La diputada kirchnerista Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para modificar la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Las claves de la iniciativa.
Fernández Sagasti quiere que los violentos "de género" vayan a rehabilitación
Anabel Fernández Sagasti, la legisladora de moda en el universo kirchnerista, presentó el lunes en el Congreso de la Nación un proyecto que pretende modificar la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
"Se trata de un proyecto que busca remediar el vacío legal y de seguridad de la mujer"
El objetivo de la iniciativa impulsada por la diputada nacional por Mendoza es establecer una serie de medidas que los magistrados deberán seguir ante denuncias por violencia contra la mujer.
En este sentido, se busca la incorporación del artículo 22 bis a la mencionada ley, donde se establece que "cuando la mujer haya padecido violencia, efectúe la denuncia pertinente y existieran pruebas de suficiente valor probatorio respecto de la culpabilidad del agresor sobre las agresiones perpetradas hacia la mujer, se remitirá la denuncia dentro de las veinticuatro (24) horas al juez o la jueza competente, quien evaluando las pruebas de acuerdo con el principio de sana crítica, dictará de inmediato, como medida obligatoria y mediante citación, la asistencia a un programa de rehabilitación reeducación por parte del presunto agresor…".
Fernández Sagasti quiere modificar la ley de Protección Integral a las Mujeres
"Este proyecto junto al que presentamos meses atrás sobre protocolo de actuación policial para los casos de violencia de género, complementan los vacíos legales e intentan dar soluciones y prevenir a las mujeres de revictimizaciones y nuevas agresiones", señaló la camporista Fernández Sagasti tras presentar el proyecto.
Según consta en el escrito presentado, se considerarán como pruebas suficientes de valor probatorio los golpes manifiestos y severos; denuncias anteriores (aún las realizadas por agresiones a otras mujeres) y existencia de testigos.
La iniciativa busca que el agresor asista a un programa de rehabilitación
Además, el proyecto contempla que en caso de que el agresor no concurra a la citación expedida por el magistrado, este procederá a citarlo nuevamente para que asista en un lapso no mayor de 15 días a partir de la fecha en que debería haber comenzado el tratamiento.
Si el citado no responde a los requerimientos del magistrado, éste decretará su inhibición general de bienes
Por último, la iniciativa determina que el juez actuante deberá solicitar informes periódicamente a los organismos o entidades correspondientes sobre la asistencia, evolución y cambios conductuales en el tratamiento del agresor hasta que obtenga el alta con una anterioridad mínima de 15 días.
