Reforma Constitucional en Mendoza: Ibañez busca explicar el proyecto - Mendoza Post
Por: Mendoza PostMartes 8 Sep 2020

 El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, se encuentra encabezando una serie de encuentros virtuales para brindar detalles del proyecto impulsado por el Ejecutivo con el que se pretende reformar la Constitución provincial. De esta manera, ayer lunes participó en un encuentro virtual organizado por la Asociación de Magistrados de Mendoza, donde dio detalles de la iniciativa.

"Este proyecto tiene ejes concretos para aportar sencillez a la discusión", sostuvo el funcionario. Y agregó que "la finalidad es que la comunidad completa conozca los alcances de la reforma institucional que impulsa el Gobernador".

"Partimos de la base de un determinado concepto de constitución que preferimos despejar en el punto de que una Carta Magna no es una cuestión meramente racional. Si así lo fuera, podríamos creer que se pueden tomar modelos ajenos, y traerlos sin más a esta provincia. Pero esto no se resuelve de esa manera, sino que resulta fundamental que proyectemos en conjunto que responda a una forma de ser de esta comunidad política, de nuestros valores, historia e intereses", precisó el ministro.

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La Asociación de Magistrados de Mendoza participó del encuentro virtual. 

Respecto de los cambios que se deben introducir, el ministro destacó: "Necesitamos introducir cambios a las leyes denominadas constitucionales (ley de municipalidades, de tribunales y otras) que son las que reglamentan la Constitución de Mendoza, y sobre las cuales debemos trabajar para actualizar la Carta Magna a tono con los tiempos y desafíos que enfrentamos".

Vale recordar que la Constitución que rige actualmente en la provincia data de 1916 y cuya Constitución histórica de 1854 fue la primera Carta Magna provincial del país; y la de 1916 fue una norma muy avanzada para su época, ajustada a la historia y al momento que vivía Mendoza, con derechos sociales incorporados en su texto, cuando ninguna otra norma del mundo aún lo hacía: descanso dominical y jornada laboral de 8 horas, por ejemplo.

Proceso de modificación de la Constitución

"Es importante aclarar que el gobernador no es quien reforma la Constitución, sino que elabora un proyecto que envía luego a la Legislatura para su análisis y debate y donde se dan tres momentos consecutivos que abren la discusión: primero, en la Legislatura provincial, donde los partidos y otros sectores de la sociedad civil movilizarán los cambios y mejoras que se consideren oportunos; en segundo término habrá una consulta vía referéndum para la participación del pueblo. En tercer lugar, serán los candidatos convencionales electos quien pugnarán para introducir los cambios que se adviertan necesarios", explicó Ibañez sobre el proceso que se desarrollaría.

Ibañez brindó detalles sobre el proceso que se desarrollaría.

Alcances del proyecto

Representación territorial municipal

"En Mendoza no existe la representación territorial como principio constitucional y por ese motivo es necesaria la introducción de ese principio para que cada municipio cuente con un representante, situación que hoy no se da en todos los casos. De la mano de este objetivo, nos proponemos pasar de dos cámaras a una (unicameralidad), es decir, menos gasto y mejor representatividad. En el proyecto se solicita que existan 48 legisladores solamente: por un lado, uno por cada municipio (18) y, por el otro, 30 legisladores por los distritos en que se encuentra segmentada hoy la provincia, con una lógica más acorde con las necesidades reales", planteó Ibañez.

La unicameralidad posibilita un tratamiento más efectivo y rápido de las discusiones legislativas. La gestión es más versátil y tiene mayor representatividad.

La Constitución que rige actualmente en la provincia data de 1916.

Equilibrio fiscal 

El equilibrio fiscal está introducido en este proyecto como propuesta para ser un derecho colectivo y una obligación del Estado, que va a requerir legitimación de parte de la ciudadanía, con impacto en la economía provincial y en beneficio de las fuerzas productivas y su relación con ese Estado más cuidadoso de las cuentas públicas.

Buscan que sea un derecho colectivo y una obligación del Estado.

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