Allanan la sede del partido de Pedro Sánchez

La investigación judicial sobre presuntos actos de corrupción del entorno del presidente español Pedro Sánchez sumó este miércoles un nuevo capítulo con un allanamiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ubicada en la calle Ferraz de Madrid. 

La intervención se produce en medio de diversas causas abiertas que involucran a figuras ligadas al partido, aunque las autoridades precisaron que esta actuación responde a una línea de investigación distinta a otros expedientes recientes.

Según trascendió, el operativo busca recabar documentación y datos relacionados con el caso de Leire Díez, una trabajadora vinculada al PSOE que se encuentra bajo investigación. En paralelo, la Justicia ordenó registros en las viviendas de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, además de incluir a la gerente del partido entre las personas imputadas en la causa.

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Las pesquisas intentan determinar la existencia de posibles pagos efectuados a Díez desde estructuras partidarias y esclarecer si hubo acceso o circulación de información procedente de organismos oficiales. En ese marco, agentes también se dirigieron a dependencias de la Guardia Civil con el objetivo de comprobar si desde el Instituto Armado pudo haberse facilitado información a la investigada.

El nombre de Leire Díez comenzó a aparecer en el foco judicial hace más de un año, a partir de la difusión de grabaciones en las que, presuntamente, intentaba influir sobre jueces, fiscales y altos funcionarios con el objetivo de favorecer intereses políticos vinculados al partido.

La causa también gira en torno a una estructura conocida como "Hirurok", término en euskera que significa "nosotros tres". Bajo esa denominación, los investigadores sitúan una presunta red integrada por Díez, Vicente Fernández Guerrero -exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- y el empresario Joseba Antxon Alonso.

La investigación sostiene que el grupo habría canalizado más de 700.000 euros en supuestas comisiones ilegales a través de operaciones realizadas entre 2021 y 2023 con empresas públicas y privadas. Las sospechas apuntan a un esquema basado en adjudicaciones irregulares y pagos triangulados mediante distintas sociedades comerciales.

La nueva actuación de la UCO amplía un escenario judicial que mantiene bajo presión al PSOE y suma nuevas derivaciones en un entramado que continúa incorporando actores y líneas de investigación.

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