Allanaron la municipalidad de Guaymallén y pidieron detener a Lobos - Mendoza Post
Lunes 30 Nov 2015Lunes, 30/11/15 atrás
porRicardo Montacuto
Director Periodístico

El fiscal Juan Manuel Bancalari allanó hoy la municipalidad de Guaymallén, luego de un pedido de los abogados denunciantes del ahora agente raso Luis Lobos por presunta destrucción y robo de documentos y expedientes en la comuna que fue entregada al radicalismo el fin de semana último. 

Los abogados pidieron también la detención del ex intendente Luis Lobos y del ex secretario de Obras Públicas Federico Sampieri, ambos muy complicados en las causas por corrupción que se investigan desde hace un año en Delitos Complejos de la provincia y en la Justicia Federal, luego de una denuncia del FIT y una investigación de un grupo de abogados encabezados por Carlos Varela Álvarez, y de la publicación del POST.

A causa del allanamiento, momentos de tensión se vivieron hoy en la comuna que vive una situación inédita. Luis Lobos y el resto de sus funcionarios -algunos de ellos cómplices en la cadena de corrupción- entregaron el mando a la nueva presidenta del Concejo Deliberante, la radical Evelyn Pérez. Pero ni uno de ellos se presentó a la transición, y dejaron la Municipalidad virtualmente paralizada y sin prestar servicios a los vecinos. En medio de ello, hubo funcionarios y empleados que fueron sorprendidos en las últimas horas llevándose documentación y no precisamente por la puerta principal. Uno de los "retratados" sería Federico Sampieri, que fue fotografiado por un vecino llevándose expedientes.

Leé: Así se enriquece un intendente.

Bancalari es el fiscal que días atrás asumió en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos en reemplazo del castigado Daniel Carniello, el fiscal especial que fue mandado a Siberia por el Procurador Rodolfo González luego de imputar a Luis Lobos y un grupo de funcionarios, en este caso, y al ex ministro de Hacienda Juan Gantus por el pago a proveedores. Y hasta ahora, no había hecho más que postergar una audiencia en el Caso Lobos, luego que Carniello imputase a toda la banda.

Federico Telera, Carlos Varela, Pablo Moreno y Lucas Fallet, denunciantes.

Esta mañana, los abogados querellantes pidieron al fiscal que asegure las pruebas, y por eso se produjo el allanamiento.

El caso

El Caso Lobos empezó hace un año, más precisamente el jueves 4 de diciembre del año pasado, cuando el POST publicó una frondosa investigación que el FIT y un grupo de abogados transformaron a la vez en denuncia penal. Hubo presentaciones en la justicia provincial y federal. Lobos, su esposa Claudia Sgró y un grupo de funcionarios están sospechados de presunto enriquecimiento ilícito, lavado, evasión, fraude al Estado, y de financiarse a través de “ñoquis”. También se dio participación a la Fiscalía Antilavado y a la UIF. En las causas no pasó prácticamente nada, hasta que una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia confirmó datos que este medio y los denunciantes habían difundido respecto de irregularidades en las licitaciones. Entonces, con la ampliación de la denuncia por parte del edil Federico Telera y los abogados querellantes, Carniello imputó a Lobos, Sampieri y varios más por fraude al Estado en su modalidad de administración fraudulenta. Fue una medida de alto impacto político, tras la que el fiscal fue “congelado” por supuestas irregularidades en otro caso.

Lobos y Sampieri. Viejos tiempos.

Hasta hoy, Lobos se ha defendido diciendo que las denuncias son “políticas”, pero pidió tiempo para presentar documentación respaldatoria. También negó que su casa cueste 9 millones de pesos como dijo la investigación, pero se contradijo cuando le hicieron preguntas al respecto.

Ahora el temor de los denunciantes es que Lobos y compañía hayan hecho desaparecer pruebas sensibles, y por eso pidieron medidas. “Hoy la querella en el caso Lobos, dado el vaciamiento y robos en el municipio, como el hecho que el ex subsecretario Federico Sampieri fuera sorprendido llevándose documentación… ha solicitado la detención de Luis lobos y Sampieri, así como diversas medidas de aseguramiento de prueba” dijo Varela en una breve comunicación.

El Caso Lobos es posiblemente la mayor prueba de corrupción, clientelismo y enriquecimiento personal de un grupo de funcionarios, que se ha dado en la provincia de Mendoza.

Resta ver ahora si el fiscal Bancalari decide detener o no a Lobos y Sampieri, como han pedido los querellantes.