La Iglesia se mete en la pelea del gobierno contra la Corte Suprema - Mendoza Post
Sábado 9 May 2015
porGuillermo Villarreal (*)

La Iglesia intenta ubicarse en una posición de neutralidad para no quedar enredada en la puja, cada vez más virulenta, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras algún referente eclesial atribuyó la crisis a la "politización" del sistema judicial encarnado en el Consejo de la Magistratura.

La preocupación de los obispos radica, reconocieron en charlas informales, en que la pelea pública del Gobierno con algunos miembros de la Corte Suprema puede debilitar la democracia republicana consagrada en la Constitución, una de cuyas dimensiones esenciales es la independencia y autonomía de los poderes del Estado.

No pocos prelados también dijeron intuir que detrás del hostigamiento de la Casa Rosada al reelecto presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al decano del máximo tribunal, Carlos Fayt, subyace la intención de cambiar la actual conformación de ese cuerpo con magistrados "amigos" y sumarle integrantes.

Tampoco es casual que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien acompaña la política de Derechos Humanos del kirchnerismo, haya salido a cuestionar públicamente a los magistrados con términos duros y hasta ofensivos. Ni llama la atención que la oposición se haya unido para expresar su repudio por el ataque de los residentes de Balcarce 50 a Lorenzetti y Fayt.

En este contexto, nadie o casi nadie quedó excluido de esta situación de tensión entre poderes. Hasta el papa Francisco quedó involucrado, tras correrse la versión -luego desactivada- de que Lorenzetti había pedido una audiencia para verlo.

No es la primera vez que el pontífice argentino queda mezclado en la interna judicial. En su momento, desde el oficialismo se intentó hacer creer que la nominación de Roberto Carles al máximo tribunal contaba con la "bendición" de Francisco.

En ambientes eclesiásticos consideraron que la clave para entender esta tensión entre los poderes político y judicial es la conformación del Consejo de la Magistratura, hoy controlado por el kirchnerismo y presidido por la oficialista Gabriela Vázquez.

Por esto advirtieron que hasta que no se modifique la composición del Consejo y se dote al organismo de una mayor neutralidad del poder político de turno, no habrá jueces y fiscales independientes, capaces de investigar hechos de corrupción que involucren a funcionarios del partido gobernante.

"Es responsabilidad inexcusable del próximo gobierno enfrentar el binomio impunidad-corrupción. Una medida eficaz para hacerlo es devolverle al Poder Judicial la independencia que nunca debió arrebatársele. El primer escalón, el más importante, es modificar la integración del Consejo de la Magistratura", argumentó Hernán Munilla, jurista de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En este sentido, la Comisión Nacional Justicia y Paz, compuesta mayormente por laicos y asesorada por el obispo Jorge Casaretto, rechazó en más de una oportunidad por "inadmisible" la politización de los jueces, por considerar que "conspira contra la neutralidad" que debe exigírseles a los magistrados.

El órgano eclesial, que en la actualidad preside Gabriel Castelli, trabaja desde hace años y a instancias de Jorge Bergoglio en la redacción de sugerencias para que el Consejo de la Magistratura recupere su legitimidad.

Ese estudio, ahora reflotado, propuso que la integración del Consejo sea de 18 miembros: 3 representantes de Diputados, 3 de Senadores, 1 representante del Poder Ejecutivo, 4 jueces de las instancias anteriores a la Corte Suprema, 1 juez del máximo tribunal nacional, 4 abogados y académicos.

Asimismo, recomendó que quienes representen a las cámaras Alta y Baja no sean legisladores en actividad sino representantes designados por ellos.

Otra significativa modificación, aunque no tenida en cuenta, era la restauración de la presidencia del Consejo en un juez de la Corte Suprema, como forma de respetar su carácter de cabeza del Poder Judicial estipulado en el artículo 108 de la Constitución.

La responsabilidad de "despolitizar" y hacer más independiente el Consejo de la Magistratura quedará en manos del próximo Presidente, so pena de que Dios y la Patria lo demanden.

(*) Especial para Mendoza Post