El "pifie" de Orozco que generó una crisis política en el oficialismo - Mendoza Post
Miércoles 29 Ene 2020 29 días atrás
porRicardo Montacuto
Director Periodístico

El gobierno provincial y los intendentes radicales se vieron metidos de cabeza ayer en una crisis política tan sorprendente como inesperada, cuando el intendente Daniel Orozco, también radical, decidió cortarles el ingreso de los camiones de residuos al centro de separación y relleno sanitario controlado de El Borbollón a los alcaldes de su misma fuerza política, por un conflicto por el costo del tratamiento de la basura.

La crisis debió ser mediada por el ministro de gobierno Víctor Ibáñez y por el Secretario de Ambiente Humberto Mingorance. Las horas de discusiones fueron muy duras, y casi nadie puede creer lo que pasó. El intendente lasherino, uno de los más importantes por el territorio que gobierna, autoinfligió al oficialismo una crisis de consecuencias aún imprevisibles, en momentos en que el gobernador Rodolfo Suarez, los ministros y los intendentes de Cambia Mendoza, intentan negociar con el peronismo la aprobación del presupuesto provincial, con el "roll over" de la deuda y toma de créditos para obras. Un error no forzado. Un gol en contra difícil de comprender. Esta vez se amortiguó con política. Pero ya estaba redactada una resolución del gobierno provincial para obligar a Orozco a abrir el ingreso a la planta de El Borbollón. Aunque hubiese que usar la fuerza pública.

El desplante tomó de sorpresa a propios y extraños, pero tiene una trastienda que vale la pena contar. Para empezar, hay que explicar que los departamentos del Gran Mendoza trasladan gran parte de sus residuos a la planta de El Borbollón, merced a un convenio que tienen firmado con el municipio de Las Heras desde 2017 y hasta 2022. Allí, un grupo de recuperadores agrupados en una cooperativa -Orozco ha dicho a sus pares que son unas 500 personas- se ocupa de separar los residuos, y reservar vidrios, cartones, papel, hojalata, aluminio, y otros elementos sólidos que les sirven para vender. Los recicladores trabajan en tres turnos, y al final de cada ciclo la empresa LIME es la que recoge los residuos del departamento y opera el relleno sanitario en El Borbollón. A su vez, retira y traslada al relleno todos los residuos húmedos, y deja el lugar impecable para el próximo turno. El relleno genera gas que se procesa en una planta de biogás terminada el año pasado. Todo eso, por supuesto, tiene un costo de operación, y el esquema de indexación fue lo que generó el conflicto que Orozco intentó resolver cerrando el ingreso de los camiones de basura de los municipios aliados del Gran Mendoza.

Ministro  Víctor Ibáñez. Convenció a Orozco de dialogar con sus pares.

La trama fina

De acuerdo a la secuencia que pudo reconstruir este diario, todo empezó en noviembre del año pasado, cuando Daniel Orozco les envió una nota a los intendentes del Gran Mendoza, informando que en sesenta días daría por caduco el convenio de deposición de residuos, y que esperaba poder renovarlo en condiciones diferentes. El convenio actual que vence en 2022 tiene una cláusula que le permitía a las partes la rescisión unilateral del contrato. En la nueva propuesta, conocida por los intendentes en enero y con sus presupuestos municipales ya aprobados, había un aumento del 50 % en el costo por tonelada que cada municipio debía pagarle a Las Heras. Para tener una idea de la magnitud, los municipios del Gran Mendoza mueven entre 5.000 y más de 8.000 toneladas mensuales de basura, con un costo de 577 pesos más un 0,5 % de gastos administrativos. En promedio, son unos cuatro millones de pesos por mes que pagan los municipios de Ciudad, Maipú, Lavalle, Godoy Cruz, y Guaymallén, a Las Heras. A ninguno de los intendentes radicales le pareció bien el aumento del 50 % del canon. Sólo el peronista Roberto Righi, de Lavalle, firmó el nuevo convenio. El otro peronista, Matías Stevanato, tenía un mes más de tiempo para decidirse, ya que fue notificado más tarde. Por eso ayer los camiones de Lavalle y Maipú pudieron ingresar a El Borbollón.

Cuando faltaban horas para que expirase el "plazo" puesto unilateralmente por Orozco, sucedió lo inesperado. Porque en política es muy inusual que los problemas se resuelvan marchando directo al conflicto con los propios aliados. Un funcionario de Las Heras, se fue comunicando el lunes con sus pares de los departamentos, para avisarles que no dejaría pasar los camiones de basura desde las 00:00 del martes. Algunos de los intendentes se enteraron bien tarde, pero ya sea porque hubo "teléfono descompuesto" o porque decidieron mandar los camiones igual para confrontar a Orozco, la crisis estalló ayer por la mañana. Cuentan que durante horas Orozco no contestó mensajes ni llamadas de ninguno de sus colegas, ni de funcionarios provinciales.

Orozco, en una actividad municipal.

En esas horas de crisis, comenzaron a trascender aspectos del contrato vigente que el cacique radical lasherino intentó renegociar con su particular método de la irreductibilidad. "- Este contrato se actualiza dos veces al año, en abril y octubre, de acuerdo a la evolución del precio del combustible y del precio de las horas-hombre. No es que no nos indexaba... Yo empecé el año pasado pagando tres millones de pesos al mes, y terminé pagando más de cuatro millones..."- confesó un jefe comunal a este diario. "- Nosotros pagamos contra factura, acá no se debe un peso..." dijo otro, airado por el reclamo de deudas que Orozco estaba haciendo público en Radio Nihuil. Otra fuente técnica de un municipio aseguró que "el aumento que nos quiere cobrar es escandaloso".

La discordia más importante apareció cuando le pidieron a Orozco que "abriese" ese 50 % de aumento que estaba tratando de aplicarles a los otros departamentos. Y resulta que casi la mitad del incremento correspondía a un costo operativo que Orozco adjudicó al "aumento" por inflación, y a lo que identificó como una "deuda" de la provincia y de los municipios con Las Heras. Luego, se supo que esa "deuda" en parte es un subsidio que el gobierno provincial otorga a Las Heras desde 2017, y que en 2019 no se liquidó. Ese subsidio fue de tres millones de pesos en 2017, de cinco millones de pesos en 2018, y la comuna tramitaba otro más de cinco millones de pesos, que la provincia no liquidó por cuestiones formales. Con esos subsidios se fue "achicando" una deuda de la municipalidad de Las Heras con la cooperativa que agrupa a los recuperadores urbanos, y con la propia LIME, dijeron en el gobierno. Justamente fueron fuentes del gobierno provincial las que dijeron que "mil veces" le pidieron a Orozco que formalizara el trámite del subsidio como corresponde, ya que "no había presentado la rendición de 2018". Luego lo hizo, pero la Secretaría de Ambiente la objetó y le mandaron a decir que "estaba mal". Así fue que en medio de la necesidad, Orozco decidió cobrarles el "subsidio" a sus colegas intendentes.

Las reuniones

El Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial Humberto Mingorance organizó una reunión con todos los intendentes involucrados en el conflicto a las ocho y media de la mañana. Pero Orozco no fue ni envió a ninguno de sus funcionarios. El propio Mingorance fue quien le pidió al ministro de Gobierno Víctor Ibáñez que probase suerte con el intendente rebelde atrincherado en su municipio. No se sabe el contenido de esa conversación, pero Ibáñez logró que Orozco fuese a las 12 del mediodía a la Casa de Gobierno, a reunirse con los otros jefes departamentales y los funcionarios del gobierno. Finalmente convinieron un mes más de negociaciones, y el compromiso del intendente lasherino de permitir que se descargue la basura. La mañana fue realmente pesada. Incluso trascendió que había en marcha una resolución de Ambiente y un operativo, por si las conversaciones fracasaban y el intendente se negaba a abrir El Borbollón.

Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.

El enojo en el oficialismo fue importante. Y se ve que el conflicto se venía "cocinando" desde que Orozco envió aquella intimación el 27 de noviembre. Por algo ningún intendente oficialista fue a su Fiesta de la Vendimia. Luego, fue el lasherino quien pegó el faltazo a una invitación de Tadeo García Zalazar a una actividad partidaria, la proyección de un documental sobre Raúl Alfonsín. Tadeo es además el presidente de la UCR.

Las negociaciones estarán pesadas, ya que los jefes comunales no quieren volver a pasar por algo como lo que ocurrió ayer. Se sabe que tanto García Zalazar como Marcelino Iglesias en Guaymallén y Ulpiano Suarez en Ciudad tienen opciones que van desde ampliar sus "puntos verdes" y derivar los residuos recuperables a las cooperativas propias de reciclado para mandarle "cada vez menos basura a Las Heras", bajando de paso sus propios costos, hasta derivar los residuos a la planta de reciclado de San Carlos, que tiene una importante capacidad ociosa. "No podemos quedar de rehenes... un día los recuperadores le hacen un paro, y no podemos depositar la basura..." dijo otro. Es que ninguno de los departamentos tiene una capacidad ilimitada para contener sus propios residuos ante un conflicto. "Esto no es como terminar el contrato de un salón comercial, que lo desocupás y listo" se quejó uno de los intendentes.

Más allá de la solución "operativa" que le encuentren a este lío, lo que preocupó a la mayoría de los dirigentes oficialistas y al gobierno, fue la actitud del intendente lasherino, que decidió tomar una represalia directa como método de negociación porque "nadie pone plata", según sus palabras. Incluso, antes de reunirse con los intendentes tras haber aceptado la mediación del ministro Ibáñez, apareció en medios en los que se quejó que las comunas "arrastran una deuda de 40 millones de pesos" con Las Heras, y que el gobierno había enviado "sólo 8 de 60 millones de pesos de deuda de la cooperativa" según declaraciones citadas por el Diario Uno. Ni los intendentes ni el gobierno admitieron tales deudas.

Hubo quienes adjudicaron a Orozco la pretensión de erigirse como un referente ambientalista, a caballo de la antiminería, y ahora por el conflicto de la basura. En el gobierno no olvidan su posteo de festejo cuando se derogaron los cambios a la ley 7722:

Un integrante de las asambleas del agua de San Carlos o Alvear no lo habría hecho mejor. Hubo protesta antiminera y anti fracking de grupos ambientalistas "duros" en la Vendimia de Guaymallén. Pero no las hubo en la Vendimia de Las Heras. Ya nadie cree en la ingenuidad.

Ahora, la grieta en el oficialismo quedó planteada de cara a debates muy importantes que vienen, como el presupuesto provincial. No habría mucho espacio para semejantes desinteligencias, que podrían poner a la provincia al borde de la parálisis financiera.