Esto es lo que no se cuenta del "espionaje" denunciado por el PRO

Al tiempo que se van apagando los ecos del supuesto espionaje denunciado por las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, una serie de inquietantes revelaciones se van dando a conocer al paso de las horas.

Son tópicos que echan por tierra la pretensión de la eventual intrusión por parte de la exSIDE en las vidas privadas de puntuales referentes políticos, periodistas y jueces.

Lo primero que llama la atención es que, hasta ahora, ninguno de los doscientos supuestos damnificados se presentó en la causa judicial que abrió el juez federal Sebastián Casanello.

Lo más cercano a ello fue lo que hicieron Martin Redrado, y su pareja, Luciana Salazar, quienes presentaron un escrito poniéndose a disposición del tribunal pero sin pedir ser considerados querellantes.

A ello deben agregarse los dichos del experto en telecomunicaciones Ariel Garbarz, quien analizó algunos de los teléfonos supuestamente intervenidos y encontró que finalmente no habían sido interceptados ilegalmente. Uno de ellos fue el del ex juez Carlos Arslanian.

"Estoy autorizado por el doctor Arslanian, que es uno de los denunciados en esta lista, y fue uno de los teléfonos que hemos verificado con un software oficial convalidado por la Sala 2 de la Cámara Federal, se llama DBA el software, que su teléfono no estaba intervenido con ningún tipo de equipo digital", explicó el especialista.

A su vez, agregó: "Esa muestra nos está diciendo que ya la denuncia carece de sentido porque además hubo otros que verificamos y, de todos ellos, el único que me autorizó para darlo a publicidad es Arslanian" y agregó: "Todos estaban limpios, no tenían ninguna intervención digital".

Más adelante desmintió la información publicada ayer por diario Clarín: "El medio que denuncian que sería un grupo de antenas supuestamente instaladas en la zona de Tecnópolis directamente es un absurdo tecnológico".

Por si no fuera lo suficientemente claro, Garbarz explicó que la denuncia de Bulrich y Alonso "es técnicamente imposible", al señalar que "la única posibilidad física de que podrían ser interceptados todos esos teléfonos celulares de ese listado es que 200 personas hubieran estado todas juntas en esa zona".

Para quien tenga algún prurito respecto de Garbarz, solo debe saber que se trata del mismo que en 2007 denunció la existencia de 48.000 líneas pinchadas de manera ilegal por parte del kirchnerismo. También advirtió que la entonces Secretaría de inteligencia había intervenido los teléfonos de la Cámara de Diputados y la Legislatura porteña.

Como ya sostuvo este diario con anterioridad, no están en discusión las intervenciones fuera de la ley que llevó adelante el gobierno en sus 13 años de poder. Está probado y denunciado.

Lo que parece endeble es esta nueva denuncia, a pocos días de las elecciones nacionales y con un apresuramiento inusual por parte de las diputadas del PRO.

“La denuncia llegó al juzgado con el cargo atrás, sin documentación, y no se presentó nadie a ratificar. No había persona más interesada que yo en tener esa ratificación para darle un puntapié inicial al proceso”, aseveró el juez Casanello en declaraciones formuladas a la radio FM Vorterix.

Al mismo medio explicó: “No es que era necesaria la ratificación por un tema de validez sino para que presente la documentación y para explicar los pormenores del hecho anoticiado, sobre todo con un tema de este tenor”.

Contexto

La nómina de supuestos espiados incluye a unos doscientos políticos, empresarios y periodistas y fue difundida el martes último por canales y portales de noticias antes de llegar a manos de los dos jueces federales que tramitan la denuncia.

Las diputadas presentaron sus denuncias de igual contenido ante Casanello, en los tribunales federales de Comodoro Py en la Capital, y ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien se excusó por lo que el trámite pasó al juez federal de San Martín, Emiliano Canicoba Corral.

Casanello abrió ayer una causa y ordenó el secreto de sumario tras disponer algunas medidas de pruebas pero fuentes judiciales consideraron “muy pobres” los datos aportados por las denunciantes.

Producción: Christian Sanz