La Provincia licitó alojamiento y comida para funcionarios chilenos que trabajan en el paso fronterizo de Uspallata, en el marco de un acuerdo binacional vigente desde 2011.
Mendoza destina $834 millones al operativo en el Cristo Redentor
El Gobierno de Mendoza puso en marcha dos licitaciones públicas para cubrir el alojamiento y la alimentación de funcionarios chilenos que trabajan en el Sistema Integrado Cristo Redentor, en la zona de Uspallata. Entre ambas contrataciones, la inversión prevista supera los $834 millones.
Las convocatorias fueron publicadas en el Boletín Oficial y están destinadas a garantizar la logística de 26 agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, organismos que intervienen en los controles del corredor internacional.
La erogación más importante corresponde al servicio de hospedaje, con un presupuesto oficial de $523.775.000. A eso se suma una segunda licitación para el servicio de comidas en restaurante, que incluye almuerzos y cenas, por $310.615.000. En total, la Provincia prevé desembolsar $834.390.000 para sostener ambos servicios durante los próximos 12 meses.
Según lo establecido en los pliegos, el servicio deberá prestarse en Uspallata e incluirá, además de las habitaciones, tareas de limpieza y desayuno diario para el personal chileno.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que estas contrataciones responden a compromisos asumidos por Mendoza en el marco del Acta Compromiso Nº 2970, firmada en 2011 entre Argentina y Chile durante la gestión de Celso Jaque. Ese acuerdo fijó que la Provincia, a través de la cartera de Seguridad, debe garantizar las condiciones logísticas necesarias para los organismos chilenos que desarrollan funciones en territorio argentino dentro del esquema del Sistema Integrado Cristo Redentor.
A partir de ese entendimiento, Mendoza realiza cada año las contrataciones vinculadas al alojamiento y la manutención del personal trasandino que participa de los controles fronterizos, pese a que la operatoria de frontera depende de Nación y se ejecuta de manera coordinada entre ambos países.
La decisión oficial se conoce en un contexto marcado por cuestionamientos a la infraestructura del paso internacional. Días atrás, trabajadores de la aduana chilena advirtieron sobre deficiencias edilicias y operativas en el complejo fronterizo y reclamaron que el cierre del paso se adelantara a las 18 para permitir el regreso seguro de los agentes a Chile.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con una licitación para realizar refacciones en la vivienda del complejo Los Horcones que utiliza el personal aduanero argentino. La iniciativa apunta a mejoras puntuales en uno de los sectores más observados por los trabajadores, aunque no resuelve de fondo los problemas estructurales e históricos de infraestructura que arrastra el sistema fronterizo.




