encuentran distintos servicios de Imprenta, de Albañilería, de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Servicios de Encomienda.
Durante la investigación también se detectaron diversas empresas fantasmas cuyos servicios prestados permiten sospechar de cierta irregularidad ya que se desempeñaban en todos los casos en idéntica prestación de servicio y por montos similares: encomienda, impresión, albañilería, montaje de estructura y reparación de computadoras.
Dentro de las irregularidades detectadas en las facturas de prestación de servicios no se especificaban las cantidades contratadas ni los trabajos realizados.
En las distintas rondas declaratorias tomadas a diversos proveedores, declararon no haber prestado nunca servicios a la Dirección de Ganadería, ni reconocer como propias las facturas presentadas a nombre de ellos, tanto por la numeración como por el diseño, lo que implicaría adulteración de comprobantes .
Resolución
El informe del Tribunal de Cuentas dice que el concepto pagado sin rendir, asciende aproximadamente a los 3,5 millones de pesos.
De esta manera, el Fiscal de Estado dispuso realizar la denuncia en la sede penal provincial ya que existe el grado de certeza suficiente para presumir que se estaría ante la existencia de un fraude mediante facturas apócrifas, utilizadas para obtener pagos por bienes y servicios inexistentes o duplicar pagos debidos a proveedores.
"La investigación no está terminada, sigue en curso en distintos expedientes de seguimiento y estaremos a la espera de los fallos definitivos por parte del Tribunal de Cuentas", confirmó Fernandez.
