La justicia mendocina notificará hasta por WhatsApp

¿Cuántos años tarda en desarrollarse un juicio penal por un caso de inseguridad, por ejemplo un robo agravado? ¿Cuánto de la superpoblación penal de Mendoza es por la mora judicial? ¿Por qué se tarda hasta cinco años, a veces más tiempo, en obtener una condena? Hay culpas compartidas y una burocracia que se justifica a sí misma.

El gobernador Alfredo Cornejo planea una reducción drástica de los tiempos judiciales en materia penal, a través de distintos proyectos de Ley que serán enviados a la Legislatura ni bien sea aprobado el de unificación de causas penales, trámite que podría ocurrir esta semana en Diputados, y posiblemente la próxima en la Cámara de Senadores. 

Uno de los proyectos se dirigirá a acelerar los tiempos de los juicios abreviados. Parece un contrasentido, porque se supone que los “abreviados” son justamente juicios cortos. Se trata de procesos penales simples en los que por la prueba, por una confesión “legal” o por flagrancia, las partes acuerdan un juicio breve y una pena. Aun así los procesos se alargan. “Los imputados se retractan, no se notifican, no van a las audiencias, se repiten los trámites… hay que acortar los plazos” explican en el gobierno, donde miran con preocupación cómo se van amontonando casos en los juzgados de flagrancia, que ya acumulan una mora de más de un año. Cuando se crearon, eran juicios que debían durar semanas. Pero se demoran meses.

El proyecto de “aceleración” de la justicia está aún en etapa embrionaria. Lo está estudiando el propio Cornejo haciendo consultas con los jueces, para resguardar garantías procesales y derechos, y no correr el riesgo de que alguna de estas leyes resulte inconstitucional. No han trascendido muchos aspectos del proyecto, pero hay uno que es particularmente curioso: se aceptarán como válidas las notificaciones judiciales enviadas por WhatsApp, el servicio de mensajería más extendido del mundo. “Lo tenemos que estudiar bien… porque la notificación debe ser fehaciente… pero se puede hacer…” explican quienes trabajan con Cornejo en este plan.

Es que el asunto de las notificaciones demora juicios, audiencias, partes orales del proceso penal; por semanas enteras. Alguien no se notifica, y la audiencia no se puede hacer. Y todo buen abogado defensor conoce a la perfección los vericuetos del sistema. Las notificaciones electrónicas fueron un avance. Si se puede garantizar que una notificación será válida y al teléfono correcto, es posible que se aplique por WhatsApp.

Contexto

Lo que ha hecho Cornejo fue apropiarse de los mismos argumentos de los jueces para hacer algo distinto, luego de las primeras semanas de enfrentamiento. Fue en diciembre mismo, cuando todo el gobierno salió a golpear a la Suprema Corte porque con el famoso habeas corpus de las cárceles iban a liberar a los detenidos que estaban en esa condición sin control de un juez. “Los presos están hacinados y sin justicia” decía el espíritu de aquella resolución de la Corte ideada por Omar Palermo y firmada por todos los jueces. “Bueno, entonces seamos más rápidos” parece ser la respuesta política de Cornejo. Por eso apura con leyes. 

De hecho, casi todos los proyectos que ha enviado a la Legislatura desde que asumió, han tenido que ver con seguridad, las cárceles, o el sistema penal. El último ha sido el de “unificación de causas” que tiene trámite desde esta semana en el recinto. Se trata de que un delincuente que tiene muchas causas, no tenga a la vez un juez o fiscal por cada caso, sino un solo tribunal que instruya todo. Eso evitaría la multiplicidad de trámites a hacer, con una misma persona.

El principal argumento para la aceleración de los juicios es clausurar la “puerta giratoria” –para ello se sancionó hace poco una generosa reglamentación de las prisiones preventivas- tanto como para evitar la denegación de justicia y el hacinamiento. El 41 % de los presos de Mendoza no tienen condena. Y hay por lo menos un 11 % de superpoblación carcelaria. De acuerdo al documento presentado por abogados mendocinos encabezados por Carlos Varela Álvarez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, semanas atrás, el 95% de la población penal se encuentra concentrada en 4 establecimientos carcelarios (Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte y San Rafael). El 5% restante está en alcaidías y en la Unidad de mujeres, que ostenta el 3%. Con una población total de casi 4.000 presos, hay camas para 3.553. Casi 500 detenidos carecen de camas. Y muchos duermen de a cuatro o cinco en el lugar de uno, o de hasta once en celdas para cuatro personas. Como se ve, un cuadro ideal para pensar en acelerar los casos judiciales.

El proceso de elaboración de estos proyectos de “aceleración” judicial es conducido por el propio Cornejo, quien interactúa con los jueces buscando puntos de acuerdo.

Luego de las reformas para acelerar juicios, lo que vendría es un proyecto de reformulación de las fiscalías especiales. La idea de Cornejo es dividir las tres existentes en cinco o seis con diferentes competencias: Delitos económicos, informáticos, homicidios, robo de automotores, y delitos de género. En este caso, la idea del gobierno es consensuar este proyecto con el Procurador Rodolfo González.