La Corte de Mendoza ya recibió el amparo y el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Suarez y le pidió un informe al mandatario.
Legisladores buscan mediar en el conflicto por las compras según el DNI
Hace cuatro días, nueve abogados molestos por la limitación a las compras de mercaderías que se deben realizar día por medio y según eñ número de DNI, plantearon un amparo y recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Rodolfo Suarez.
Los letrados iniciaron una "acción de amparo por violación manifiesta y arbitraria de los derechos consagrados en la Constituciones Nacional y Provincial, contra el punto 3 del Anexo del Decreto 563/20 del Poder Ejecutivo Provincial atento exceder la delegación del art. 3 DNU 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que al resolver se declare la inconstitucionalidad del mismo y restablezca la vigencia del derecho a la libertad de compra de alimento con la amplitud de los DNU 297/20, 325/20; 355/20 y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, con costas".
La novedad es que la Corte de Mendoza ya le pidió al Poder Ejecutivo provincial que explique por qué tomo esta medida. Y por otro lado, la Legislatura pretende mediar en el conflicto que ya está en proceso.
Suarez inauguró las sesiones legislativa el viernes pasado y ahora los parlamentarios quieren mediar en una acción judicial.
El presidente de la Comisión LAC (Legislación y Asuntos Comstitucionales) de la Cámara de Diputados, Jorge Difonso notificó a los representantes de los demás bloques legislativos de esta situación y pidió tratamiento especial sobre este punto de conflicto.
Imagen de compras de estos tiempos virósicos.
Que Alto Tribunal haya avanzado pidiendo explicaciones a Suarez es una señal que los jueces supremos le encuentran sentido y coherencia al reclamo de los profesionales del Derecho.
Difonso en una charla pre-pandemia con los dos últimos gobernadores, Cornejo y Suarez.
Al tener esta percepción como abogado que es Difonso propondrá una especie de mediación política desde la Legislatura para desactivar el conflicto que puede derivar en un costo para el Estado.
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Desde el Gobierno ya se han expedido públicamente sobre este criterio. Esto responde a la necesidad de ajustarse al último DNU que los mismos demandantes invocan. Allí Alberto Fernàndez define que se tiene que respetar la proporción "50-50". Es decir la mitad de la población haciendo aislamiento y la otra mitad circulando en la calle.
Víctor Ibáñez el ministro de Gobierno es quien explica los motivos de la medida que cuestinan los abogados.
Los demandantes contra la decisión de Suarez son sus colegas de profesión Claudia Milanese, Silvana Ippolitti, Bárbara Codina, Omar Esteban Fornetti, Pablo Enrique de Rosas, Gonzalo Gatica, Gilberto Santamaría, Ignacio Santamaría Guevara y Nicolás Parma.
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