El plan de Cornejo para bajar 8.000 empleos

Sería sin despidos directos, pero con jubilaciones y reubicaciones. Creen que bajando 8.000 cargos se bajarían el déficit al mínimo.

El plan de Cornejo para bajar 8.000 empleos

Por:Ricardo Montacuto
Director Periodístico

“No vamos a despedir a nadie” dijo Alfredo Cornejo en su primer discurso como gobernador de Mendoza, hace un mes, ante la Asamblea Legislativa. Pero eso no quiere decir que no habría menos empleados en el Estado provincial al final del día

El gobernador Cornejo planea una paulatina reducción de personal que podría llegar al 10 % de los cargos de planta permanente (80.651 según el presupuesto aprobado la semana pasada para este año) y una proporción similar de los más de 2.700 contratados que habrá a fin de año. También habrá una drástica reducción de Horas Cátedra, de las 423.000 y algo más que plantea el presupuesto. Esas horas presupuestadas podrían corresponder a cerca de 10.000 agentes públicos más.

¿Cómo hará Cornejo para reducir personal sin echar gente? Hay algunas fórmulas. 

El objetivo final es bajar cerca de 8.000 cargos, o más. Lo primero será un plan de jubilaciones con ayuda de la Anses. En efecto, el gobernador ya acordó con el gobierno nacional que habrá una suerte de “créditos” de la propia Anses a los agentes públicos que estén en condiciones de edad de jubilarse, pero que no tengan cumplidos los 30 años de aportes previsionales. “Hay unos 1.200 agentes en esa condición. Ya lo tenemos acordado con el nuevo titular de la Anses” dijo una fuente del gobierno. El aludido es Emilio Basavilbaso, quien venía al frente del Instituto de Vivienda de la CABA y reemplazó a Diego Bossio en la Anses. El operador local será Sebastián Cremaschi, cuya designación ocurriría esta semana al frente de la delegación Cuyo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Respecto de los futuros jubilados, “es gente que en general ha entrado muy tarde al Estado, después de los 40 años, y que no tienen aportes. Si no los ayudamos, no se van a jubilar nunca” dijo la fuente.

La Casa de Gobierno, una obsesión.

Esos puestos no se van a cubrir salvo expresa orden de Cornejo, de acuerdo a uno de los artículos del nuevo Presupuesto, que resulta absolutamente restrictivo en todo lo que tiene que ver con el ingreso de personal, salvo aquel que se consagre en paritarias. De hecho, ahora las vacantes están congeladas por la misma ley presupuestaria hasta el 31 de diciembre de este año.

A sus puestos

La pregunta es cómo conseguir otras siete mil renuncias, además de que serán revisadas todas las contrataciones y pases a planta que hizo el gobierno anterior desde las elecciones hasta fin de año

El 31 de enero en algunos casos y el 29 de febrero en otros, deberán presentarse todo tipo de misiones especiales, adscriptos, y demás, en sus puestos originales de trabajo. La apuesta del gobierno es a que en ese mismo momento, en esas fechas, muchos agentes públicos se desvinculen por propia voluntad, porque no están preparados para las tareas en las que fueron originalmente designados. El caso típico es el de penitenciarios que no lo son y que hicieron tareas políticas para el anterior gobierno. “Ninguno de ellos va a ir a custodiar los muros de Almafuerte” especuló una fuente del gobierno, adelantando además que podrían producirse una gran cantidad de renuncias y desafectaciones sólo por ese movimiento: el de ir cada uno a su puesto de trabajo.

Las “Horas cátedra” es otro de los ítems donde el gobierno aspira a reducir costos laborales. Las nuevas autoridades han detectado que la administración anterior usó esta herramienta para pagar tareas que no tienen que ver con la docencia. La Dirección General de Escuelas paga mucho de estos sueldos. Ello no quiere decir que se trata de trabajo militante rentado para el PJ, que gobernó los últimos ocho años. Hay de esos casos, pero también de punteros multipartidarios y su “clientela” de rango menor, que usaron la DGE como bolsa de trabajo social. “Muchas de estas personas simplemente no van a poder cumplir, no van a poder enseñar nada, y se van a ir” dijo un informante.

¿Será así de sencillo? Hay que esperar a enero y febrero y ver qué pasa. El gobernador les pidió este mismo tipo de ajuste a los intendentes, tanto a los de su partido como a los del PJ. Hay municipios que están al borde del incendio por su gasto salarial. Uno de ellos es Guaymallén, donde Marcelino Iglesias heredó un verdadero desastre de su antecesor Luis Lobos, el ex intendente imputado que encabezó una organización ilegal para saquear el municipio y por poco lo consigue. El otro es Santa Rosa, una comuna que debería ser pequeña pero que tiene 2.500 empleados. Godoy Cruz tiene 1.800. La comparación entre población, servicio y cantidad de empleo de cada una de las comunas no resiste análisis. El intendente Sergio Salgado gasta por mes dos millones y medio más de pesos los que tiene para salarios. Y la situación está por explotar porque la provincia está al día en todas las cuentas con la comuna.

Preocupados por los números.

¿Cuánto se puede ahorrar en todo esto? Sólo en el Estado provincial, podría significar un ahorro de 1.700 millones de pesos al año. Es una cantidad muy importante de dinero.

Por lo pronto, el gobierno no hará “olas” con la reducción de personal. Pero apuestan a las jubilaciones, las “reubicaciones” y a eso de ocupar cada uno su silla, para producir bajas que no serán repuestas, salvo todas las excepciones que plantea la ley de presupuesto en sectores de servicios directos como salud, seguridad, o incluso el aula.

La pregunta es si Cornejo contará con la flexibilidad de los gremios para instrumentar estos cambios. Gremios que se preparan para la guerra, en el contexto de una paritaria difícil.