La Ley 9.718 ya comenzó a regir e incorpora incentivos para inversiones privadas, un nuevo esquema de financiamiento productivo y cambios administrativos en organismos provinciales. También establece mecanismos para reubicar o desvincular personal alcanzado por las reformas.
Mendoza activó un nuevo paquete de reformas: adhiere al RIMI, elimina el Fondo para la Transformación y reorganiza Casinos
El Gobierno de Mendoza puso en vigencia la Ley 9.718, una norma que reúne un conjunto de modificaciones económicas y administrativas destinadas a impulsar inversiones, reorganizar organismos estatales y avanzar en la reestructuración de distintas áreas de la administración pública provincial.
La ley fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial, por lo que comenzó a aplicarse desde este jueves 23 de julio. Entre sus principales medidas se encuentra la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y una reforma integral del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Incentivos para nuevas inversiones
Uno de los capítulos centrales de la normativa es la incorporación de Mendoza al RIMI, creado por la Ley Nacional 27.802.
El régimen establece beneficios para empresas que desarrollen inversiones productivas en la provincia durante un período de diez años. Entre las herramientas previstas aparecen la estabilidad fiscal, acceso preferencial a programas de financiamiento, capacitaciones, promoción del empleo y beneficios vinculados al desarrollo de parques industriales.
Además, contempla facilidades para el pago del Impuesto de Sellos para los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos.
Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán demostrar que se encuentran al día con sus obligaciones tributarias ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
La ley también habilita al Gobierno provincial a invitar a los municipios a adherir a este régimen, con el objetivo de ampliar los incentivos dentro de cada departamento.
Cierre del Fondo para la Transformación y nuevo esquema financiero
Otro de los puntos relevantes de la norma es la disolución de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, organismo creado mediante la Ley 6.071.
El proceso de liquidación quedará bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que deberá designar un responsable encargado de administrar los bienes, resolver la situación del personal, atender compromisos pendientes y transferir al Estado provincial las acciones que el Fondo posee en Mendoza Fiduciaria S.A.
A partir de esta modificación, Mendoza Fiduciaria asumirá la administración de los fideicomisos en los que actualmente participa el Fondo.
Además, el Ejecutivo quedó habilitado para implementar nuevas herramientas de financiamiento productivo, entre ellas programas de bonificación de tasas de interés destinados a proyectos de inversión.
Cambios en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos
La ley también avanza sobre la estructura del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Durante un plazo de un año, el organismo podrá modificar su estructura interna, funciones y puestos de trabajo con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico y mejorar su sostenibilidad financiera.
Para facilitar este proceso, la normativa suspende temporalmente algunas restricciones presupuestarias y permite que el Ejecutivo realice los aportes necesarios para garantizar la continuidad operativa del instituto.
Qué pasará con los trabajadores afectados
El paquete de reformas incluye un esquema específico para el personal alcanzado por los cambios.
Los empleados podrán optar por un régimen de retiro voluntario con una compensación equivalente al 120% de la indemnización establecida por la legislación vigente.
También se contempla la posibilidad de reubicación dentro de otras áreas del Estado provincial. En los casos en los que ninguna de estas alternativas resulte aplicable, se prevé la desvinculación con el pago de la indemnización correspondiente.
La norma garantiza además la continuidad de la cobertura médica de OSEP para los trabajadores desvinculados y sus grupos familiares, bajo las condiciones establecidas por la legislación.
Regularización de activos y cierre de trámites pendientes
Por último, la ley autoriza al Ejecutivo a avanzar en la depuración de activos considerados incobrables que están bajo administración de la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (DAABO).
También permite cancelar garantías vinculadas a esos créditos y resolver situaciones administrativas pendientes acumuladas.
Con la entrada en vigencia de la Ley 9.718, Mendoza inicia una nueva etapa de reformas orientadas a combinar incentivos para la inversión privada con una reorganización de estructuras estatales y organismos provinciales.
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