Los puntos de las contraofertas presentadas por los acreedores de la deuda que revisa Alberto Fernández.
El detalle de las contraofertas de los acreedores que revisa Alberto
Alberto Fernández y Martín Guzmán trabajaron todo el fin de semana analizando las tres contraofertas que los bonistas de Wall Street presentaron el viernes en la cartera de Economía.
Según reveló Infobae las propuestas de los fondos se encuentran aún muy lejos de la iniciativa oficial respecto a la quita prevista para el capital y los intereses, el pago de los cupones y el período de gracia.
Cada grupo que representa a los bonistas preparó su menú de acuerdo a sus tenencias y al tipo de fondos que representan. Pero casi no difiere el valor presente neto: entre 58 y 60 dólares, lejos aún de la propuesta que Alberto Fernández y Guzmán manejan en estricto secreto.
Sin embargo, en Olivos consideraron un avance importante de la negociación que los acreedores privados hayan explicitado sus intenciones económicas y financieras.
La propuesta del Gobierno incluía, en términos generales, una quita de capital de 5,5% en promedio y de 62% para los intereses. Dos números que los acreedores rechazan in limine.
Alberto Fernández y su ministro de Economía diseñaron una propuesta que establece una ecuación entre el eventual crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y lo que debería asignarse al pago de la deuda para que la economía nacional no sufra un nuevo ajuste. Esta ecuación se apoya en el concepto de sostenibilidad de la deuda, que el presidente y Guzmán no piensan resignar ante las tres propuestas que presentaron los bonistas.
Como se trata de una negociación, y pese al rechazo que se manifestó ayer en Olivos, el Gobierno asume que deberá ceder en ciertos aspectos de la oferta oficial.
Esas diferencias aparecen con nitidez cuando se repasan las propuestas vinculadas a la tasa de interés de los cupones, el Valor Presente Neto (NPV, en sus siglas en inglés), la quita de capital y el período de gracia.
Las iniciativas de los tres comités de acreedores de la Argentina coinciden en un aspecto: la reducción a solo un año del período de gracia que en la propuesta inicial del gobierno era de tres años.
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