Los fiscales de delitos complejos rompen el silencio

Hace un año, el gobernador Francisco Pérez calificó al sistema judicial mendocino de entelequia, es decir, algo irreal. Dijo también que los fiscales “tienen miedo, se pasan la pelota y nadie le pone el cascabel al gato”. La queja se la puso directamente al Procurador General Rodolfo González por las investigaciones en las causas de narcotráfico relacionadas con la banda “Los angelitos de la Yaqui” por no pasar las actuaciones de las fiscalías de Godoy Cruz a las de delios complejos. Fue tal el enojo que el procurador temió por su continuidad y al poco tiempo los fiscales y los jueces comenzaron a moverse con las pruebas que había y "La Yaqui" terminó presa.

Pero la pregunta quedó rondando ¿Es realmente cierto que en Mendoza no hay justicia? ¿Que los chorros entran por una puerta y salen por la otra? Que el delito aumenta cada año ¿es una realidad o una sensación?

Para los fiscales especiales, no. Ellos son los que dirigen las investigaciones necesarias para proponer si los acusados deben o no ir a juicio, se encargan de encontrar las pruebas que relacionen a un acusado con el crimen, que esas pruebas sean indudables y, además, suficientes. Cuando un fiscal imputa a alguien por un delito es porque, al menos, tiene una relación probada con ese hecho.

Daniel Carniello y Santiago Garay son dos de los tres fiscales especiales que tiene la primera circunscripción, es decir, Mendoza y Gran Mendoza (la tercera es Claudia Ríos quien está de licencia). Ambos opinaron que “no están tapados de trabajo” y que tienen los recursos necesarios para resolver las causas en el tiempo necesario.

"Yo no veo más delitos que en años anteriores, lo que sí veo es que son más graves" 

Carniello aclaró que, luego de la reforma judicial de 2004 – 2005, la tarea de los fiscales especiales se descomprimió. “Si vos te ponés a hacer las cuentas de cuántas unidades fiscales, cuánto personal y cuántos juzgados había antes de la reforma, vas a ver que el sistema judicial creció más del 300%, y el delito no ha crecido de esa manera. Yo no veo más delitos que en años anteriores, lo que sí veo es que son más graves, más violentos, por eso parece que son más en cantidad”.

Agregó que lo que cambió mucho fue la calidad de los delitos: “ vos antes, como fiscal, tenías que buscar el motivo. Si encontrabas el motivo tenías al autor y las pruebas. Ahora no, porque ya no hay motivos, no sólo para los homicidios porque si se ve que te matan porque sí, pero también hay otros delitos que se cometen por razones que nunca te hubieras imaginado. Entonces la investigación ya no es como era antes”.

Por su parte, Santiago Garay tampoco tuvo quejas, señaló que no le faltan recursos ni está desbordado de trabajo, aunque aceptó que “hay casos donde en algún momento te das cuenta si se va a resolver o no, porque llegaste a un punto donde ya no tenés más que investigar, pero igual nunca se deja un caso, cuando llegás a un punto muerto, yo al menos, empiezo todo de nuevo”.

Según los fiscales una causa penal puede demorar de dos a tres años para resolverse, pero el problema es que si bien se crearon más fiscalías las cámaras siguen siendo pocas y es ahí donde se estancan los juicios. “A veces se puede atrasar por cosas ridículas como que no tenés sala de audiencias y entonces hay que esperar” señaló Carniello.

Los fiscales especiales, o de delitos complejos, no reciben, como uno creería, únicamente delitos complejos. También están a cargo de investigar, por ejemplo, el robo de autos. El resto de sus delitos complejos son, más que nada, casos mediáticos, resonantes, y otros con cierta complejidad. Pero no hay un criterio específico para que la investigación de un delito caiga en las fiscalías especiales. Eso es decisión del procurador.

El fiscal Carniello, sin embargo, desestimó que el hecho de tener que ocuparse del robo de autos le quite tiempo para otras causas más importantes. Al contrario, aseguró que es mejor que ese delito esté centralizado allí “porque a vos antes te robaban el auto en Maipú, y aparecía dos días después en Guaymallén y ni te enterabas, y después era un tema de circunscripciones. Ahora eso es mucho más rápido y además permite encontrar bandas o personas que se dedican a eso. Porque ves un expediente donde dice que el ladrón tenía una gorra roja, por ejemplo, y después ves que hay otros autos que se robó un tipo de gorra roja, y que justamente todos esos autos robados estaban más o menos en la misma zona. Eso antes no lo podías hacer, porque estaba todo disperso”.

"La gente te denuncia cosas, pero después cuando querés investigar, nadie vio nada ni sabe nada" 

“Las causas salen mucho más rápido que antes, al menos las penales, claro que hay puntos a arreglar, pero en general la justicia es bastante rápida”, confió Carniello.

De todos modos no negó que hay casos donde se puede apreciar que la Justicia falla y aclaró que “a veces te encontrás con un miedo exagerado,  la gente te denuncia cosas, pero después cuando querés investigar, nadie vio nada ni sabe nada . Y no te hablo de casos donde haya funcionarios o gente pesada metida, es en general ese miedo”.

Tampoco cree que haya mafias que operan en Mendoza: “No creo en las grandes conspiraciones, si acá no se ponen de acuerdo tres tipos en un café, es muy difícil armar una conspiración. Lo que sí hay son kiosquitos que parecen mafiosos, pero cuando investigás, no son tan poderosos”.

Por su lado, Garay encuentra otra traba a la hora de investigar: las denuncias “de oído”. Desde la Trafic blanca que supuestamente secuestra chicas, hasta la denuncia de una red de trata con connivencia del Estado provincial que serían los secuestradores de Johana Chacón. Esta última denuncia, hecha por el diputado nacional Nicolás del Caño en un discurso de campaña.

“Yo lo vi a Del Caño denunciando eso y obviamente lo cité a declarar, a ver qué punta me podía dar para seguir la investigación. No tenía nada, no tenía ni un nombre, ni una prueba, nada. Dijo que él había dicho eso porque era lo que decía todo el mundo, pero no aportó ninguna prueba”, aportó Garay.

No hizo falta que explicara las razones que llevaron a Del Caño a hacer una grandilocuente denuncia sin ninguna prueba. No es ni el primero ni el único político que utiliza tragedias para hacer campaña.

Condenas no ejemplares

“El caso de Johana Chacón no es un caso de trata. No hay un solo indicio que me lleve por ese camino, pero mientras no haya cuerpo, yo no puedo ir a decirles a quienes insisten con esa teoría que no lo hagan más”, lamentó Garay.

Lo mismo sucede con Soledad Olivera, pero en ese caso, Garay logró imputar a Mariano Luque, cuñado de Johana Chacón y a quien también tiene de sospechoso en la desaparición de la niña.

"El caso de Johana Chacón no es un caso de trata. No hay un solo indicio que me lleve por ese camino" 

“El tema es que sin el cuerpo, a Luque lo imputo de privación ilegítima de la libertad agravado por el tiempo que lleva, es un delito con una pena de dos a seis años. Le van a dar una pena mínima porque en la Argentina no existe el delito de desaparición de personas”, sorprendió el fiscal.

Es que en los casos de la dictadura, las imputaciones y condenas se pudieron hacer porque el delito está cometido por un aparato estatal creado para tal fin, pero sin la intervención del estado, la desaparición no está tipificada como delito.

Otro caso emblemático para Garay es el de Micaela Reina (foto), una nena de 12 años que fue encontrada violada y asesinada en una bodega abandonada de Guaymallén.

Un caso por demás, ya que hubo dos juicios con distintos imputados: en el primer juicio, dos años después, se condenó al padre biológico de la nena por privación de la libertad, mientras que se dejó libre a un indigente acusado de la violación (a pesar de que una muestra de ADN encontrada en la bombacha de la nena correspondió al semen del indigente). Al padre de Micaela le dieron 6 años de prisión, pero meses después, la Suprema Corte provincial anuló el fallo y le subió la condena a 15 años. Está prófugo.

El otro juicio lo instruyó Garay e imputó a la madre y a la pareja de Micaela. El fiscal no duda de que éste último violó y mató a la nena, pero en noviembre pasado ambos fueron absueltos.

Garay no leyó el por qué de esa decisión. “Si me tomo a pecho los casos me vuelvo loco, yo hice mi investigación y elevé a juicio, lo que pase después ya no me compete”, cerró.

La mano política en la Justicia

A diferencia de Carniello, que opinó que en la justicia mendocina no hay “intocables”, Garay aseguró que, en algunos casos sí. 

“No es que haya personas intocables, pero hay un armado político en los temas de sobreprecios. El sobreprecio en publicidad es el negocio más lucrativo del Estado, porque la Ley de contabilidad provincial no establece la obligatoriedad de licitar cuestiones de publicidad y tampoco establece un tope. Y esos gastos descontrolados están acordados políticamente porque eso beneficia a todos los partidos. Además es algo de lo que los medios tampoco hablan porque a ninguno le conviene que exista un control sobre las pautas”, agregó el fiscal.

Las garantías y los derechos de los delincuentes

“La gente quiere que vayan todos presos",  protestó Carniello, "pero eso siempre va a depender de qué lado esté, y l ajusticia no tiene un lado. Eso se ve clarísimo en un choque con muertos: si estás del lado de los muertos vas a querer que el que chocó vaya preso, pero si el que chocó es tu hermano o tu sobrino vas a decir que fue un error terrible, pero que el pibe no es un asesino. La justicia tiene que ver esas cosas también. La cárcel no es un sinónimo de justicia”.

"Los argentinos tenemos una Constitución de primer mundo"

Y agregó: “La gente se queja de las garantías procesales, pero lo que no ve, es que esas garantías no están puestas para los malos, están para los buenos, para que a los buenos no les hagan una cama”.

Por su parte, Garay afirmó que “los argentinos tenemos una Constitución de primer mundo, súper progresista en cuanto a los derechos, pero parece que no queremos usarla, entonces, si no queremos respetar esos derechos sincerémonos y cambiémosla y vivamos en una sociedad vigilada como la de Estados Unidos. Acá, cuando decimos que alguien es inocente hasta que se demuestra lo contrario, estamos eliminando el prejuicio y elevando a juicio con pruebas. Eso es justicia”.

Lo cierto es que la aplicación de la ley está plagada de maniobras que demoran el proceso. Carniello acepta que antes de la reforma una citación a juicio tenía cinco hojas y ahora tiene más de 45. Hay demoras provocadas por interpretación de palabras: por ejemplo, si se pide una “pericia psicológica” o un “examen psicológico”, ya que la primera se considera una prueba y hay que llamar a ambas partes y a peritos y en el segundo caso no.

El problema reside en que nadie se ocupa de hacer un listado de todas estas pequeñas falencias que tiene el Código Procesal Penal algo que debería hacer el Poder Judicial, para que el Poder Legislativo haga los cambios necesarios. Ante la pregunta de por qué nadie se ocupa de esto, los fiscales se quedan sin respuesta.