Hoy en Memo: Vicentin, intervención ilegal y el antecedente de Pescarmona - Mendoza Post
Martes 9 Jun 2020Martes, 09/06/20 atrás
porSantiago Montiveros
Periodista diario Memo

La intervención del Grupo Vicentin a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia refleja que la medida se sustentó más en un argumento ideológico que legal. Jurídicamente, como se trata de una empresa en concurso de acreedores, es el juez que lleva adelante este procedimiento el único que puede ordenar la intervención y nombrar a un síndico. Sin embargo, actuó el Poder Ejecutivo.

Bajo el modelo de Alberto Fernández, cualquier empresa en crisis podrá ser intervenida y posteriormente expropiada por el Estado argentino. De hecho, no hay un mecanismo ajeno a lo ideológico que justifique la decisión del presidente, avalado por el ala dura del kirchnerismo. Si no, ¿cómo se explica que empresas en una situación idéntica a la de Vicentin no fueron intervenidas y se les permitió concluir el concurso de acreedores?

Dentro de este grupo se encuentra IMPSA. La empresa de la familia Pescarmona ingresó en concurso en 2014 por una deuda superior a los U$S1.000 millones de dólares. En aquel momento, el Gobierno de Cristina Kirchner tomó otra postura, diferente a la adoptada con Vicentin: ayudó a pagar salarios, entregó subsidios y permitió que la firma concluya las negociaciones con los acreedores.

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En el caso de IMPSA se ejecutó un cramdown, procedimiento en el que no se arriba a un acuerdo para refinanciar la deuda y los acreedores terminan quedándose directamente con acciones. En este caso, Enrique Pescarmona conservó una pequeña participación, pero él ni ningún otro miembro de su familia quedó como miembro del directorio. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo se mantuvo al margen y la empresa continuó funcionando.

Otro forma de resolver una crisis como la de Vicentin, que afronta una deuda cercana a los U$S1.500 millones, son los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales que se habilitaron en la década de 1990. Como en algunos casos el concurso es engorroso, se renegocia la deuda en el ámbito privado, sin control del síndico, y recién al final el juez aprueba el proceso. Así se reestructuró la deuda de EDEMSA cuando pasó del grupo Álvarez a manos de Vila-Manzano.

El día después

En 2012, el kirchnerismo siguió el mismo camino con YPF: intervención y expropiación de una empresa que ni siquiera estaba en concurso de acreedores. Lo peligroso es que las similitudes también se repliquen en el proceso posterior a la "nacionalización". En el mediano plazo, Argentina podría perder una verdadera fortuna ante el reclamo que inició el Grupo Esquenazi, que era dueño de una parte de la petrolera.

El grupo argentino, que después vendió su reclamo a un fondo buitre que litiga actualmente contra el Estado en los tribunales de Nueva York por más de U$S3.000 millones, inició un reclamo tras la expropiación de YPF. En aquel momento, Axel Kicillof decidió no expropiar las acciones de Esquenazi, mientras se le pagó cifras siderales a Repsol, lo que motivó un reclamo que podría costar miles de millones de dólares.

Ahora, el riesgo para el Estado argentino, más allá de "nacionalizar" la deuda que tiene actualmente el Grupo Vicentin, son los reclamos judiciales de los accionistas, como remarcaron distintos referentes políticos y económicos que se oponen a la medida del Presidente de la Nación. Incluso si el Congreso rechaza la expropiación, podrán demandar por el daño temporal causado por la intervención.

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