Entre los acusados hay tres gendarmes, a quienes se imputa su intervención para evitar los controles aduaneros en Uspallata. Se secuestraron productos, vehículos e inmuebles.
Avanza en Mendoza megacausa por contrabando
Una investigación por contrabando iniciada a raíz de un pedido de colaboración judicial internacional cursado por el Ministerio Público Fiscal de Chile en agosto de 2019 derivó en el desbaratamiento de una asociación ilícita transnacional constituida por, al menos, quince personas.
Una serie de medidas instadas por la Fiscalía Federal Nº2 de Mendoza, interinamente a cargo de Fernando Alcaraz -que incluyeron una veintena de allanamientos-, fueron realizadas entre diciembre pasado y mayo de este año, en lo que constituye una de las causas más importantes de los últimos años en la materia en esa provincia.
En casi nueve meses de investigación, la fiscalía -que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la PGN, a cargo de Diego Solernó- llevó adelante una teoría del caso incriminante que tuvo correlato con cada una de las medidas judiciales ejecutadas: el saldo, hasta el momento, es de once personas detenidas y cuatro prófugos, millonarias sumas en mercadería secuestrada, dinero en efectivo, bienes automotores e inmuebles cautelados.
La investigación
La investigación en Argentina contó con la participación de la División Escuchas Telefónicas de la Policía de Mendoza y de la AFIP-DGA, además de la intervención de la Fiscalía Federal Nº2 de Mendoza, que instó a finales de diciembre casi una veintena de allanamientos. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Nº 1 de esa provincia.
La pesquisa se robusteció en ocasión de la 1era. Mesa de Trabajo, Exposición e Intercambio de Información Internacional Chile-Argentina-Paraguay, que se celebró en la ciudad de Los Andes, República de Chile, en marzo de 2019, en la que participó Alcaraz. El encuentro había permitido generar los lazos de confianza necesarios para la cooperación internacional que luego fue desplegada en el caso.
El trabajo estratégico del MPF -en el que se acumularon hechos de contrabando de importación de mercadería que en principio resultaban aislados- permitió construir el caso y llevó a advertir una asociación ilícita "perfectamente estructurada", explicaron desde la fiscalía.
La mecánica del delito investigado
Con el avance de la causa fueron identificadas dos personas como jefes de un grupo asociado con la finalidad de cometer hechos indeterminados de contrabando de importación de mercadería proveniente de la República de Chile en infracción a la Ley 22.415, que tenía como miembros, además, a otros nueve ciudadanos chilenos y argentinos.
De acuerdo a la hipótesis acusatoria, algunas de ellas eran dueñas de la mercadería que enviaban desde el país transandino, utilizando el transporte de cargas internacional que brindaban los jefes de la asociación ilícita y allegados a ellos. Otras personas se encargaban de recibirla en Mendoza y comercializarla. Un ejemplo de ello sucedía con celulares de origen chileno, que eran "habilitados" adulterando los números de IMEI por un técnico en reparación de celulares.
La modalidad adoptada para evadir los controles aduaneros era que los camiones con mercadería no ingresaran al Área de Control Integrado Uspallata, a fin de realizar los trámites aduaneros atinentes a su importación. Directamente, los camiones "pasaban de largo" esa instancia de control. Según el MPF, la organización delictiva contaba con la participación de funcionarios de Gendarmería Nacional Argentina; dos de esos gendarmes fueron detenidos este lunes, en tanto que un tercero se encuentra prófugo y con pedido de captura desde finales de diciembre de 2019.
Durante la investigación se desbarató la comisión de tres hechos de contrabando, cometidos por los miembros de esta asociación ilícita en octubre y diciembre de 2019. El total de la mercadería secuestrada en estos tres casos arrojó un aforo superior a los $350.000.000. A esos episodios se sumó un hecho de contrabando que la propia fiscalía consideró en flagrancia, y en el que en poco más de 20 días se obtuvo sentencia mediante juicio abreviado.
Corrupción en la fuerza de seguridad
En diciembre de 2019 la fiscalía solicitó la detención de un agente de Gendarmería que trabajaba en Uspallata, Las Heras, Mendoza. Este efectivo no fue encontrado en los allanamientos y al día de hoy se encuentra prófugo. No obstante, sí se produjo un hallazgo significativo: en la casa que ocupaba en un paraje de alta montaña de Mendoza se secuestraron dos millones de pesos. Esa, para el MPF, fue la prueba más elocuente y la confirmación de los actos de corrupción que realizaban los integrantes de la asociación ilícita.
Sin embargo, la fiscalía continuaba con sospechas en relación a otros funcionarios de GNA. Así, durante la pandemia, la fiscalía tomó declaraciones por videoconferencia -mediante Zoom- a personal de esa fuerza, analizó cámaras de seguridad, documentación y solicitó la colaboración del área de investigaciones de Aduana Mendoza. De tal manera construyó un escenario probatorio que involucraba a otros efectivos de GNA, cuyas detenciones solicitó al juez federal de la causa.
Imágenes ilustrativas
Esta nota habla de:
