Dos decretos publicados en el Boletín Oficial modificaron partidas para el área de Defensa y otorgaron a Cancillería nuevas atribuciones para investigar y sancionar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
Oficializan la suba presupuestaria para Defensa y las nuevas atribuciones para Cancillería en la causa Malvinas
El Gobierno nacional formalizó dos medidas vinculadas con la defensa y la protección de los recursos naturales en el Atlántico Sur, luego del discurso por cadena nacional en el que Javier Milei volvió a plantear el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
A través de los decretos 867/2026 y 868/2026, el Ejecutivo modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 y estableció un nuevo mecanismo para controlar y eventualmente sancionar a empresas que participen en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización en áreas de la plataforma continental argentina.
Más recursos para Defensa
El DNU 867/2026 dispuso una adecuación del presupuesto nacional para reasignar fondos destinados al Ministerio de Defensa.
La norma no establece en su texto un porcentaje específico de incremento para la cartera, pero argumenta que la modificación resulta necesaria para garantizar que los organismos involucrados puedan cumplir con sus responsabilidades.
Según los fundamentos del decreto, la falta de una adecuación inmediata de las partidas podría afectar la continuidad de determinados servicios esenciales del Estado Nacional.
La decisión se encuadra en una estrategia que busca reforzar las capacidades argentinas en el Atlántico Sur, una zona que volvió a adquirir protagonismo a partir del avance de proyectos de explotación petrolera en aguas próximas a las Malvinas.
Cancillería queda a cargo del régimen de sanciones
El segundo decreto, 868/2026, establece cambios en la aplicación de la Ley 26.659, que regula las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La norma designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación y le asigna nuevas facultades para investigar posibles infracciones y avanzar con los procedimientos sancionatorios.
A partir de ahora, los organismos de la Administración Pública Nacional deberán comunicar a Cancillería, dentro de un plazo de cinco días hábiles administrativos, cualquier hecho que pudiera estar alcanzado por las prohibiciones establecidas en la legislación.
Con esos antecedentes, el Ministerio podrá iniciar un expediente por iniciativa propia o a partir de la información remitida por otra dependencia estatal.
Cuando existan elementos que permitan presumir una infracción, el presunto responsable deberá ser notificado y tendrá 10 días hábiles para presentar su descargo y aportar pruebas.
Una vez cumplida esa instancia, Cancillería dispondrá de otros 10 días hábiles para resolver si corresponde archivar el expediente o imponer una sanción.
También alcanza al RIGI y a las empresas petroleras
La nueva reglamentación incorpora además controles para determinados trámites vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con el sector de hidrocarburos.
Las compañías deberán presentar declaraciones juradas en las que aseguren que ni ellas ni sus participantes directos o indirectos incurren -ni tienen previsto hacerlo- en conductas prohibidas por la Ley 26.659.
El alcance también comprende permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones previstos en la Ley de Hidrocarburos 17.319.
De esta manera, Cancillería tendrá intervención en la evaluación de posibles incompatibilidades con la normativa cuando se trate de proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos.
El trasfondo: los proyectos petroleros en Malvinas
Las nuevas medidas se conocen mientras avanza el desarrollo de proyectos petroleros en la Cuenca Malvina Norte, particularmente Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El Gobierno argentino cuestiona esas actividades por considerar que implican una explotación unilateral de recursos naturales en un área cuya soberanía se encuentra en disputa.
Durante su mensaje, Milei planteó que el avance de estos proyectos podría permitir la explotación de reservas de petróleo ubicadas bajo el lecho marino y sostuvo que esa actividad profundizaría la presencia británica en las islas.
Además de los decretos ya publicados, el Ejecutivo anunció otras iniciativas que deberán pasar por el Congreso, entre ellas la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen para la protección de infraestructuras críticas y nuevas herramientas para la protección aeroespacial y marítima.
También se anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, destinada a reforzar la presencia argentina en el extremo sur y la proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida.
Así, las medidas oficiales combinan reasignaciones presupuestarias, nuevos controles sobre empresas y una ampliación de las herramientas estatales frente a las actividades hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales en las áreas vinculadas con la disputa por Malvinas.
Esta nota habla de:
