Gustavo Petro y Rodolfo Henández tendrán, a más tardar este jueves, un cruce dialéctico en los medios de comunicación.
La Justicia ordenó que haya debate antes del balotaje en Colombia
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones colombianas el próximo domingo, a participar a más tardar este jueves de un debate, a realizarse en un medio de comunicación.
El fallo divulgado hoy obliga a ambos aspirantes a "que, dentro del término de 48 horas, soliciten y programen de manera conjunta, a más tardar el día jueves 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial" en el sistema de medios públicos.
El tribunal tomó la decisión tras evaluar un recurso de protección interpuesto por un grupo de abogados que exige a Hernández consensuar un encuentro con el senador Petro.
Hernández, emparejado con la derecha
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Los debates son "un derecho del candidato para exponer sus ideas, pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social", agrega el documento del tribunal.
Tras conseguir la segunda mejor votación en la primera vuelta del 29 de mayo, Hernández, exalcalde de Bucaramanga (2016-2019), declinó su participación en los cara a cara por considerarlos "polarizantes y de odio".
Desde entonces, expone sus propuestas en redes sociales, la tribuna central de su campaña, pese a las invitaciones de Petro a medirse en un debate.
María Ángela Robledo, afín a la candidatura de Petro y quien era su segunda en la fórmula de las presidenciales de 2018, lideró la acción jurídica aceptada por el tribunal.
"Hoy le pido Hernández que la acate, como un gesto democrático de cara a la ciudadanía", expresó la también excongresista en Twitter. En la misma red social, Petro dijo estar "listo" para cumplir la orden. Hernández no se pronunció.
Gustavo Petro
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Mauricio Urquijo, uno de los abogados firmantes de la acción popular, subrayó que la orden es "ineludible", informó la agencia de noticias AFP. Los candidatos pueden interponer "un recurso que se llama impugnación, pero que no tiene la capacidad jurídica de suspender la decisión", agregó.
Si alguno de los implicados la desatiende podría incurrir en "desacato", con sanciones que llegan "hasta la privación de la libertad e inclusive en la posible comisión de un delito que se llama fraude a resolución judicial", agregó Urquijo.
Hacia el final del primer turno electoral, Petro se ausentó de algunos debates como protesta por un supuesto fraude contra las fuerzas de izquierda en las legislativas de marzo.
En la recta final de la campaña, los candidatos intentan persuadir a los abstencionistas (45%), en su mayoría jóvenes, y a los indecisos. Las encuestas registran un empate técnico en la intención de voto.
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