La deuda pública será uno de los mayores problemas para Alberto Fernández - Mendoza Post
Post: Mendoza PostLunes 11 Nov 2019 24 días atrás

En el futuro inmediato, la deuda pública, que roza el 90% del Producto Bruto Interno (PBI), será "uno de los mayores y más urgentes problemas que enfrentará" el Gobierno que encabezará desde el 10 de diciembre próximo Alberto Fernández, advirtió la consultora Ecolatina.

Ese porcentaje sobre el PBI incluye "obligaciones en manos del sector privado, organismos financieros internacionales y otras agencias estatales", por lo que la nueva gestión "deberá definir rápidamente una estrategia para encarar el problema, que "difícilmente logre maximizar el crecimiento; y esperemos que logre minimizar los daños", agregó en un informe.

Recordó que durante el próximo mandato presidencial "vencerán alrededor de la mitad de los compromisos, a los que deberán sumarse el pago de intereses de estas deudas", y precisó que "dentro de esos vencimientos, se incluye la devolución de buena parte del préstamo recibido del FMI que deberá pagarse -conforme al cronograma vigente- entre 2022 y 2023".

Ecolatina también detalló que el Tesoro "deberá desembolsar en torno a US$ 38.000 millones (cerca del 10% del PBI) hasta junio; más de US$ 20.000 millones de estos serán por pagos de deuda relevante".

Frente a estas cifras observó que "con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, no será posible refinanciar estas deudas"; y se preguntó "si se podrá conseguir el ahorro para pagarlas".

La consultora analizó asimismo, que "la recesión, los límites (económicos y político-sociales) a recortar el gasto y elevar la presión tributaria y el alto peso de la deuda en moneda extranjera abren interrogantes sobre la capacidad de pago del stock existente".

"El cierre absoluto de los mercados de crédito refleja las dudas que tienen los inversores sobre nuestro grado de solvencia", agregó.

La consultora fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, Ecolatina advirtió que si "no se puede refinanciar las obligaciones (por lo menos, hasta convencer a los acreedores de lo contrario), el Gobierno tendrá tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos".

Sobre ese último punto, alertó que "el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener".

De cara al primer tramo del próximo gobierno, sostuvo que teniendo en cuenta la "magnitud del problema en el corto plazo, es probable que encaren un programa que combine mayor contracción fiscal con una reestructuración de los pasivos. Así, el costo de este ajuste se repartiría entre las cuentas fiscales y los bonistas".