Chile promulgó una nueva Ley Antiterrorista tras ola de homicidios

El presidente Gabriel Boric promulgó este martes una nueva ley antiterrorista, aprobada con apoyo transversal en el Congreso el pasado diciembre. La norma, que reemplaza la antigua legislación dictada en 1984 durante la dictadura de Augusto Pinochet, busca dotar al país de un instrumento legal "moderno, actualizado y aplicable" para sancionar actos terroristas y delitos que facilitan la acción de organizaciones criminales.

"Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia", declaró Boric durante un acto en el Palacio de La Moneda, enfatizando que la nueva ley redefine y tipifica los delitos terroristas, establece sanciones penales tanto para los integrantes de asociaciones terroristas como para quienes, de manera individual, cometen delitos comunes -como extorsión, tráfico de drogas o de armas- con el objetivo de favorecer dichas organizaciones.

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El mandatario chileno resaltó que la actualización legislativa forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar la ola de inseguridad que ha azotado el país desde 2019. "Hemos dejado atrás una ley nacida en dictadura, que tenía problemas de legitimidad y era ineficiente", afirmó Boric, recordando querellas y casos que, bajo la normativa antigua, resultaban difíciles de probar y condenar. Con la nueva ley, el gobierno espera dotar a las fuerzas policiales de herramientas más potentes y a las instituciones de un marco jurídico que permita perseguir eficazmente tanto actos terroristas como delitos que contribuyen al funcionamiento de las organizaciones criminales.

La crisis de inseguridad que ha impactado a Chile en los últimos años es alarmante: entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024 se registraron 2.664 homicidios, cifra que supera ampliamente el total de 1.248 asesinatos de todo el año 2023. Las autoridades atribuyen este incremento a la entrada de bandas de crimen organizado en el país, lo que ha llevado al Ejecutivo a impulsar medidas urgentes como un mayor control fronterizo, leyes migratorias más estrictas y la creación de un Ministerio de Seguridad, antes subordinado a la cartera del Interior.

La nueva normativa no solo aspira a castigar a los responsables de actos terroristas, sino que también se orienta a prevenir la formación y consolidación de redes criminales, lo que permitirá que la Policía cuente con mayores recursos, mejores equipos y, sobre todo, una legislación que se adapte a los retos del siglo XXI. 

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