Por qué Mendoza podría cambiar la cuarentena sin permiso nacional - Mendoza Post
Post: Mendoza PostMiércoles 27 May 2020Miércoles, 27/05/20 atrás

"Me parece razonable que nuestras autoridades no se auto excluyan. Tenemos que trabajar en conjunto y no podemos armar una isla. Me parece bien en lo político que trabajemos coordinados con Nación. Pero en lo jurídico, quien resuelve es Mendoza. Formalmente no corresponden los permisos de habilitación", planteó el exministro de la Suprema Corte Alejandro Pérez Hualde, en referencia a la potestad jurídica de las autoridades provinciales para administrar las restricciones a la libre circulación de personas.

Ante la consulta sobre si jurídicamente el gobernador Rodolfo Suarez podría incluso anular la cuarentena en el territorio provincial, Pérez Hualde respondió: "Sí. Tiene plenas facultades para todo lo que la provincia tiene competencia. Sin embargo, no podría reabrir el aeropuerto o restablecer el tránsito interprovincial". "El gobernador y la Legislatura están en condiciones de graduar las limitaciones a la libertad", completó.

Por otra parte, el exjuez de la Corte mendocina analizó las potestades que se toma el presidente Alberto Fernández, y consideró válidos la primera tanda de DNU (decretos de necesidad y urgencia), incluyendo el régimen de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, remarcó que el decreto 457 "amplía la delegación legislativa, algo totalmente inconstitucional, porque la delegación legislativa tiene una base que el presidente no puede exceder".

-¿Cómo analiza el rol del Poder Ejecutivo?

-La emergencia ya la teníamos; la emergencia sanitaria se declaró en una ley el 31 de diciembre de 2019 por el Congreso de la Nación y ahí se le delegó al Presidente de la Nación una serie de facultades para que el Estado atienda a las personas que padecen enfermedades para las que hay vacunas y curaciones, que no llegan a los que las necesitan por una injusticia en la distribución. Después vino la urgencia por el coronavirus, para lo que no hay vacunas ni curas, y ahí el presidente tomó determinaciones por DNU sin autorización del Congreso. Nadie cuestionó esos primeros 20 decretos y el Congreso los terminó aprobando cuando volvió a funcionar.

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-¿No se exceden límites constitucionales con los DNU?

-Es un tema de equilibrio y ponderación. Los DNU deben salir cuando es imposible el trámite ordinario de sanción de leyes. Ahora que el Congreso volvió a sesionar, no existen condiciones para poder dictar otros DNU. Acá hay un DNU de la semana pasada, el 457, que es inconstitucional, porque el presidente amplía la delegación legislativa. La delegación legislativa tiene una base que el presidente no puede exceder. Los superpoderes a (Santiago) Cafiero son otra inconstitucionalidad: el Congreso funciona, se puede pedir la aprobación del Congreso. Tenemos la necesidad de ordenarnos en lo institucional porque en estas épocas de crisis las instituciones son más requeridas y tiene que haber más claridad en el funcionamiento.

-¿La restricción de circulación no atenta contra los derechos a la libertad individual de las personas?

-Todos los derechos son reglamentables. La primera limitación severa que se tomó con el inicio de la cuarentena, lo que sería una "prisión domiciliaria", se justificaba razonablemente por la pandemia y el riesgo de propagación de un virus, atentos también a ejemplos mundiales. No era algo irrazonable. Toda limitación de derechos tiene que ser razonable...

...¿hoy es razonable?

-Creo que hay grados de limitación. Supongamos que una persona hoy llega de un lugar de alto contagio, de Nueva York, por ejemplo, es razonable que se le exija una cuarentena, al venir de un país donde hubo 100.000 muertes. Hay que mirar caso por caso. En cuanto a las personas que están en Mendoza, están en manos de las autoridades provinciales. La salud pública es competencia de las provincias. No podríamos cerrar la frontera con Chile, o modificar el tránsito con San Luis, pero dentro de la provincia es competencia provincial, todos los hospitales, toda la salud pública. Quien debe ponderar esta situación es la autoridad provincial con su Legislatura, que también está funcionando. Están en condiciones de graduar las limitaciones a la libertad.

-¿Corresponde que Mendoza pida permiso a Nación?

-Hay dos ponderaciones. Una política: me parece razonable que nuestras autoridades no se auto excluyan. Tenemos que trabajar en conjunto y no podemos armar una isla. Me parece bien en lo político que trabajemos coordinados con Nación. Pero en lo jurídico, quien resuelve es Mendoza. Formalmente no corresponden los permisos de habilitación.

-Si bien es un escenario casi imposible, ¿jurídicamente el gobernador podría anular la cuarentena en Mendoza?

-Sí. Tiene plenas facultades para todo lo que la provincia tiene competencia. Sin embargo, no podría reabrir el aeropuerto o restablecer el tránsito interprovincial. El gobernador y la Legislatura están en condiciones de graduar las limitaciones a la libertad.

-Da la impresión que se delega todo en un solo poder.

-Es un fenómeno que ocurre en situaciones de emergencia. Hay algunos autores que hablar de "emergencias auto infligidas", pero en este caso estamos ante una emergencia verdadera, aunque yo veo que es mucho más grave el tema del dengue. De todas maneras, yendo a lo que puedo opinar, normalmente estas situaciones provocan una concentración de poder muy grande en el Poder Ejecutivo, por lo que ante situaciones de poderes extraordinarios, son necesarios controles extraordinarios. Acá opinó (Ricardo) Lorenzetti como ministro de la Corte nacional, pero los que están resolviendo de verdad los casos concretos son los jueces de primera instancia, que resuelven amparos y habeas corpus. Hoy la trinchera más fuerte es la primera instancia, los fiscales y la Justicia de Familia, porque esto provoca crisis de familia muy importantes.

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