Le frenaron la motosierra a Trump

 El gobierno del presidente Donald Trump debe detener temporalmente su amplia reforma gubernamental porque el Congreso no lo autorizó a llevar a cabo recortes de personal a gran escala y la reestructuración de agencias, dijo el viernes un juez federal.

La jueza de distrito estadounidense Susan Illston en San Francisco, según informó Reuters, se puso del lado de un grupo de sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales y bloqueó los despidos masivos a gran escala conocidos como "reducciones de fuerza" durante 14 días.

"Como demuestra la historia, el Presidente puede reestructurar ampliamente las agencias federales sólo cuando lo autoriza el Congreso", dijo Illston.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El fallo es el más amplio de su tipo contra la reforma gubernamental que ha liderado Elon Musk, la persona más rica del mundo, quien también es director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla.

Decenas de demandas han cuestionado el trabajo de DOGE por diversos motivos, entre ellos la violación de las leyes de privacidad y el exceso de su autoridad, con resultados mixtos.

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En febrero, Trump ordenó a las agencias gubernamentales que trabajaran con el Departamento de Eficiencia Gubernamental para identificar objetivos de despidos masivos como parte de los planes de reestructuración de la administración.

Trump instó a las agencias a eliminar roles duplicados, capas de gestión innecesarias y trabajos no críticos, mientras automatizan tareas rutinarias, cierran oficinas de campo regionales y reducen el uso de contratistas externos.

"El intento ilegal de la administración Trump de reorganizar el gobierno federal ha sumido a las agencias en el caos, interrumpiendo servicios críticos que se brindan en todo nuestro país", afirmó un comunicado de la coalición de demandantes.

Cada uno de nosotros representa a comunidades profundamente comprometidas con la eficiencia del gobierno federal; despedir empleados federales y reorganizar las funciones gubernamentales de forma desordenada no lo logra.

Illston programó una audiencia para el 22 de mayo para considerar una orden judicial preliminar más duradera. Afirmó que es probable que los demandantes prosperen en cuanto al fondo de algunas de sus reclamaciones en la demanda, interpuesta el 28 de abril, en la que se alega que Trump se extralimitó en su autoridad. También alegó que la Oficina de Administración y Presupuesto (OGA), la Oficina de Gestión de Personal (DOGE) y la Oficina de Administración de Personal (OPM) se extralimitaron en su autoridad y violaron el derecho administrativo.

Illston dijo que es probable que los demandantes sufran daños irreparables sin la orden de restricción temporal, que según ella preserva el status quo. Illston dijo que los demandantes presentaron más de 1.000 páginas de pruebas y 62 declaraciones juradas y destacó parte del material.

Por ejemplo, indicó que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional y su oficina de Pittsburgh, que investiga los riesgos para la salud que enfrentan los mineros, despidieron a 221 de los 222 trabajadores del departamento, citando al sindicato. Ofreció ejemplos similares en las oficinas locales de Head Start, que apoya el aprendizaje temprano, la Agencia de Servicios Agrícolas y la Administración del Seguro Social.

"El Tribunal no está considerando aquí la posible pérdida de ingresos de un empleado en particular, sino la eliminación generalizada de salarios y beneficios para individuos, familias y comunidades", escribió Illston en su fallo.