En Mendoza llegaron a un acuerdo sobre los presos en contexto de pandemia - Mendoza Post
Por: Mendoza PostMiércoles 15 Abr 2020

La Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa acordaron acciones para tratar el impacto del coronavirus en las cárceles mendocinas Las máximas autoridades judiciales de la provincia firmaron este martes un "Acuerdo institucional sobre la situación de personas privadas de libertad en contexto de pandemia".

El acuerdo, suscripto por los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en pleno, el Procurador General del Ministerio Público Fiscal y la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, tiene por objeto definir políticas institucionales comunes y complementarias para evitar dilaciones en el trámite de los pedidos realizados por personas privadas de libertad que integran grupos de riesgo ante el avance del virus COVID-19. 

Asimismo, identifica una serie de variables que los jueces podrían considerar al momento de tomar una decisión sobre los pedidos en cuestión.

El acuerdo busca prevenir casos de coronavirus en las cárceles.

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El acuerdo tripartito surge luego de que la SCJM, el Procurador General y la Defensora General participaran de un debate con las autoridades del Servicio Penitenciario provincial y otros entes relacionados a las personas privadas de libertad e incluso con los propios reclusos.

El objetivo es avanzar en acciones institucionales coordinadas que ayuden a la gestión judicial y administrativa de los trámites que involucran a personas privadas de libertad que, por edad o enfermedades de base, pueden tener más riesgo ante el posible ingreso del virus a los penales. En la oportunidad, las instituciones participantes coincidieron en la necesidad de acordar determinadas pautas que permitan avanzar en la resolución de los planteos.

Aún no se registran casos de coronavirus en las cárceles de Mendoza.

En ese sentido se redactó un documento con acuerdos destinados a agilizar el trámite administrativo y judicial de cientos de piezas generadas desde el Servicio Penitenciario (cerca de 400 expedientes administrativos de personas de más de 60 años o que padecen enfermedades que las colocan en especial situación de riesgo) y lograr la disposición de pulseras georreferenciadas.

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También se sugiere que se consideren los grupos de riesgo a los que pertenecen las personas solicitantes y que se disponga de protección especial para su salud en el caso de personas en grupo de riesgo que no accedieran a una prisión domiciliaria. Así también se ha acordado una especial protección de las víctimas de delitos cometidos en contextos de violencia de género y de agresión sexual, disponiendo que se fortalecerá la encuesta ambiental -necesaria para la toma de la decisión judicial- y la comunicación y protección de la víctima; entre otras medidas.

La decisión adoptada por las autoridades judiciales de Mendoza va en sintonía con disposiciones similares que han tomado otras autoridades judiciales del país, como ser la Cámara Federal de Casación Penal o elProcurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, responde a los lineamientos que los organismos internacionales especializados en la materia han formulado a este respecto.

El protocolo busca agilizar los trámites de los reclusos que están en el grupo de riesgo.

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Es para destacar que si bien no hay casos sospechosos de COVID-19 en las cárceles de la Provincia, todo esfuerzo en la materia pretende anticiparse y contribuir en la contención de las consecuencias que el posible ingreso del virus a los penales podría generar respecto del núcleo de personas de alta vulnerabilidad -lo que se ve agravado por las condiciones de sobrepoblación-; para lo cual el Servicio Penitenciario viene tomando numerosas medidas de prevención,las que son reconocidas por esta SCJM. 

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