Caso Lobos: piden que intervenga la Procuración de Lavado

Es un área de investigación que depende de Gils Carbó. El FIT hizo la presentación en la Justicia Federal. Es por la denuncia de enriquecimiento y lavado contra el intendente Luis Lobos.

Caso Lobos: piden que intervenga la Procuración de Lavado

Por: Mendoza Post

El apoderado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Víctor da Vila presentó a la justicia un pedido para que la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó disponga la actuación de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, en las denuncias que presentó la semana pasada el concejal del FIT Federico Telera en los fueros provincial y federal contra el intendente de Guaymallén Luis Lobos, señalado por delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado, lavado, y otros conexos. La nueva presentación fue hecha en el Ministerio Público Fiscal del fuero federal con el patrocinio de tres abogados de Mendoza.

La investigación sobre el patrimonio de Lobos fue llevada adelante durante varios meses de recolección y chequeo de datos. Fue publicada por Mendoza Post, y además el FIT la hizo propia, denunciando también una cadena de corrupción en Guaymallén.

La denuncia pide indagar sobre el patrimonio de Luis Lobos, su esposa Claudia Sgró y varios funcionarios del círculo íntimo del intendente. Y fue radicada en el juzgado federal que conduce el juez Walter Bento, y en la Unidad Especial de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Daniel Carniello. El juez Bento, de acuerdo a un trascendido, ya habría corrido vista a la fiscalía. Los Lobos-Sgró, según la denuncia, se habrían enriquecido de modo ilícito a través de “recaudación” política entre empleados irregulares (ñoquis) del Municipio de Guaymallén, y de operaciones inmobiliarias a través de terceros en varios emprendimientos.

Por ahora, intervienen un juzgado federal y la Unidad de Delios Complejos.

En el escrito presentado por el FIT, se argumentó la necesidad de dar participación a la PROCELAC a causa de la complejidad de los delitos presuntamente cometidos. “Dada la gravedad y especificidad de los delitos que se han denunciado, y atento la complejidad que una investigación de este tipo requiere y la falta de recursos que en el ámbito de la Justicia Federal de Mendoza se poseen para emprender una tarea de la naturaleza que se requiere, se proceda a solicitar la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos” dice la nota.

“El presente pedido se justifica dado que son numerosos los frentes que se han abierto a propósito de la denuncia oportunamente presentada, y son numerosas las Personas Jurídicas y Entidades que se han denunciado como parte de la superestructura que el sr. Intendente de Guaymallén y su entorno han utilizado para sacar provecho indebido, a través de la transformación en lícitos de fondos presumiblemente ilícitos en lo que constituye la estructura típica del delito de Lavado de activo. En dicha estructura, también presumiblemente, participarían personas interpósitas (testaferros) así como personas físicas y jurídicas del entorno de Lobos-Sgró, lo que requiere una especial manera de investigar este tipo de delitos” continúa.

El apoderado del FIT indicó que los delitos descriptos en la denuncia se enmarcan en las características que dieron fundamento a la creación de la PROCELAC. “El marco denunciado por esta parte ofrece claramente características como las descriptas en la resolución de creación de la PROCELAC, en donde estarían involucrados importantes empresarios y numerosos funcionarios públicos, mediante estructuras delictivas de muy compleja permeabilidad, lo que requiere que una real especialidad en la investigación de las mismas. En este sentido, no estamos en condiciones de poder establecer con precisión los montos y las operaciones concretas que involucran la trama que hemos denunciado: lógicamente es imposible exigirnos ese tipo de prueba. Por ello es que, de manera urgente y dado que la denuncia se ha hecho de público conocimiento, es que entendemos que debe darse intervención a la oficina correspondiente creada al efecto para investigar estos delitos, en cumplimiento de la manda constitucional” argumentaron. El FIT se constituyó en querellante con el auspicio de los abogados Carlos Varela Álvarez, Lucas Fallet y Pablo Moreno.