Crítica de Infobae al sistema mendocino de "empatía" con los presos

" El juez debe dialogar (interrogar no sería apropiado para empatizar) con el detenido sobre los siguientes temas: su defensa (si el abogado lo visita, si está al corriente de su causa), si sufrió sanciones o si fue víctima de violencia. El preso puede también contarle al juez si fue requisado, cuándo, cómo, etcétera. Y éste debe preguntarle si estudia, si recibe visitas, si trabaja, si pasa hambre, si tiene atención médica. Finalmente, quedan unas 20 líneas en blanco por si el interno tiene algún pedido".

Lo anterior es parte de la Acordada 26.208 de la Corte Suprema de Mendoza, del 21 de noviembre pasado, con firma del presidente Pedro José Llorente y otros dos miembros, Carlos Bohm y Omar Palermo.

La Acordada dispone en consecuencia que los titulares de Juzgados de Garantías e Instrucción, Correccionales, de Faltas, de Menores, Cámaras del Crimen y de Apelaciones -etcétera, etcétera- visiten y entrevisten a los detenidos con periodicidad trimestral y eleven informes a la Suprema Corte.

El artículo, firmado por Caludia Peiró, plasma una "rebelión" de magistrados en la provincia.

"Acá hay superposición de funciones, inconstitucionalidad, ilegalidad e incluso impracticabilidad de lo que se ordena",le dijo a Infobae el juez mendocino José Virgilio Valerio. "Queda afectado el debido proceso por la parcialidad que puede derivar", agrega, en referencia a que la finalidad de estas visitas trimestrales es que los jueces desarrollen "empatía" (sic) con los procesados y condenados.

"No hablemos de contar cucarachas; eso ya es impensable", ironiza Valerio. Es que la planilla que deberían completar los jueces incluye un casillero para la presencia de insectos y roedores, entre otros detalles sobre la ventilación e iluminación de las celdas, el mobiliario y los cubiertos... Los jueces hasta deben informar sobre dónde "defecan y orinan" (sic) los reclusos.

Acá, el artículo completo.