El oficialismo busca encuadrar dentro de la ley de gastos las reformas a ambos regímenes y procura sellar acuerdos con gobernadores para garantizar respaldo legislativo.
La Casa Rosada llevará el debate sobre universidades y discapacidad al Presupuesto 2027
La Casa Rosada analiza aprovechar el tratamiento del Presupuesto 2027 para impulsar modificaciones a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos normas que el oficialismo considera onerosas para las cuentas públicas y cuya revisión ya había intentado, sin éxito, durante el debate presupuestario del año pasado.
El Gobierno entiende que la discusión sobre estos gastos debe darse en el marco del plan integral de ingresos y erogaciones del Estado, de modo de compatibilizar cualquier ampliación de derechos con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. En ese sentido, las prestaciones por discapacidad y las transferencias a las universidades nacionales figuran entre las partidas de mayor incidencia en la evolución del gasto.
La iniciativa, sin embargo, depende de que el oficialismo llegue a septiembre con una red de apoyos más amplia. Por eso, las negociaciones con gobernadores ocupan un lugar central: el Ejecutivo pretende asegurar votos para el Presupuesto, avanzar en la reforma electoral y construir una mayoría estable que le permita sostener las principales reformas económicas durante 2027.
En paralelo, el frente universitario continúa abierto en los tribunales. Una cautelar ratificada por la Corte Suprema mantiene vigente la obligación del Estado de actualizar salarios y becas, mientras el litigio de fondo sigue su curso. Con ese escenario político y judicial, el Gobierno busca que el próximo Presupuesto se convierta en la herramienta clave para ordenar las discusiones sobre gasto y evitar una nueva derrota parlamentaria.
La Casa Rosada ya había buscado calmar el conflicto con un acuerdo parcial con las universidades: un aumento salarial del 24,33%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora en las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades no retiraron el reclamo judicial y advirtieron que ese acuerdo no significaba cumplir con la ley vigente.
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