Mano "justa", ya

Desde que Alfredo Cornejo es gobernador, en la Legislatura de Mendoza se aprobaron por lo menos ocho proyectos que fueron pensados, diseñados y puestos en marcha con la idea de dar celeridad, eficiencia, y eficacia a la justicia. Con un objetivo simple: que los delincuentes, estén presos.

No se trata de “humo”, para expresarlo en idioma llano. El gobierno ha entendido que la inseguridad es el principal problema de la población. Y de la mano de aquel, la injusticia. Los jueces están en el centro de la crítica pública por fallos que en ocasiones resultan incomprensibles. 

La justicia debe ser -especialmente- sentido común.

Durante muchos años, y muy claramente en el gobierno anterior, se fue instalando una idea indulgente del delito, y de las penas que deben recibir, porque así lo dicen las leyes, las personas que delinquen. Los delincuentes, para expresarlo con mayor claridad. Ello derivó en una justicia que poco a poco se fue volviendo abolicionista. Es más rápido, más fácil, y genera menos quejas, dejar libre a un delincuente, que tomarse el trabajo de meterlo preso.

Estas percepciones de “injusticia” e “inseguridad” tienen sustento. La consultora Martha Reale lo expresa con claridad. “Es muy fluctuante, pero cuando la inflación está más o menos estable, la preocupación gira hacia la inseguridad. Lo novedoso es que la gente no culpa a un gobierno en particular. Hay mucho enojo con los jueces. La ‘puerta giratoria’ enfurece a la población… y eso incide en las mediciones” dice. La empresa de Reale tiene mediciones de agosto y trabaja en las de setiembre, en la que los apuntados son los jueces. Una encuesta nacional de Management & FIT, pocas semanas atrás, dio un resultado parecido en una encuesta nacional.

El garantismo ideológico instalado con fuerza durante el gobierno anterior, aumentó la enorme crisis de impunidad que existe. Y es allí donde anida el huevo de la serpiente de la inseguridad. La “puerta giratoria”, los delincuentes que entran y salen en ocasiones sin siquiera ser indagados. En Mendoza, donde rige un sistema acusatorio, los jueces “garantistas plus” no son el único problema. Hoy existen al menos media docena de fiscales que no aplican las nuevas leyes, especialmente la de “reiterancia” que da más armas para dictar prisión preventiva a las personas con abundantes antecedentes penales y repetición de delitos. Es decir, tenemos algunos fiscales que mandan a los delincuentes a la calle y jueces de garantías que se lo permiten.

No queremos caer en el falso debate de “garantismo” versus “mano dura”. La justicia debe ser “justa” y debe proteger a las personas, de otras semejantes que roban, matan, violan, destruyen. Todos debemos ser garantistas y cumplir los preceptos de la Constitución. Pero muchos jueces se pasaron del límite, al hacer incluso interpretaciones insólitas de las penas que deben aplicar, con tal de no mandar a alguien a la cárcel. Parece que es “cool” y “progresista” el que los delincuentes no vayan presos. Y además, aún tenemos frescos los recuerdos del “Vatayón Militante” de los que quedaron del lado de adentro de las rejas. Hubo un uso político escandaloso y una negación sistemática de la inseguridad. Y jueces y fiscales justos que defendieron los derechos de las personas inocentes, fueron incendiados en la hoguera de la ideología por su dureza en los fallos.

Es claro que las personas que delinquen tienen derechos. Pero deben pagar su deuda con la sociedad y cumplir las penas que la justicie dicte.

En Mendoza, hoy hay un problema mayúsculo, donde inseguridad e injusticia van de la mano, con una Suprema Corte de Justicia que no se erige realmente como un órgano superior que dicte jurisprudencia y oriente a los jueces. Más bien, hay magistrados que responden a su historia previa, o a cuestiones políticas, o aún a enconos personales. En el medio de eso, el juez Omar Palermo, un magistrado brillante conocido por su excelencia académica y la pureza de sus fallos, se ha llevado “puesta” a buena parte de la justicia mendocina con su “garantismo plus”, apoyado por un grupo de tareas judiciales eficiente, muy formado y académicamente superlativo, montado en la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial. Desde allí, las operaciones en “pinzas” sobre jueces que reciben llamados e indicaciones son constantes. Encarnan una lucha ideológica que atrasa, y que además va en contra de los intereses y los deseos de cientos de miles de personas que sólo desean vivir tranquilas, en paz, y no bajo la amenaza constante de delincuentes que todo el tiempo salen a la calle.

  Pero nadie se anima a expresarlo en voz alta.  

La inseguridad y la justicia, en Mendoza, vienen de la mano de la falta de aplicación rigurosa de las nuevas leyes. En el nuevo gobierno, se han aprobado:

Ley de eficacia penal: Es para acelerar los plazos, permite hacer notificaciones por cualquier medio electrónico, incluso WhatsApp, y se establecen audiencias orales en la etapa de investigación que antes era escrita.

Ley de causas conexas: Un solo fiscal investiga varios hechos que se le atribuyen a una misma persona, aunque el delito haya sido cometido en distintos turnos. Antes, se encargaban distintos fiscales, con el consecuente “paseo” de expedientes que podían tardar veinte días en llegar de un lado a otro.

Ley de Prisión Preventiva: Dio a los jueces y fiscales un verdadero “manual” que permite privar a un delincuente de la libertad hasta el juicio, en hechos y situaciones que antes eran dudosos.

Reiterancia: Es cuando una persona tiene varias causas abiertas, pero aún no le han dictado condena. El concepto de “reiterancia” puede ser considerado para dictar una preventiva. Antes solo se tenía en cuenta la reincidencia, cuando había causas con condena.

Código Procesal: Se aprobó una modificación muy sensible, que permite dictar cárcel si un juez cree que las víctimas y testigos están en peligro. Para “acompañar” (podría ser considerado una ironía) la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo meses atrás una acordada para que la justicia trabaje a doble turno, que no se cumple. Lo hicieron para “atajar” una medida del gobierno, pero el resultado es escaso o nulo.

Sin embargo, y a pesar de semejante artillería judicial, horas y horas de elaboración, debates, meses de trabajo, negociación con bloques de la oposición, y tras enfrentar las críticas del “garantismo plus”; durante el mes de septiembre la población carcelaria de Mendoza creció en… 5 (cinco) detenidos. Sólo cinco personas más están presas. Parece una broma macabra, pero el dato está apoyado en cifras que el gobierno ha hecho elaborar, preocupados por la falta de acción en materia de prisiones preventivas, audiencias orales, versus libertades dictadas.

760 detenidos, y sólo 5 personas más en las cárceles mendocinas.

En el mes de setiembre hubo 745 personas detenidas por distintos delitos. Por narcotráfico fueron detenidas además 28 personas, por averiguación de identidad y antecedentes otras 52, y por violación al código de faltas, 47 fueron demorados. Desde el punto de vista de la inseguridad, los delitos relevantes son robos, homicidios, asaltos, hurtos, y los relacionados al narcotráfico. Como algunos delitos son conexos, las personas efectivamente detenidas fueron unas 760 el mes pasado. No obstante, la población carcelaria creció de 4024 a 4029 personas. Sólo 5 (cinco). La “puerta giratoria” sigue girando. En el gobierno creen que no sólo hay decisiones increíbles de los jueces de garantías. Sino que hay fiscales trabajando de modo indolente.

Así, no hay sociedad que pueda convivir en paz.

El caso “estrella” de la injusticia de los últimos tiempos, fue el de la explosiva combinación entre decisiones del juez del sexto juzgado de Garantías David Mangiafico, y del juez federal Mariano Garnica. Entre ambos, pero en decisiones independientes de cada fuero, dejaron en libertad a siete personas luego de un operativo increíble en Colonia Segovia, Guaymallén, donde tras un allanamiento encontraron armas de guerra largas y cortas, municiones, armas civiles, 165 kilogramos de marihuana, abundantes electrodomésticos y autopartes robados, y una increíble celda subterránea con pasadizo ventilado y puerta-trampa que sólo se podía abrir desde adentro. Era un sitio preparado para guardar el producto de lo robado, o incluso para secuestrar personas.

Pero nadie fue. Nadie está preso. Las drogas y las armas no son de persona alguna. Es probable que los siete detenidos inicialmente hayan sido sólo albañiles que dormían allí. Pero… ¿Todos ellos? ¿Ninguno de ellos vio nada? ¿Nadie es testigo del acopio de armas y droga?

La inseguridad y la injusticia se ensañan con pobres y pudientes por igual. Los femicidios conmocionantes del mes pasado tienen matrices parecidas, pero al menos una de las chicas muertas, Ayelén Arroyo, era pobre de toda pobreza. Violada y abusada por su padre durante años, murió acuchillada por su violento progenitor porque el fiscal Fabricio Sidoti no hizo su trabajo.

Los asesinados no son sólo los que mueren por las balas, o el cuchillo. Milagros Barazutti, la chica de 14 años aparecida muerta en un descampado de La Favorita, no fue violada, ni golpeada. Pero tenía en su cuerpo diez veces más cantidad de cocaína de lo que un cuerpo humano pude soportar, de acuerdo a los estudios toxicológicos dados a conocer ayer. Quien le dio esa droga, es también un asesino.

¿Nadie sabe quiénes venden narcóticos en los barrios de Mendoza? ¿Por qué no les preguntan a algunos curas y a taxistas? Unos sanan el alma de los heridos, y los otros, muchas veces llevan a los que compran a los kioscos de la droga. Un chofer lo contó en primera persona en el programa “Te Digo Lo Que Pienso” que se emite de lunes a viernes en La Red Mendoza, 94.1. “Si lo sabemos nosotros, cómo no lo sabe la policía” dijo al aire.

Todos estos casos, necesitan de una justicia “justa”. De un concepto de cumplimiento de la ley. Y cambiar el paradigma en que los atenuantes son más importantes que el delito cometido, o que los derechos de las víctimas y sus familias.

Alfredo Cornejo no llegó a la gobernación con pretensiones de estadista. Pero se ha empeñado en hacer que el Estado funcione: Que haya clases, que los maestros eduquen, que los chicos vayan a la escuela, que en las dependencias del Estado atiendan a la gente, que en los hospitales y centros de salud haya médicos que se ocupen de la población (materia pendiente aún), y que los delincuentes estén presos por lo que sea que hayan hecho. Ese esfuerzo, que no es menor, merece acompañamiento de una sociedad atribulada por la inseguridad y la injusticia.

Hoy la lupa está sobre los jueces. Pero no son los únicos culpables. La “Policía brava” mendocina de la época del D2 y la Dictadura, fue reemplazada luego por la “Maldita Policía” en los noventa, que luego de la reforma policial fue colonizada por una policía venal, muy prolífica en comisarios ricos y policías pobres y con contactos fluidos en la política. No todos fueron separados, exonerados, o expulsados. Hay algunos que siguen en el poder de sus comisarías y de sus sobres. Hay que reconocer que el actual gobierno ya echó a 90 policías este año y hay más de cien suspendidos, por diversas faltas, de acuerdo a información que funcionarios dieron a diario Los Andes. Según el dossier, ninguno ha sido desplazado por corrupción, más allá de unos pocos casos muy difundidos a principio de año. Aún hay tarea por hacer.

En estos días, la elección del juez camarista José Virgilio Valerio para ocupar un sitio vacante como integrante de la Suprema Corte de Justicia supuso polémica. Lo acusaron de homofóbico y de hacer fallos misóginos. También, de proteger a un policía juzgado en un caso de gatillo fácil. Es verdad que se trata de casos complejos. Tanto como que el camarista se la ha pasado dando explicaciones por cada uno. Hay una audiencia pública y una votación del Senado antes de que integre el tribunal. Pero hay que decir además que las “operaciones” contra el juez Valerio, organizadas y ejecutadas por el “garantismo plus” de Mendoza, estuvieron a la orden del día.

Valerio fue elegido por “duro”. De hecho, el gobernador lo expresó: “El que venga deberá tener un criterio duro. La mayoría de la gente que está ejerciendo el derecho penal en Mendoza tiene criterio blando” había dicho el gobernador. Y afirmó que Valerio sostiene la doctrina que coloca a los delincuentes esperando el juicio como internos en un penal, con prisión preventiva, cuando el delito lo amerite.

El juez Valerio puede pensar lo que le plazca respecto de cualquier tema siempre que sus fallos sean justos. Es un camarista que propicia fallos severos, en contraposición al abolicionismo. En virtud de la protección de la ciudadanía, bien merece la oportunidad de ir a la Corte, y equilibrar las cargas.

Es cierto que a veces “lo que quiere la gente” significa demagogia, facilismo, chantería, populismo, cuando no derroche. Da vergüenza el dinero que se destina al Fútbol Para Todos, cuando hay escuelas misérrimas, o no alcanza la asistencia social a los sujetos de la pobreza, uno de cada tres argentinos. Pero en el caso de la inseguridad, lo que pide la población es que el Estado nos proteja de los delincuentes. Previniendo, y reprimiendo el delito. Y manteniendo en la cárcel a las personas que delinquen. El debate armado alrededor de ello, y del garantismo versus la mano dura, es apenas una preocupación de militantes para las charlas de café. No representa es lo que ocurre de verdad.

En la calle, en las oficinas judiciales, lo que pasa es otra cosa: el 5 de setiembre, en un allanamiento a una vivienda en Guaymallén, encontraron todo tipo de objetos robados en un domicilio de la calle Mitre. Su morador, con profusos antecedentes por todo tipo de delitos con armas, apenas si estuvo detenido un rato. No ingresó ni al penal. Es de apellido Castillo Ríos. Lo que ocurre, es que hay unos hermanos de apellido Albornos que fueron detenidos escapando de una “entradera” violenta en San Martín, y sin embargo tampoco fueron ingresados a un penal. Y siguen las firmas. Hace una semana contamos varios casos. Y en mayo, presentamos cuatro ejemplos tremendos de “puerta giratoria”.

Al final del día, la realidad es que -de 760 personas detenidas por diversos delitos en setiembre- sólo hay presas cinco personas más que en agosto.

Algo funciona muy mal. Y la población lo percibe. Es la famosa “sensación de inseguridad”, a la que hay que agregarle la percepción de “injusticia” que mantiene a los jueces en la observación pública.

Por eso, pedimos, basta de ideologismos y peleas estériles. Prevención y represión del delito, y protección a las víctimas.

Mano “justa”, ya.