Acusan a Righi de no controlar el destino de $90 millones para viviendas - Mendoza Post
Viernes 26 Abr 2019Viernes, 26/04/19 atrás
porJorge Fernández Rojas
Periodista/Analista

Peculado es el delito que se comete por desviar fondos públicos para fines personales de parte de quien los administra.

Esa es la acusación que pesa sobre intendente de Lavalle, Roberto Righi quien a las 16 de hoy se notificará oficialmente de la medida en la oficina fiscal de delitos económicos donde trabaja la fiscal Gabriela Chaves.

El hecho judicial se producirá en un contexto revuelto políticamente porque se concreta dos días antes de las elecciones PASO en el departamento norteño como ocurrirá también San Rafael, Tunuyán y San Martín. Y Righi se presentará como precandidato del PJ e interará ser re reelecto como jefe comunal, cargo que ocupa desde hace 19 años.

La fiscal Chaves movió el avispero político y judicial con sus imputaciones en el caso de la Tupac.

En términos reales el intendente quedará acusado por su presunta laxitud en los controles para la construcción de viviendas sociales concretados por las cooperativas que comandaban Nélida Rojas y Ramón Martinez ambos referentes de la organización Tupac Amaru y acusados de producir un desfalco al Estado por 90 millones de pesos.

La fiscal investigó lo que hicieron estos dirigentes entre 2008 y 2016 con los fondos públicos que llegaban desde la Nación y eran usados presuntamente para fines personales estafando así a la Administración Pública.

El asunto es quién ayudó a Rojas y a Martínez a cometer este fraude. Entonces la mirada de la magistrada se fijó en los organismos que debía controlar el uso de los fondos y de la calidad de las obras realizadas con la inversión de esos dineros públicos.

Chaves investiga este caso activada por una denuncia de una de las socias de las cooperativas y toma ocho años de actuación de los dirigentes sociales en la administración de esos fondos con fines de vivienda social.

El primero de la izquierda es Righi junto a los otros tres intendentes que intentarán ser re reelectos a partir del domingo con las elecciones PASO.

De acuerdo a información judicial trascendida en las últimas horas a la que accedió el Post este es el escenario que plantea la fiscal como un preludio de su investigación

Después de detectar las responsabilidades en el circuito nacional que le dieron luz verde la pareja de dirigentes de la Tupac (Ministerio de Desarrollo Social), la fiscal entonces fijó la lupa en los funcionarios provinciales que permitieron la transgresión.

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Y allí individualiza a Omar Parisi y Carmelo Simo sendos presidentes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante esos ocho años invstigados y siguiendo la ruta del dinero para las casas de la Tupac encuentra en ese camino a Righi.

Para Chaves los funcionarios provinciales del IPV no cumplieron con el control y la fiscalización del destinos del dinero destinado para las casas de las familias que pusieron sus expectativas en el manejo de los dirigentes de la Tupac. Por eso los acusará a Simo y a Parisi de fraude a la Administración Pública.

Parisi es actual diputado provincial y precandidato a intendente de Luján por el peronismo.

Y en tanto sobre Righi la mirada de la fiscal se fijó en su presunta laxitud que permitió la disponibilidad de los fondos habilitando las certificaciones de obra y demás permisos municipales. En esa misma línea de responsabilidades y con la misma imputación de peculado se encuentra el director de Vivienda de Lavalle, José Blanco.

La dirigente social Nélida Rojas junto con su pareja son los apuntados por Chaves en la causa.

La situación analizada por la fiscal le deja un saldo en contra del Estado mensurable e inusitado. De acuerdo a lo transcendido Chaves calcula en base a la documentación recopilada que la pareja Rojas-Martínez se apropió de una suma de 90 millones de pesos destinada para dar trabajo y construir casas para familias de pocos recursos.