Mathus Escorihuela defendió el reclamo de Mendoza por Los Nihuiles

El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel y las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles sumó un nuevo capítulo luego de la decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto el esquema establecido durante la década de 1970, que disponía el reparto de las regalías hidroeléctricas entre ambas provincias.

La Pampa llevó el planteo a la Justicia, tal como había anticipado su gobernador, Sergio Ziliotto, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, salió a respaldar la decisión de la Nación y cuestionó la posición pampeana.

En ese contexto, el abogado especializado en derecho hídrico Mathus Escorihuela analizó el conflicto en una entrevista con el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post y sostuvo que Mendoza cuenta con argumentos jurídicos tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema como en los antecedentes internacionales sobre cursos de agua interprovinciales.

Para el especialista, el punto central de la discusión está en diferenciar la condición interprovincial del río de la propiedad del territorio donde se produce el desnivel que permite generar electricidad.

"Mendoza tiene un río que es interprovincial, pero la caída del agua, lo que permite la generación de energía, es territorio propio de la provincia de Mendoza", explicó.

Según Escorihuela, esa distinción resulta determinante para establecer quién tiene derecho sobre la generación hidroeléctrica.

"Mendoza acepta que el río Atuel es interprovincial, pero sostiene absolutamente que la caída de agua, es decir, el territorio en donde está la caída de agua, es un territorio de dominio exclusivo y excluyente de la provincia de Mendoza."

A partir de ese argumento, sostuvo que la generación eléctrica derivada de ese desnivel territorial corresponde exclusivamente a Mendoza.

"Por lo tanto, la generación de energía o el porcentaje de ese río de la legislación energética que le corresponde exclusivamente a Mendoza."

El origen de las regalías compartidas

Durante la entrevista, Escorihuela también reconstruyó el origen del esquema que estableció el reparto de las regalías entre Mendoza y La Pampa durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, a comienzos de la década de 1970.

El abogado aseguró que tuvo participación directa en distintos momentos del conflicto y que fue testigo de aquella etapa.

Según su relato, el entonces ministro del Interior, general Arturo Harguindeguy, tenía una relación estrecha con La Pampa debido a los años que había ejercido funciones militares en esa provincia.

"Él estuvo muchos años ejerciendo la autoridad militar en La Pampa y por lo tanto estaba muy conectado con todos los intereses propios de la provincia de La Pampa."

Escorihuela vinculó esa situación con la decisión de establecer el reparto de las regalías hidroeléctricas.

"La gestión de él y del gobierno de La Pampa en ese sentido contribuyeron a que se dictara este decreto lamentable estableciendo que la generación de energía de los Nihuiles debía repartirse por partes iguales entre La Pampa y la provincia de Mendoza."

Para el abogado, aquel esquema fue consecuencia de una negociación política.

"Esto fue el resultado de una gestión puramente política entre el gobernador de La Pampa y el ministro del Interior."

Desde entonces, Mendoza cuestionó jurídicamente esa decisión. Escorihuela recordó especialmente el trabajo del abogado Joaquín López, quien encabezó el equipo jurídico que impugnó la legitimidad del decreto.

Según explicó, el conflicto judicial se prolongó durante décadas y estuvo atravesado por distintas presentaciones y recursos.

"La Pampa siempre ha impedido que este proceso se llevara limpiamente hasta la Corte para su solución definitiva."

Incluso relató un episodio llamativo del expediente:

"Incluso el expediente se perdió, hubo que reconstruirlo."

En su interpretación, la estrategia pampeana tuvo como objetivo demorar una definición antes que alcanzar una resolución definitiva.

"Ha metido toda clase de chicanas. La cosa ha sido demorar la situación y el diferendo interprovincial y no buscar una solución legal correcta."

"La jurisprudencia internacional y la legislación nacional están en favor de Mendoza"

Consultado sobre el papel que tuvieron los distintos gobiernos nacionales en este conflicto, Escorihuela reconoció que la política nacional tuvo una influencia importante a lo largo de las décadas.

Sin embargo, consideró que el caso debería resolverse a partir de criterios jurídicos y no de las relaciones políticas entre los gobiernos de turno.

"De lo que se trata es de actuar con sentido común y de acuerdo a la ley."  Y agregó: "La jurisprudencia internacional y la legislación nacional están en favor de Mendoza."

En esa línea, volvió a remarcar que la discusión no pasa por negar el carácter interprovincial del Atuel, sino por determinar los derechos sobre la generación de energía.

"Mendoza reconoce la interprovincialidad del río Atuel, pero Mendoza sostiene y lo va a tener que sostener siempre, que la caída de agua, es decir, el desnivel territorial que permite la generación de energía" pertenece a Mendoza.

Escorihuela explicó que sin ese desnivel natural no sería posible el funcionamiento del complejo hidroeléctrico.

"Porque si no existiera ese nivel no podría existir Nihuiles uno, Nihuiles dos, Nihuiles tres, ni nada."

Por ese motivo, insistió: "Eso es territorio de Mendoza y por lo tanto, la generación de energía gracias a este desnivel territorial es propiedad exclusiva de la provincia de Mendoza, que no tiene por qué compartirlo con La Pampa."

"Es una barbaridad" que el conflicto siga después de casi 60 años

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista se produjo cuando fue consultado sobre la duración del conflicto. La disputa entre ambas provincias lleva varias décadas y ha atravesado gobiernos, fallos judiciales y diferentes instancias administrativas.

Escorihuela coincidió con la calificación de que resulta inadmisible que todavía no exista una resolución definitiva.

"Es una barbaridad, yo comparto totalmente su opinión."

El especialista consideró, además, que la disputa podría haberse cerrado mucho antes. "Esto se podría haber resuelto hace 25, 30 años."

Y resumió su mirada sobre la prolongación de los conflictos institucionales en el país con una frase: "Bueno, así está el país en muchas otras cosas. Seguimos dando vueltas."

La cautelar de La Pampa

Respecto del nuevo planteo judicial presentado por La Pampa tras la decisión nacional, Escorihuela anticipó que podría tratarse de otra instancia procesal destinada a demorar la definición. "Es una chicana procesal más que va a querer interponer."

El abogado, además, manifestó su respaldo a la posición adoptada por el Gobierno de Mendoza frente al conflicto.

"Estamos totalmente solidarios con la opinión pública que ha manifestado el gobernador, con sus declaraciones y con la posición del gobierno de Mendoza."

Y fundamentó ese respaldo en su interpretación jurídica del caso:

"La respaldo absolutamente porque es la doctrina jurídica que corresponde y es avalada por la Corte y además por los antecedentes internacionales en la materia respecto a estos cursos de agua."

Editó Carina Pérez

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