El martes tratarán la norma para que nadie gane como juez sin serlo

El próximo martes está previsto el tratamiento de la ley para prohibir la equiparación de cargos y/o retribuciones en todo el Estado provincial, según lo acordado en la reunión conjunta entre las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Hacienda y Presupuesto del Senado.

La iniciativa enviada por el gobernador Rodolfo Suárez busca terminar con la posibilidad de que un agente estatal, reciba un sueldo distinto a su situación de revista, es decir, para lo que fue nombrado, o de las tareas que realiza efectivamente, tanto en el caso de que sea un exceso o una disminución del haber. 

En definitiva, se trata de aplicar "nociones de igualdad, equidad y justicia" tal cual reflejan varias leyes que establecieron cómo debía procederse cuando la funciones fueran jurisdiccionales y no meramente administrativas o de apoyo.

En el caso del Poder Judicial, el proyecto recuerda que los funcionarios equiparados a magistrados, ya estaban incluidos en la Planilla Anexa 2 de la Ley 4322/79 y todas sus modificaciones 4339, 4383, y 4384. Esto es, los ingresados por escalafón y los incluidos en la escala porcentual de las remuneraciones para los magistrados. Por ejemplo, los secretarios de juzgados de primera instancia, (abogados) o un director de administración (contador).

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Desde el artículo 99, inciso 9 de la Constitución Provincial que establece entre las atribuciones del Poder Legislativo "crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, determinando sus atribuciones y responsabilidades, y dictar la ley general de sueldos"; la ley citada anteriormente, las actas complementarias del convenio de transferencia de la Caja de Jubilaciones de la provincia, el estatuto del empleado público, la ley 5811 (cap. 4), la ley 7854 del régimen de remuneraciones de los magistrados, hasta la más reciente creación del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Defensa, se expresa la situación salarial de abogados, auxiliares, y otros funcionarios .

Sin embargo, bajo la forma de acordadas, en el Poder Judicial se ha remunerado funciones administrativas, de forma tal que cambiaron los fines de la normativa vigente. Por eso, la ley impulsada por Suárez busca "dotar de racionalidad al sistema, en igualdad de condiciones, con el resto de los poderes".

Marcelo Rubio, presidente de LAC explicó que "nos encontramos que hay cargos creados por resolución, en este caso de la Corte, que superan largamente al salario del gobernador, y que equiparan a funciones que efectivamente no se realizan".

Además Rubio recalcó que "las acordadas son resoluciones de la Corte, que a través de las Salas que la integran, la Penal, Civil y Administrativa, establecen un ordenamiento interno. Ahora bien, si esas resoluciones equiparan cargos a remuneraciones que justamente no cumplen la función, debe ponerse un límite a esto. Así lo ha entendido el gobernador, para darle un orden y evitar situaciones ilegales que se han presentado".

Por otra parte, el proyecto plantea que en el término de un mes, todos los organismos del Estado deberán adecuarse a ésta ley, a partir de su publicación. En tanto, la Corte deberá informar cuántos recursos serán ahorrados, ya que podrían derivarse a los juzgados de familia.