El magistrado dispuso que la empresa continúe administrada por sus dueños, y que quienes iban a ser inteventores actúen como veedores.
Segundo revés al Gobierno por Vicentin: el juez frenó la intervención
El juez civil y comercial que lleva adelante el concurso de la empresa Vicentin decidió que el pedido del Gobierno para intervenir la firma tramite en forma separada y resolvió mantener como administradores a quienes eran sus dueños y como veedores a los funcionarios elegidos por el Ejecutivo nacional.
De ese modo, el magistrado dispuso continuar adelante con el concurso preventivo en la que está la compañía desde diciembre por pedido de sus propietarios. En realidad, el magistrado no se expidió sobre el planteo del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sino que solamente lo relegó a que tramite en forma separada para evitar retrasos en el tema de fondo.
Así lo dispuso el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien lleva adelanta el proceso por la convocatoria de acreedores, luego de que el viernes pasado decidiera que los dueños siguieran al frente de la compañía.
El día que el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentin.
El magistrado decidió que el planteo de cómo actuarán los interventores sea tratado de manera separada del concurso a través de lo que en la terminología jurídica se denomina como incidente.
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Este procedimiento judicial está vinculado al proceso de fondo pero se resuelve por separado y con plazos independientes de la causa principal.
En distintas ciudad, hubo un banderazo en rechazo a la expropiación de Vicentin.
El sábado pasado, el presidente Alberto Fernández advirtió que si la propuesta de Perotti no prosperar, no existe otro camino más que "la expropiación" de la compañía cerealera.
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El objetivo del juez es no demorar la resolución de fondo y dar respuesta a los casi 2.700 acreedores de la empresa por una deuda global de aproximadamente 100 mil millones de pesos.
De esta forma, resolvió el pedido de intervención realizado por el Gobierno de Santa Fe a través de la Inspección General de Personas Jurídicas.
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