Economía del Conocimiento: una ley para impulsar el crecimiento

 La media sanción al proyecto de ley de Economía del Conocimiento se volvía cada vez más necesaria a medida que pasaban las semanas de aislamiento y parate económico a raíz de la pandemia del COVID-19.

En efecto, estamos legislando para un sector que en realidad es más que eso, porque la característica fundamental de esta ley es su transversalidad. La educación, investigación en todas sus dimensiones, informática, nanotecnología y telecomunicaciones son algunas de las industrias beneficiadas con este nuevo régimen.

Así como nos sorprendió la decisión del presidente de suspender en enero la aplicación de una ley fruto de un acuerdo tan amplio como infrecuente en Argentina, también corresponde agradecer a los legisladores oficialistas que permitieron lograr un consenso en torno al nuevo texto.

Como dijimos una y otra vez los legisladores de Juntos por el Cambio en comisiones, creemos que es esencial mantener la estabilidad fiscal que se les brindaba antes a las empresas desde que se inscribían en el registro correspondiente, que impedía que vieran aumentada su carga tributaria total incluyendo derechos de exportación, y que este proyecto no prevé. Más aún en este contexto de incertidumbre generalizada que hace más difícil no solamente llevar adelante un emprendimiento sino también generar condiciones propicias para la inversión extranjera.

Esperamos que la reglamentación de este proyecto, en primer lugar, no se demore y respete el sentido original que le hemos dado en el Congreso, y también que tenga en cuenta este punto, para que toda el área del conocimiento pueda beneficiarse con esta iniciativa.

La reducción de las alícuotas del impuesto a las ganancias, las condiciones especiales de acceso para las pymes y la baja en el pago de las contribuciones patronales que estamos implementando, no deben leerse como un régimen aislado, sino como parte de una estrategia que tuvo la gestión de Cambiemos en relación a las pymes, la exportación y el fomento de las TIC, con la intención de sellar una política de Estado en este sentido.

¿A qué me refiero? A que el proyecto original, sancionado el año pasado, es parte de una nueva interpretación del rol que el Estado debe tener para favorecer el crecimiento de los sectores más pujantes de la economía. En ese sentido, manifestamos otra vez nuestra preocupación por la suspensión de la constitución de las Sociedades por Acciones Simplificadas, un régimen que favorece el desarrollo de proyectos emprendedores, a través de un proceso de inscripción ágil que evitaba la burocratización de trámites que históricamente le saca tiempo, recursos y ganas a quienes tienen la valentía de generar empleo y conocimiento en la Argentina. Hoy, los regímenes para fomentar la industria deben ser de rápido acceso, para enfrentar la recesión.

La biotecnología, la industria del software y la profesionalización de toda la gama de servicios requiere una regulación especial del Estado, basada en criterios de modernidad y desarrollo, con la mira puesta en un crecimiento armónico y sostenido del país.

Si miramos a Europa y leemos a los especialistas en la materia, veremos cómo las industrias que empujaran la salida de la crisis actual son las vinculadas al software y a la profesionalización de toda la gama de servicios, por su flexibilidad y aplicación generalizada en muchas áreas de la estructura económica.

No perdamos de vista que no estamos dando beneficios a un par de aventureros, sino sentando las bases para una Argentina más consciente de los nuevos tiempos que corren y de la necesidad de internacionalizar la generación de riqueza y de valor vinculada a los conocimientos específicos.

Es fundamental encontrar un equilibrio entre las facilidades impositivas que necesitan las nuevas empresas -que dan mucho trabajo y profesionalizan el sector- con la necesidad del Estado argentino de contar con ingresos genuinos que le permitan mejorar los números rojos de las cuentas públicas.

Las actividades de la Economía del Conocimiento son las más dinámicas de nuestra economía: entre 2007 y 2017 generaron 65% más empleo que en el resto de las actividades productivas y sus operaciones crecieron en el mismo periodo un 70%, frente a un crecimiento general del 12%. Además, los salarios son un 35% más elevados que en el resto de los sectores. En 2019, empleaban a 215 mil personas, hoy el número asciende a más de 420.000 empleos registrados con casi 7000 millones de dólares anuales de exportaciones.

Por eso es imprescindible continuar escuchando a todos los sectores y legislando para un país que debe -y merece- meterse de lleno en la ruta del desarrollo sustentable y genuino. No servirá de nada esta ley si no analizamos minuciosamente su aplicación y las nuevas necesidades que surjan de un sector que, repito, necesita de toda nuestra atención y apoyo.

Claudia Najul
Diputada Nacional
Unión Cívica Radical