Operación en torno al triple crimen de 2008 busca despegar a funcionarios K - Mendoza Post
Domingo 16 Jun 2019Domingo, 16/06/19 atrás
porChristian Sanz
Secretario Gral. de Redacción

Karl Marx sostenía que "la historia se repite dos veces", la primera en forma de "tragedia" y la segunda en forma de "farsa". No se equivocaba.

En vista de lo ocurrido durante la semana que pasó respecto del triple crimen de General Rodríguez del año 2008, esa consigna cobra una relevancia superlativa.

Todo arrancó cuando once personas fueron detenidas en el marco de unos quince allanamientos que se refrendaron a raíz del secuestro de 150 kilos de efedrina en un depósito.

Ello no es nuevo, sino que sucedió hace unos meses, pero la jueza María Romilda Servini de Cubría decidió actuar en consecuencia recién ahora, en el contexto de la investigación por el triple crimen de General Rodríguez.

Una extraña movida por parte de Servini de Cubría

No es la única suspicacia: según los elementos que aparecen en la resolución de la magistrada, la idea es volver a impulsar una línea de investigación que ya fue descartada hace 10 años. Se trata de aquella que lleva hacia narcos mexicanos como posibles autores de los crímenes de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

Oportunamente, el entonces juez Federico Faggionatto Márquez intentó hacer exactamente lo mismo, acusando incluso a los mismos personajes. Sin embargo, se comprobó que esa pista era falaz y el exmagistrado terminó siendo destituido por mal desempeño.

En esos días, al igual que ahora, los grandes medios siguieron a pie juntillas todo lo que se publicaba sobre los "sicarios mexicanos" y la trama de la efedrina. Solo quien escribe estas líneas  -y luego, tardíamente, revista Noticias- desconfió de esa versión y decidió hacer su propia investigación.

Lo que surgió allí fue tan elocuente que echó por tierra las pretensiones de Faggionatto Márquez: nada tenía que ver mexicano alguno en la trama, sino que todos los indicios se dirigían a funcionarios del kirchnerismo, principalmente uno, Aníbal Fernández.

El propio Forza me lo había contado tres meses antes de ser asesinado: "Me va a matar Aníbal, porque me metí en negocios que eran suyos", me dijo frente a otros 7 testigos. Esa conversación fue grabada por mí y entregada al fiscal Carlos Stornelli el 14 de agosto de 2008, un día después del hallazgo de los tres cuerpos en General Rodríguez.

Esa "confesión" es parte de una serie de evidencias que llegan hasta lo más granado del kirchnerato. Allí donde se mezcla el tráfico de efedrina -y otras drogas- y el lavado de dinero que se llevó a cabo en torno a la campaña de Cristina Kirchner en 2007. Se trató de fondos aportados, en algunos casos, por probados narcotraficantes. No fue casual, de hecho, que el propio Forza apareciera como firmante de uno de los cheques que fueron a engrosar esa campaña.

Esa parte de la historia complica a Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete de Cristina, ya que los funcionarios que manejaron esa plata respondían pura y exclusivamente a él. El más relevante de todos es Héctor Capaccioli, otrora superintendente de Servicios de Salud.

Aníbal y Alberto, implicados de diferente manera

Ese expediente es un verdadero escándalo, porque se ha probado el "blanqueo" de dinero y su vínculo intrínseco con el triple crimen.

Sin embargo, jamás fui llamado a declarar en esa causa, aún cuando lo solicité específicamente porque tenía elementos para aportar. Uno de ellos, fundamental: la copia de gran parte del disco rígido de Forza, quien me lo confió antes de morir.

Tampoco fui citado por el triple crimen, ni tampoco en el contexto del expediente que investiga la adulteración de remedios. Está claro que el encubrimiento llegó a lugares insospechados.

Ello explica por qué, a pesar de todos los elementos que lo complicaban, Aníbal jamás fue siquiera llamado a declarar. Quien operó allí con mano firme fue el hoy suspendido fiscal Juan Ignacio Bidone, puesto en ese cargo en su momento por pedido del camporista Eduardo "Wado" De Pedro. Dicho sea de paso, este último es quien maneja la justicia de Mercedes hasta el día de hoy.

Como se dijo, al igual que hace una década, en estas horas se intenta inculpar a un grupo de mexicanos que se demostraron "perejiles" entonces.

Bidone, el exfiscal bajo sospecha

Uno de ellos se llama Rodrigo Pozas Iturbe, cuya único vínculo con el caso ha sido su relación con Leopoldo Bina, a quien una vez le compró una campera. Eso es todo.

Entonces, para poder forzar este nuevo "giro" en la investigación, se dirá que el objetivo principal de los sicarios era Bina, no Forza. Que este último y Ferrón cayeron en consecuencia, solo por estar allí.

Ello ya se demostró falso: el objetivo era Forza. Por eso fue el primero en ser acribillado, y fue tratado con más saña que los otros dos caídos en desgracia. Más aún, los sicarios ya fueron identificados y detenidos, y se trata de hombres que siempre han respondido a Aníbal Fernández.

Pero en Argentina todo es cíclico y la memoria es frágil, incluso la de los medios de prensa. Por caso, solo tres periodistas hemos leído completo el expediente del triple crimen. Así y todo se han escrito miles y miles de notas con datos errados y contradictorios. Un papelón total, del que es imposible volver.

Como sea, a nivel judicial la ejecutora de la nueva operación es Servini de Cubría, célebre por sus fallos alineados a los intereses del peronismo. No casualmente fue la que salvó a Carlos Menem del "narcogate", apenas iniciado su gobierno, a principios de los 90.

El fallecido "periodista" Guillermo Patricio Kelly solía decir que la jueza hacía honor a su apellido, porque "servía" y "cubría". Jamás nadie lo refutó.