Un gobierno libre y el espíritu de la libertad no parecen ser la misma cuestión si no hay un acercamiento del gobierno a la población. Es lo que plantea el autor en su columna de hoy.
Agenda abierta: el municipio del siglo XXI
Alexis de Tocqueville sostenía que "sin instituciones municipales una nación puede darse un gobierno libre, pero carecerá del espíritu de la libertad". La afirmación, formulada en su obra "La democracia en América", celebre ensayo político publicado en 1840, conserva una extraordinaria actualidad.
Para Tocqueville, la libertad no se aprende en los grandes discursos ni en las constituciones. Se aprende ejerciéndola. Y el primer ámbito donde el ciudadano experimenta esa libertad es el municipio, el espacio donde las decisiones públicas dejan de ser abstracciones y se convierten en cuestiones concretas que afectan la vida cotidiana.
Mientras el gobierno nacional aparece muchas veces lejano y la provincia resulta una instancia intermedia, el municipio constituye el Estado de proximidad. Allí el ciudadano conoce a sus autoridades, participa de los debates públicos, controla la ejecución de las obras, reclama por los servicios y percibe de manera inmediata los efectos de una buena o una mala gestión.
Por eso Tocqueville consideraba que los municipios eran la escuela de la democracia. En ellos los ciudadanos desarrollan hábitos de participación, responsabilidad y cooperación que luego fortalecen a todo el sistema republicano. Cuando una comunidad aprende a deliberar, controlar y colaborar en el ámbito local, esa cultura cívica termina proyectándose sobre las instituciones provinciales y nacionales.
Desde esta perspectiva, puede afirmarse que no existen naciones fuertes con municipios débiles. Un país verdaderamente libre no se construye únicamente desde la cima del poder político; se edifica desde sus comunidades locales. La fortaleza institucional de una República depende, en gran medida, de la vitalidad democrática de sus municipios.
Esta reflexión adquiere especial relevancia para Mendoza. Si la reciente reforma constitucional avanzó hacia un modelo de autonomía municipal que aún presenta limitaciones -lo que he denominado como "autonomía tutelada"-el desafío consiste precisamente en fortalecer la vida democrática local mediante mayores niveles de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas e innovación institucional.
Porque, siguiendo a Tocqueville, la libertad no se preserva concentrando decisiones, sino distribuyendo poder. Y cuanto más participen los vecinos en los asuntos públicos de su comunidad, más sólida será la democracia provincial y nacional.
En síntesis, la autonomía municipal no constituye un privilegio de los intendentes ni una concesión del poder provincial. Es un instrumento para fortalecer la ciudadanía. Allí donde existen municipios abiertos, transparentes y participativos, florece una sociedad más libre. Allí donde los gobiernos locales son meros ejecutores de decisiones ajenas, la democracia pierde una de sus principales fuentes de vitalidad. La reciente reforma de la Constitución de Mendoza -que será sometida a referéndum en las próximas elecciones- reabrió un debate que durante décadas ocupó a constitucionalistas, municipalistas y dirigentes políticos: el alcance de la autonomía municipal. El reconocimiento constitucional constituye, sin duda, un avance respecto del régimen anterior. Sin embargo, también es cierto que el modelo finalmente adoptado quedó lejos de consagrar una autonomía plena en los términos previstos por el artículo 123 de la Constitución Nacional.
En distintas oportunidades he sostenido que Mendoza no avanzó hacia la mejor autonomía posible. La expresión no pretende descalificar la reforma, sino describir una realidad institucional: los municipios continúan sujetos a importantes condicionamientos normativos, financieros e institucionales que limitan su capacidad para ejercer plenamente el autogobierno. La Provincia conserva amplias facultades de regulación y control que reducen el margen de decisión de los gobiernos locales en cuestiones esenciales.
Pero toda crítica seria debe ir acompañada de una propuesta. Quedarse únicamente en señalar las insuficiencias del nuevo esquema constitucional sería tan estéril como negar los avances alcanzados. La verdadera discusión consiste en preguntarnos qué podemos hacer, dentro del marco vigente, para que esa autonomía limitada evolucione hacia una autonomía efectiva, basada en instituciones modernas, abiertas y cercanas a la ciudadanía.
La autonomía no puede medirse únicamente por la cantidad de competencias que una Constitución reconoce. También se mide por la calidad del gobierno local, por la capacidad de gestionar con eficiencia, por el grado de transparencia en el manejo de los recursos públicos y por la participación real de los vecinos en las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Durante mucho tiempo se entendió que gobernar consistía exclusivamente en administrar. Hoy esa visión resulta claramente insuficiente. Los ciudadanos ya no aceptan un Estado que decide en soledad, comunica unilateralmente y rinde cuentas sólo cada cuatro años mediante una elección. La sociedad exige otra forma de ejercer el poder: más abierta, más horizontal y más transparente.
Ha sostenido Antonio María Hernández, reconocido constitucionalista argentino, acérrimo defensor de la autonomía de los gobiernos locales y mentor en la reforma del 94' de incorporar el art. 123 que instituyó las autonomías municipales en nuestra carta magna: "Cuando consagramos la autonomía municipal en la reforma constitucional de 1994 ya sabíamos que se trataba de la base de la República Federal, porque no puede haber una auténtica democracia si no existen municipios autónomos, vigorosos y participativos"
En este contexto, la participación ciudadana deja de ser una herramienta complementaria para convertirse en uno de los pilares fundamentales del gobierno municipal.
El municipio constituye el nivel del Estado más cercano a las personas. Allí aparecen los problemas concretos de la vida cotidiana: el transporte, la limpieza urbana, la seguridad vial, los espacios públicos, el ambiente, el ordenamiento territorial, la cultura, el deporte y la convivencia comunitaria. Ningún otro nivel de gobierno mantiene una relación tan directa y permanente con los ciudadanos.
Precisamente por esa cercanía, los municipios poseen una oportunidad extraordinaria para reconstruir la confianza en las instituciones democráticas.
Pero esa confianza sólo puede consolidarse cuando los vecinos dejan de ser simples espectadores para transformarse en protagonistas del proceso de gobierno. ¡Es el transito necesario para dejar de ser un simple habitante para titularse de ciudadano!
La participación ciudadana no debe limitarse a las audiencias públicas previstas por las leyes. Requiere mecanismos permanentes que permitan a la comunidad intervenir en la definición de prioridades, controlar la ejecución de las políticas públicas y evaluar sus resultados.
Presupuestos participativos, consejos consultivos temáticos, consultas populares locales, plataformas digitales para presentar iniciativas, observatorios ciudadanos, mesas barriales de planificación, procesos colaborativos de elaboración normativa y sistemas de evaluación pública de los servicios municipales constituyen instrumentos que fortalecen la legitimidad democrática y mejoran la calidad de las decisiones.
Participar no significa reemplazar a los representantes elegidos por el voto popular. Significa enriquecer la democracia representativa mediante una ciudadanía activa e informada.
Ahora bien, la participación sólo es posible cuando existe transparencia:
No puede participar quien desconoce la información pública. No puede controlar quien ignora cómo se administran los recursos. No puede exigir responsabilidades quien carece de datos verificables.
La transparencia dejó hace tiempo de ser una política optativa. Hoy constituye una obligación inherente a toda administración democrática. Cada contratación pública, cada obra, cada licitación, cada subsidio, cada nombramiento, cada ejecución presupuestaria y cada indicador de gestión deberían encontrarse disponibles para cualquier ciudadano en formatos abiertos, comprensibles y actualizados.
La tecnología ofrece herramientas que hace apenas una década parecían inalcanzables. Los portales de datos abiertos, la digitalización integral de los expedientes, los tableros públicos de gestión, la inteligencia artificial aplicada al análisis de procesos administrativos y los sistemas de trazabilidad permiten reducir discrecionalidad, aumentar la eficiencia y fortalecer los mecanismos de control social.
Sin embargo, la innovación tecnológica carece de sentido si no está acompañada por una verdadera cultura institucional de apertura. Digitalizar una burocracia cerrada no la convierte automáticamente en un gobierno abierto.
La autonomía municipal también requiere independencia financiera. Ningún municipio puede planificar políticas públicas de largo plazo cuando depende excesivamente de transferencias discrecionales o de autorizaciones permanentes de otros niveles del Estado. La descentralización política debe ir acompañada por una adecuada descentralización de recursos y responsabilidades.
Pero incluso mientras ese debate continúa abierto, existe un amplio margen para mejorar la calidad institucional desde los propios municipios.
Nada impide establecer cartas de derechos del vecino. Nada impide publicar indicadores mensuales de gestión. Nada impide implementar sistemas modernos de compras públicas. Nada impide abrir completamente la información presupuestaria. Nada impide crear oficinas de integridad y ética pública. Nada impide institucionalizar mecanismos permanentes de participación ciudadana. Nada impide evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas de gobierno.
La autonomía también se construye mediante buenas prácticas institucionales. Los municipios no deberían esperar nuevas reformas constitucionales para comenzar a transformarse.
La experiencia internacional demuestra que las ciudades más innovadoras son aquellas que entendieron que gobernar ya no consiste únicamente en prestar servicios, sino también en generar confianza, promover la colaboración ciudadana y administrar con absoluta transparencia.
Mendoza tiene hoy la oportunidad de recorrer ese camino. La reciente reforma constitucional, aun con sus limitaciones, puede convertirse en un punto de partida y no en un punto de llegada.
Aceptar que la autonomía municipal es todavía incompleta no implica resignarse a sus límites. Significa, por el contrario, asumir el desafío de ampliar sus alcances mediante mejores instituciones, mayor participación ciudadana y una transparencia que deje de ser una consigna para convertirse en una práctica cotidiana.
La verdadera autonomía municipal, a nuestro entender, no se agota en el reconocimiento jurídico de determinadas competencias. Se expresa, sobre todo, en la capacidad de los gobiernos locales para gobernar junto a sus ciudadanos, rendir cuentas con honestidad, administrar con eficiencia y fortalecer una democracia que comienza, todos los días, en el ámbito más cercano a la vida de las personas: el municipio.
Esta nota habla de:
