El vicepresidente de la Asociación Civil Consumidores Mendocinos, Martín Sevilla expresó que el pago de la compensación es "una estafa y un saqueo".
Presentaron un amparo en Mendoza contra el ajuste en el gas
El vicepresidente de la Asociación Civil Consumidores Mendocinos, Martín Sevilla, presentó una acción de amparo contra el pago de compensaciones por la devaluación en las tarifas de gas y anunció que ampliará la denuncia penal contra el secretario de Energía, Javier Iguacel.
El dirigente dijo que el pago de esa compensación "es una estafa, un saqueo y además una medida confiscatoria y anticonstitucional. Buscamos que los mendocinos no lo paguen", manifestó.
En diálogo con NA, Sevilla señaló que también va "a presentar una ampliación en la Justicia Federal" de la denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuan contra el funcionario nacional.
"Estamos estudiando la presentación y estimamos que no sólo ha cometido abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que la presentación del fiscal es limitada y entendemos que también se podría haber cometido el delito de administración fraudulenta y colusión", afirmó.
Presentan amparo en Mendoza contra el ajuste en el gas.
El letrado explicó que "si bien la normativa que habilita la compensación fue prevista en 1992, en aquel momento había paridad cambiaria, por lo que las actualizaciones eran prácticamente ínfimas y ahora hay un descalabro por el desastre macroeconómico y la devaluación".
Sevilla argumentó que "el Gobierno pretende hacer cargo de los efectos de la devaluación a los usuarios" y subrayó que busca "que los mendocinos no lo paguen". El abogado explicó que "un secretario de Estado no tiene facultades para aplicar tarifas retroactivas y solamente el legislador las puede aplicar".
"No se pueden violar derechos amparados en garantías constitucionales y el Código Civil, porque se afecta el derecho de propiedad", argumentó.
El pago de la compensación es "una estafa y un saqueo", expresó Sevilla.
Dijo que la decisión del Gobierno "vulnera la doctrina de la Corte Suprema, cuando en 1929 sentenció a favor del efecto liberatorio del pago, es decir que cuando uno ya pago la deuda desaparece y el Gobierno compulsivamente hace renacer una relación perimida y agotada".
"Esta medida es un estafa y un saqueo a los usuarios domiciliarios, industriales y comerciales, organizada por un Gobierno que tiene el único interés de custodiar las ganancias de las corporaciones del sector energético", concluyó.
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