Los tres están condenados por delitos de lesa humanidad y argumentan que por la edad que tienen, están dentro de la población de riesgo.
Guglielminetti, Astiz y Etchecolatz pidien prisión domiciliaria por el Covid-19
Los condenados por delitos de lesa humanidad Alfredo Astiz, Miguel Etchecolatz y Raúl Guglielminetti pidieron este jueves que se les otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, por ser parte del grupo de riesgo.
El primero en hacerlo fue Astiz, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal 5, el cual ya ordenó la realización de una junta médica previo a la resolución del planteo.
El exmarino tiene 69 años, cáncer de próstata y, por razones de salud y al tener una enfermedad preexistente, que pidió la prisión domiciliaria. El represor, conocido como el "Ángel Rubio", fue condenado años atrás por el Tribunal Oral Federal 5 junto a otros ex militares por delitos de lesa humanidad perpetrados en la ex ESMA, durante la última dictadura militar.
Miguel Etchecolatz.
Horas más tarde, se sumaron a un pedido similar los condenados por delitos de lesa humanidad Miguel Etchecolatz y Raúl Guglielminetti, que hicieron sus reclamos ante el Tribunal Oral Federal 6.
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Los dos solicitaron el arresto domiciliario ante posible contagio de conoravirus y verse ellos comprendidos dentro de los grupos de riesgo.
Raúl Guglielminetti.
El ex jefe de la Policía Bonaerense Etchecolatz y el ex agente de inteligencia Guglielminetti fueron condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como "Puente 12".
Junto a esos casos que trascendieron también hay muchísimos otros de detenidos purgando condenas por estos delitos que debido a su edad y los problema de salud solicitaron ser beneficiados con la prisión domiciliaria.
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Días atrás, la Cámara Federal de Casación Penal solicitó "a las autoridades competentes la adopción con carácter de urgente y en forma conjunta un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus COVID-19 para resguardar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún grupo de riesgo".
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