Cynthia García: Gils Carbó actúa conforme a la ley

En el mes de mayo de 2013 se aprobó la ley 26.861 “de Ingreso Democrático e igualitario” que estableció un nuevo sistema de ingreso mediante concurso público para las y los empleadas y empleados y funcionarias y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación. 

Con ese respaldo legal el ministerio público reglamentó el ingreso democrático: “Hay más de cien trabajadores que entraron por concurso, cien en la capital, otros tantos en el interior y un sinnúmero de concursos en trámite de selección de todos los escalafones de los técnicos jurídicos y también del escalafón administrativo que lógicamente requiere el tiempo de llegar a estos concursos y gradualmente la dotación de los trabajadores judiciales irá pasando de los elegidos con el viejo sistema de la discrecionalidad al nuevo sistema de la elección democrática conforme pase el tiempo” enfatiza el fiscal Felix Crous, fiscal de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación y agrega que “la propia ley establece que los organismos centrales tanto de la defensoría como del poder judicial, o sea la Corte Suprema en la figura de la defensora y su equipo inmediato y la Procuración General de la nación, en la procuradora y sus órganos de superestructura tienen a sus cuadros de conducción por fuera del sistema de concursos porque lógicamente la conducción de un organismo político forma parte de departamentos que ejercen la tarea política del estado. 

Estos funcionarios responden u obedecen a las características de una determinada gestión y esto es así también por ejemplo en el poder ejecutivo donde un ministro elige a sus secretarios, a sus subsecretarios y a sus directores nacionales y de ahí para abajo hay una carrera administrativa. 

Gils Carbó actúa amparada por lo que establece la ley sin embargo su desempeño es continuamente cuestionado por la oposición política y los medios de comunicación.

No es un dato menor que la última embestida contra la procuradora se de en el marco de la aprobada reforma del Código Procesal Penal ya que el nuevo código pretende distribuir las potestades dentro del proceso de una manera tal que los jueces federales no tengan la suma del poder público que hoy detentan donde en muchas oportunidades actúan de manera corporativa asociados a los poderes económicos desdibujando el rol que la constitución les asigna

Enfrentó a Kirchner y a Clarín

“Más allá de sus méritos académicos esa es la historia que le dio cierta notoriedad. Ese origen hace que todavía se refuerce nuestra fatalidad que es responder a la ley y lo que se está haciendo en el ministerio público es una verdadera reingeniería cuasi fundacional porque desde que nosotros existimos y tenemos una ley orgánica que tiene sus limitaciones pero es la que tenemos, el proceso de edificación del ministerio público ha sido un proceso lento y ahora se aceleró y se pone a tono con la modernidad” explica el fiscal Crous, uno de los fundadores de la Asociación “Justicia Legítima” y agrega: 

“Si nosotros tenemos un sistema judicial todopoderoso que tiene la suma del poder público, anti republicano, donde los jueces hacen y deciden a gusto y piacere, se piden a sí mismo una orden de allanamiento y la dictan, hacen que los procesos duren lo que se les antoja, donde nadie los controla, para qué queremos un ministerio público fuerte. 

Con un ministerio público fuerte y moderno que es lo que debe existir, no hay alternativa para esto, aquellos que sí han concentrado de una manera abusiva y anti republicana empiezan a trinar y empiezan a quedar desnudos como el rey enfrente del pueblo que los aplaude a veces como si todavía estuvieran vestidos”.