Este jueves se cumplen tres años de la implementación del ítem.
Los docentes privados rechazaron nuevamente la aplicación del Ítem Aula
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) rechazó nuevamente este miércoles "la aplicación del 'Item Aula' en Mendoza", al cumplirse mañana tres años de la vigencia de lo que calificó como "un instrumento represivo que castiga en especial el ejercicio de la libertad sindical y descuenta sumas salariales excesivas" a los trabajadores.
Un comunicado firmado por los secretarios generales y Gremial, María Lazzaro y Pedro Bayúgar, explicó que el sindicato demandó al Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de ese distrito, aunque "no obtuvo eco ni reconocimiento de los derechos de los docentes, que defiende el gremio de los educadores privados en esa demanda".
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la que también recurrió el Sadop mediante la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (Flatec), censuró al Estado argentino a través del Comité Internacional de Libertad Sindical por "la conducta de Mendoza" y lo conminó a reducir "los excesivos descuentos que dispone la aplicación del 'Item Aula' ante el simple ejercicio de un derecho" gremial.
"A pesar de la decisión de la OIT, el máximo organismo laboral internacional, Mendoza continúa aplicando ese instrumento represivo, lo que significa un verdadero atentado al derecho de la integridad salarial de los trabajadores y una rebeldía injustificada contra el orden laboral mundial, lo que le ocasionará problemas al Estado argentino", afirma el comunicado reproducido por la agencia Télam.
Ver: Antes de la protesta contra el Ítem Aula, Cornejo mejoró el Ítem Zona
Los dirigentes gremiales añadieron que a esa medida "se sumó ahora la imposición de multas a las organizaciones sindicales que disponen medidas de acción en la ciudad cuyana, lo que es un acto persecutorio más contra la libertad sindical y ciudadana".
El Sadop, que agrupa a más de 70 mil afiliados, reclamó al Ejecutivo mendocino y a la autoridad de aplicación laboral nacional que asuma "una conducta responsable y reconozca el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a manifestarse y a ejercerlos en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales".
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