El radicalismo impulsa que los precandidatos oficializados acudan masivamente a la Corte mediante recursos extraordinarios por la afectación de derechos personales ante la falta de financiación pública de sus campañas electorales.
La UCR va a la Justicia por las PASO
La UCR ya decidió cuál será su estrategia frente al decreto reglamentario que firmó Francisco Pérez en los últimos días, que escapa al financiamiento de las campañas electorales internas.
La idea de los popes del radicalismo mendocino será presentarse a la justicia, según publica hoy diario Los Andes.
La UCR llevará adelante una carrera contra reloj que supone un paso por la Junta Electoral en plena feria judicial, ya que el próximo 22 de enero -dentro de veinte días- comenzará la campaña para las PASO en Capital y San Carlos.
Y, según el mismo matutino, apuesta a que prospere un recurso extraordinario ante la Suprema Corte, sobre la base de la “afectación de los derechos personales” de los candidatos de todos los partidos políticos, especialmente de oposición, que no podrán acceder a espacios gratuitos de difusión de sus candidaturas.
El cronograma electoral en Capital y San Carlos prevé que el próximo lunes ya estén oficializados los precandidatos para las PASO, cuya presentación vence mañana. Y la UCR impulsará una presentación masiva de estos aspirantes.
La ley estipula instancias previas a una presentación por afectación de derechos y exige el agotamiento de la instancia administrativa anterior a la judicial.
Estos pasos se iniciaron con el reclamo de Pinto ante Pérez para que informe “si ha solicitado los espacios de publicidad en medios audiovisuales a la Nación para las elecciones en la ciudad de Mendoza y de San Carlos” ya que “dicho procedimiento no significa costo alguno para la Provincia de Mendoza pues, la obligación de ceder espacios en la programación está expresamente prevista por la ley nacional”.
Igualmente el radicalismo solicitó conocer “cuál es el espacio asignado en la señal oficial de la Provincia de Mendoza (Canal Acequia) para publicidad electoral”, en el que -en principio- no se necesitarían acuerdos previos ya que revista en la órbita provincial.
