El organismo provincial tiene 28 viviendas bajo revisión por falta de pago, alquiler sin autorización o uso indebido. Con los cambios aprobados en la Legislatura, busca agilizar la recuperación de esos inmuebles para reasignarlos a familias con necesidad habitacional
Mendoza podrá desalojar más rápido casas del IPV alquiladas o con deuda
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene actualmente 28 viviendas bajo revisión por incumplimientos en las condiciones con las que fueron adjudicadas. Se trata de inmuebles que registran deudas prolongadas, fueron alquilados sin autorización o se utilizan para fines distintos al habitacional, pese a haber sido construidos o financiados con recursos públicos.
En ese contexto, Mendoza avanzó con una serie de cambios legales para agilizar la recuperación de esas casas y permitir que vuelvan a ser adjudicadas a familias con necesidad habitacional. Las modificaciones ya fueron aprobadas por la Legislatura y apuntan a acortar los tiempos de desadjudicación y desalojo, un problema que hasta ahora demoraba durante años la posibilidad de que el Estado recuperara las viviendas en infracción.
Qué cambia con la nueva normativa
La reforma alcanza a la Ley 4.203, la Ley 9.001 y al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Entre los cambios centrales, se habilita al IPV a promover juicios de desalojo una vez que la desadjudicación quede firme y se incorpora la intervención de los juzgados de Paz Letrada en este tipo de procesos.
La expectativa oficial es que, una vez reglamentadas y publicadas en el Boletín Oficial, las nuevas herramientas puedan comenzar a aplicarse desde agosto.
El objetivo es acelerar el recupero de viviendas adjudicadas en el marco de programas públicos cuando se compruebe que no están siendo usadas con el fin para el que fueron entregadas.
Deudas, alquileres y usos ajenos al destino social
Entre las situaciones detectadas por el IPV aparecen tres grandes tipos de incumplimiento. El primero es la falta de pago de las cuotas durante largos períodos. El segundo, el alquiler de viviendas sin autorización del organismo, incluso en casos en que las propiedades todavía no fueron escrituradas. El tercero es el uso del inmueble para actividades comerciales o fines distintos al habitacional.
La normativa parte de una premisa central: las viviendas construidas o financiadas con fondos públicos deben cumplir una función social y estar destinadas a familias que no pueden resolver su acceso a la vivienda en el mercado formal, no convertirse en un activo de renta o en un espacio para otros usos.
En el caso de los alquileres, el IPV reconoce que puede haber excepciones justificadas, especialmente por motivos laborales o de salud, pero esas situaciones deben contar con autorización previa del organismo. Lo que busca evitarse es la práctica de alquilar la vivienda sin informar al Estado, aun cuando se trate de una casa social todavía bajo condiciones de adjudicación.
No habrá sanciones automáticas
Desde el IPV aclararon que la recuperación de una vivienda no será inmediata ni automática. Antes de llegar a una desadjudicación, el organismo deberá realizar notificaciones previas y dar lugar a que el adjudicatario regularice su situación o exponga su caso.
Eso implica que, si una familia atraviesa un problema económico grave -como pérdida de empleo u otra dificultad social-, podrá presentar esa situación para que sea evaluada antes de avanzar con una sanción.
La intención es diferenciar entre quienes incumplen por una contingencia social y quienes directamente desvirtúan el destino de la vivienda social mediante alquileres, deudas persistentes o usos indebidos.
Cómo se reasignarán las viviendas recuperadas
Una vez que las viviendas vuelvan a estar disponibles, el IPV prevé trabajar junto con los municipios para definir una nueva adjudicación. Para eso, las comunas aportarán la información de sus registros de demanda habitacional, que servirán de base para identificar a las familias que necesitan una solución de vivienda.
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